Intérpretes de sordos denuncian con un encierro su precariedad laboral

Un total de 26 mujeres y un hombre dedican toda la jornada escolar a ser "el puente de comunicación entre el alumnado sordo y el profesorado", entre estos estudiantes y sus compañeros oyentes. Son los intérpretes de lengua de signos que trabajan en los institutos públicos de la provincia de Málaga. Y, como ellos mismos subrayan, suponen una "pieza clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de un modelo educativo que pretende ser igualitario e inclusivo". Sin embargo, sus condiciones laborales dejan mucho que desear. La empresa concesionaria del último concurso público celebrado hace dos años les bajó el sueldo unos 400 euros al mes y cobran 3,88 euros la hora. No tienen pagas extras y en junio les cortan el contrato, que no recuperan hasta mediados de septiembre. Hoy se encierran en la sede de la Delegación de Educación para protestar por su precariedad laboral.

La reivindicación, a la que han sido invitados la Marea Verde y los sindicatos docentes que apoyan la Educación Pública, pretende poner el acento en una situación que temen que empeore aún más con el nuevo concurso público que tiene que realizar la Consejería de Educación este verano. Por tanto, solicitan que los pliegos de condiciones reconozcan "la función del intérprete de lengua de signos dentro de los centros educativos como personal laboral, puesto que desempeñamos nuestro trabajo codo con codo con el profesorado en los institutos públicos de Andalucía y exigimos también dejar de ser ese paquete que va de empresa en empresa", demandan las afectadas en un manifiesto.

En el texto también exigen "que no jueguen con nuestros derechos, que no jueguen con nuestras vidas, con nuestras familias, con la formación de las personas sordas". Esta treintena de profesionales cobra 843 euros al mes y pasa en los institutos seis horas al día. Son subrogadas una y otra vez por las concesionarias que, para ser competitivas en el concurso, les recortan el precio que pagan por las horas. "También nos cambiaron de categoría laboral y eso afecta a las cotizaciones", dice una portavoz. "Somos mujeres con cargas familiares que estamos sometidas a una gran inseguridad e inestabilidad laboral, ya que estamos a merced del afán lucrativo de la empresa privada, lo que va en detrimento de nuestros derechos laborales y que afecta directamente a la calidad del servicio que ofrecemos", agregan las intérpretes.

El colectivo, según explica, fue ganando una serie de mejoras que se cortaron de raíz en el último concurso. "Llegamos a conseguir 1.100 euros al mes con dos pagas extras y ahora no tenemos ni derecho retribuido para ir al médico de cabecera en nuestro horario de trabajo, se nos descuenta del sueldo", agrega la portavoz. Aseguran que la Agencia Pública de Educación y Formación no se ha querido sentar con ellas y que tampoco han recibido respuesta en las puertas a las que han llamado. Por ello, desde las 19:30 hasta la madrugada se encerrarán en el edificio negro con la esperanza de que su reivindicación sea escuchada.