En este punto está La Invisible 16 años después de okupar un edificio en el centro de Málaga

Málaga/La Casa Invisible surgió hace ya 16 años después de que un grupo de ciudadanos entrasen a "autogestionar" un edificio de titularidad municipal en pleno centro de Málaga. El inmueble, que data del siglo XIX, cuenta con más de 2.000 metros cuadrados y se encuentra en los números 9 y 11 de la calle Nosquera, estaba destinado, según el designio municipal, a la creación de una incubadora de empresas. Cuatro millones costó el edificio a las arcas municipales.

Desde entonces, La Invisible ha pasado por múltiples estados y ha ido apareciendo y desapareciendo del debate municipal como el Guadiana a su paso por Ciudad Real. Y por períodos también ha tenido la permisividad o, incluso, el apoyo –el edificio fue cedido a la Fundación de los Comunes y en él se han celebrado eventos, con participación del Ayuntamiento– del alcalde, Francisco de la Torre, y en otros se ha enfrentado a una postura beligerante por parte del Consistorio, con varios intentos de desalojo incluidos. Pero, ¿en qué punto está La Invisible?

Esta última semana, y tras constatar mediante un vídeo que se celebran conciertos de rock y otros géneros en el interior del edificio, a pesar de carecer de licencia de ningún tipo para ello y haber sido apercibidos sólo un mes antes por un intento de fiesta en Halloween, la postura municipal contraria a La Invisible ha vuelto a resurgir.

El alcalde, Francisco de la Torre, afirmó que el edificio "no es plenamente seguro en este momento" y que "ya hemos advertido que el espacio no tiene las condiciones adecuadas para desarrollar esas actividades". A esto se suma que el pasado 15 de noviembre, además de antes de la fiesta de Halloween, la Policía Municipal también hizo acto de presencia en el patio del inmueble para levantar acta por la celebración de un acto de libre concurrencia.

Que el edificio no es seguro quedó constatado en 2021, cuando un informe emitido por el servicio de Conservación y Arqueología de la Gerencia de Urbanismo, tras una inspección realizada el 7 de julio de ese año, advirtió de la necesidad de acometer una rehabilitación integral del mismo. Entonces, el Ayuntamiento justificaba en ese documento la inmediata ejecución del desalojo y que la posesión del edificio revirtiese sobre el Consistorio.

En este sentido, dicho informe recuerda que “como medida de seguridad, el inmueble se encuentra por clausurado desde el 19 de diciembre de 2014 a las actividades de pública concurrencia hasta que se adopten las medidas de seguridad exigibles”, además, afirma que el inmueble presenta “deficiencias respecto de la conservación y la seguridad, forjados apuntalados, desprendimientos de cielo rasos, manchas indicativas de filtraciones, tejas sueltas, revestimientos disgregados, daños estructurales puntuales e importantes carencias con respecto a la instalación eléctrica y a la protección contra incidencias”, además considera “necesario que por la antigüedad del edificio, su estado y el valor arquitectónico y patrimoniales que posee, que no se posponga durante más tiempo la rehabilitación integral de las edificaciones, procediendo a su recuperación definitiva en las debidas condiciones de seguridad y habitabilidad en base a su uso definitivo”.

A tal efecto, continuaba la postura del Consistorio, "ante la necesidad de ejecutar las obras y trabajos necesarios para la rehabilitación integral, adaptación, conservación y mejora del edificio, según preceptúa la legislación aplicable y la preocupación creciente relativa a que con el paso del tiempo pueda ocasionar una circunstancia sobrevenida de mayor deterioro del edifico protegido, con la consecuente inseguridad para las personas que pudieran estar dentro del inmueble por los apuntalamientos parciales y las vías de evacuación del edificio, se estima procedente acometer el necesario impulso administrativo para no dilatar más aun en comienzo en la rehabilitación".

Dicha acción abrió los dos procesos judiciales que ahora mismo se encuentran pendientes entre el Consistorio y la Fundación de los Comunes, gestora de facto de La Casa Invisible después de que el Ayuntamiento les demandase que creasen un órgano a fin de cederles el espacio para sus actividades culturales.

