Investigan a dos mandos de la Guardia Civil por mentir en el juicio por la muerte de Lucía Garrido

La investigación por la muerte de Lucía Garrido, la mujer hallada sin vida en la piscina de su casa en Alhaurín de la Torre en 2008, cuyo caso continúa sin culpables, podría volver a dar un giro con la imputación de dos mandos de la Guardia Civil –un comandante y un capitán del Servicio de Criminalística–. El juez les atribuye un presunto delito de falso testimonio prestado durante su declaración en el juicio, celebrado en la Audiencia provincial en 2019 y que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ordenó repetir. Los peritos expertos en biología discreparon sobre la prueba de ADN realizada a muestras extraídas de una llave de la vivienda hallada en el lugar del crimen y los análisis realizados en 2016, que entonces apuntaron a un acusado como presunto autor material del crimen. La investigación arrojó que la persona que mató a Lucía Garrido habría hecho uso de una copia para entrar en la finca y esperarla.

Durante la vista oral, los guardias civiles que hicieron un primer informe en 2009 sobre estas muestras extraídas de la llave señalaron que “no se detectó ADN humano” y, aunque reconocieron que la técnica no era entonces tan avanzada como sí lo fue más tarde, apuntaron que “guardar extractos que no tienen perfil humano no tiene mucho sentido”.

Las pesquisas centradas en los dos peritos surgieron a raíz de un informe que el Servicio de Asuntos Internos (SAI) del Instituto Armado remitió a la Fiscalía de Málaga. Una vez practicadas las diligencias, el juzgado de instrucción nº8 de Málaga dictó auto de procedimiento abreviado al entender que existen “motivos suficientes” para determinar que ambos investigadores, presuntamente, “faltaron a la verdad en sus manifestaciones”, con las que “condujeron a generar dudas a una parte del jurado, influyendo en la formación de un veredicto de no culpabilidad”. Las dudas sobre el ADN de la llave localizada en la casa fue clave para absolver al autor material.

Hay que recordar que el juicio celebrado el 27 de septiembre se quedó sin culpables 11 años después del hallazgo del cadáver de la mujer. Los cuatro acusados, entre ellos su ex pareja –para quien la Fiscalía de Málaga pedía una pena de 25 años de prisión– fueron absueltos al no darle el jurado popular fiabilidad suficiente al testimonio del testigo protegido ni tampoco a la prueba de ADN realizada a la llave que fue encontrada y que inculpaba a uno de los acusados.

El informe de Asuntos Internos concluye que ambos guardias civiles mintieron, supuestamente, en la vista oral acerca de unos estudios de ADN emitidos desde el laboratorio de Biología sobre evidencias procedentes de la investigación relacionadas con la llave. Así, según el escrito de la Guardia Civil, los agentes ahora investigados no solo negaron en el juicio tener conocimiento de la existencia del informe técnico emitido por los especialistas de Bases de Datos de su mismo departamento de Biología, sino también que tuvieran acceso informático al archivo donde se encuentra reservado el documento. Sin embargo, según Asuntos Internos, “quedó acreditado que el 16 de septiembre de 2019 el capitán, haciendo uso de su rol de jefe del departamento de Biología del Servicio de Criminalística, accedió a la aplicación y sí efectuó la consulta del documento”. La investigación del SAI refleja que, con su actuación, los guardias civiles, supuestamente, “generaron controversia y dudas en las distintas partes intervinientes en el juicio, permitiendo con ello la falta de esclarecimiento de la verdad en un caso tan ominoso como es una muerte por supuesto homicidio”.

Asimismo, el escrito recoge que hay “incertidumbre en relación con la existencia del extracto con la mezcla de perfiles genéticos en que se basaba el informe, al realizar una apreciación personal sobre el poco sentido que tenía haberlo guardado debido a la limitación de espacio físico que tiene el departamento encargado de su conservación y gestión”.

Asuntos Internos asegura que todos los extractos de ADN obtenidos se conservaron en previsión de la aparición de “técnicas más sensibles”, como de hecho ocurrió. Ocho años después, tras la reapertura del caso gracias a la lucha de la familia de la víctima y de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUCG), los investigadores descubrieron un perfil genético en una copia de la llave de la vivienda encontrada en el lugar del crimen que llevó a la detención del presunto autor, al que le constaban múltiples antecedentes. El arrestado quedó en libertad tras permanecer dos años en prisión provisional.

La unidad especializada de la Guardia Civil también considera que ha quedado "acreditada la coincidencia y encuentros, entre personal del laboratorio, caso de los peritos de la defensa, y componentes del Servicio de Criminalística".

El caso de Lucía Garrido, en la gran pantalla

La muerte de Lucía Garrido saltó en junio del año pasado al Festival de Cine de Málaga. Cuando el director y productor Tomás Ocaña (Madrid, 1984) supo que la muerte de una mujer en Alhaurín de la Torre seguía sin resolverse 10 años después y que la investigación salpicaba a la cúpula antidroga de la Guardia Civil, puso en marcha la maquinaria para “ayudar a romper el silencio que se ha generado” y lograr así que el caso resuene.

Porque todavía, explicaba entonces en declaraciones a este periódico, “hay mucho miedo” detrás de un asesinato que está a la espera de un juicio que tendrá que repetirse. El asesinato de Lucía Garrido, hallada muerta en la piscina de su casa con golpes y un corte en la yugular, llegó la gran pantalla con una serie documental titulada Lucía en la telaraña, cuyo primer capítulo se estrenó el próximo día 8 de junio en el Festival de Cine Español de Málaga y que puede visualizarse en TVEplay, una plataforma gratuita.

Desde el inicio de la investigación, la familia ha defendido que los negocios turbios que la ex pareja de la fallecida mantenía, supuestamente, con altos cargos de la Guardia Civil provocaron su muerte. Así, el trabajo documental cuenta con testimonios como el del jefe de Asuntos Internos responsable de la Operación Telaraña, quien advierte que “Lucía pudo haber muerto por saber demasiado”, que la finca en la que había residido junto a su pareja, “era una guardería de droga”.

Pero si el relato de Lucía en la telaraña, producida por RTVE en colaboración con El Cañonazo y The Facto, cuenta con un personaje clave es el de Rosa Garrido, la hermana coraje, la que mantuvo hasta su muerte, el pasado mes de septiembre, una lucha titánica para que la Justicia condenara al autor del crimen de Lucía y se resolviera pese a tener en contra, denunciaba, a las instituciones policiales. Aquella fue su última entrevista. “Rosa ha sido muy importante, la parte simbólica. Fue su última entrevista. Estuvo cuatro horas con una fuerza admirable”, recordaba el creador.

El documental refleja cómo la familia de Lucía sospechó que la situación que soportaba, pese a las varias denuncias que presentó contra su ex marido por malos tratos psicológicos, acabara en tragedia. “Lucía me dijo que, si algún día no la encontrábamos, miráramos en la jaula de los animales. Allí habría algún resto de ella”, explica José Medialdea, que es tío de la víctima.

La cinta rescata además el testimonio que la hija que la pareja tenía en común aportó durante el juicio. “Mi padre dejó de alimentar a los leones. Hacían ruido todas las noches porque se moría de hambre. Mi madre tenía que mirar todas las mañanas si había alguna jaula. Habló conmigo y me dijo que me preparase, que podía pasar cualquier cosa”, declaró durante la vista oral la joven. También la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Málaga, con Ignacio Carrasco a la cabeza. “Mi unidad estaba podrida y eso lo demostró Asuntos Internos”, manifestó.