Imputan a la directora del IAJ por malversación y falsedad documental

La coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) de la Junta de Andalucía en Málaga, Soraya García, tendrá que comparecer el próximo 19 de abril en los juzgados de Ronda para tomarle declaración tras haber sido imputada por dos presuntos delitos de malversación de fondos públicos y falsificación en documento público. Según reconoció la propia García a este periódico, todo obedece a la investigación abierta tras la denuncia presentada por el alcalde de Benaoján, Francisco Gómez (APB), en la que le acusa de haber contratado de forma irregular a un vecino del pueblo durante el tiempo que estuvo al frente de la Alcaldía del mismo pueblo.

"Estoy muy tranquila, tengo ganas de declarar y aclararlo todo, porque se trata de una contratación social dentro de la ley", afirmó Soraya García, que apuntó a una "venganza" como motivo principal de la querella que el regidor interpuso contra ella en mayo del año 2012. Además, lamentó que en las actuales circunstancias de crisis económica que vive el país se proceda a denunciar una contratación social y se utilice de forma política. No obstante, la dirigente socialista no quiso dar más detalles del caso por recomendación de su defensa, aunque sí anunció que una vez que comparezca ante el juez procederá a contar toda la historia que hay tras este caso.

Por su parte, el alcalde de Benaoján compareció ayer ante los juzgados rondeños para ratificarse en la denuncia presentada, algo que hizo en cada uno de sus términos, según confirmó el propio regidor a Málaga Hoy.

En este sentido, según pudo conocer este periódico de fuentes próximas al caso, el regidor habría denunciado la existencia de un trabajador que estaba contratado por el Ayuntamiento benaojano sin que el mismo acudiese al puesto de trabajo. El caso habría sido destapado por un familiar del supuesto empleado fantasma, que habría acudido al alcalde para solicitar que no le despidiese, una vez que Gómez tomó posesión tras prosperar la moción de censura que había presentado contra la entonces alcaldesa del PSOE, Soraya García.

Además, este familiar habría relatado al regidor que el objetivo de este contrato fantasma era conseguir que con posterioridad este vecino tuviese derecho a cobrar el desempleo. Gómez reconoció que había procedido a dar de baja a este empleado tras la información recibida y procedió a poner el caso en conocimiento de la Justicia por si podía tratarse de un delito, derivando en las diligencias previstas que en estos momentos se están instruyendo. Tras salir del juzgado, el regidor se reafirmó en todo lo dicho y apuntó como principal motivación de lo ocurrido la devolución por parte de la entonces regidora del "favor de los votos". Fuentes próximas a la dirigente socialista desmienten la versión del regidor y aseguran que no tenía ningún tipo de relación personal con esta familia.