El primero de los litigios pendientes, uno sobre la cesión del edificio, tapona un segundo, por el desalojo del mismo. El juzgado que debe dirimir sobre el lanzamiento del espacio ha rechazado las dos últimas peticiones de desalojo municipales a fin de que los tribunales diriman si la cesión del inmueble, como afirman desde La Invisible, debería prorrogarse.

Diálogo entre ambas partes

A principios de este año se produjo un acercamiento entre los Comunes y el Ayuntamiento. Después de cuatro años sin sentarse en la misma mesa, en enero el alcalde les volvió a recibir. El reencuentro duró dos reuniones que sirvieron, por una parte, para apaciguar las reivindicaciones en la calle de La Invisible, y por otra, para adelantar algunas posturas que, parecen, irreconciliables en ambos caminos.

El equipo municipal se mostró abierto a estudiar el proyecto de rehabilitación por fases presentado por La Invisible. Este, que nació en 2016 y que los comunes cedieron gratuitamente al Ayuntamiento, aseguraría la rehabilitación sin que ellos tuviesen que dejar el inmueble, afirman. Para el mismo, incluso, llegaron a presentar la posibilidad de recibir fondos europeos, vistiéndolo como un proyecto cultural. Después de su presentación a la presentación, nada se sabe de ese dinero comunitario.

Tanto es así, que aseguran que "la propuesta para la rehabilitación integral del edificio sobrepasa ampliamente el modelo del expediente técnico convencional, considerándose como parte sustancial del proyecto cultural de la Casa Invisible. Un proceso gradual y flexible, de intervención mínima, sin aumento del volumen construido, lo cual resulta, con gran diferencia, la opción más sostenible".

Pese a ello, el Ayuntamiento mantenía que era necesario que dejaran el edificio para rehabilitarlo y que, después, pudiesen volver a cederle su uso. Eso sí, no lo harían de manera completa. "Hay otras actividades culturales interesantes, como la Academia de Ciencias o la Casa Amarilla que podrían optar a compartir el espacio, me parece de sentido común", volvía a afirmar el alcalde al respecto.

En la línea con lo que exponen acerca de la rehabilitación, la Fundación de los Comunes es contraria a compartir el inmueble, escudándose en que el edificio al completo es parte de la esencia misma del proyecto cultural. "El vínculo mutuamente beneficioso entre el edificio y el tipo de servicios que presta a la ciudadanía es el que dota de legitimidad a un proyecto de estas características. En este sentido deben entenderse las reparaciones, mejoras y cuidados permanentes que han rescatado al edificio del estado de abandono y deterioro desde el año 2007", afirman.

Por lo tanto, hay, al menos, dos puntos de desencuentro. El primero, tiene que ver con cómo se rehabilita el edificio y si es necesario que La Invisible salga para acometer los trabajos; el segundo, con el uso compartido o no futuro del edificio. Y dos procesos judiciales pendientes, el primero de ellos relacionado con la posesión del edificio y el segundo con la voluntad consistorial de desalojo.

En estas, y en relación con el desalojo, La Invisible lanzó esta semana un comunicado afirmando que el Ayuntamiento pretende un desalojo "encubierto" con la excusa de que organizan actividades de libre concurrencia sin tener licencia para ello. En el mismo comunicado alegan que el Consistorio actúa en contra de la voluntad judicial, que ha parado ya dos veces el proceso de desalojo y afirman que seguirán celebrando eventos en el patio. Mientras, han vuelto a anunciar que están en "alerta naranja" ante un posible desalojo, uno de los pasos previos que acostumbran a dar organizar manifestaciones en la calle.

A todo esto, el Ayuntamiento en agostó licitó por más de 200.000 euros un estudio para la rehabilitación del edificio, sin tener en cuenta a los Comunes en lo que se entiende un paso decidido para el desalojo y la rehabilitación consistorial del edificio. No parece que la historia de La Invisible vaya a acabar aquí.