Juicio de Lucía Garrido: odio, dependencia económica y un puzzle incompleto, el relato del fiscal

Arranca el juicio por el crimen de Lucía Garrido y lo hace 15 años y seis meses después de que fuera golpeada en la cabeza con un ladrillo macizo, acuchillada en la yugular y ahogada en la piscina de la finca en la que residía junto a su hija. Tras un primer juicio declarado nulo y la absolución de dos guardias civiles, este lunes se han sentado en el banquillo de los acusados la ex pareja de la víctima mortal y el supuesto autor material del asesinato. Para el Ministerio Público, el crimen estaba "muy bien planeado". Uno de los motivos, siempre según el relato del fiscal, era más personal derivado del "odio que sentía hacía Lucía como suele ocurrir en cualquier caso que se da violencia de género"; otro, económico, en un intento de proteger su principal fuente de ingresos ligada a los negocios ilícitos, de los que la mujer era conocedora.

Tras la constitución de un nuevo jurado popular que determinará si los procesados son culpables o inocentes del asesinato de la mujer, la Fiscalía ha considerado que, durante sus últimos años de vida, la víctima "vivía limitada por sentimientos de inferioridad y sumisión" con respecto a M. A. H. "Dependía económicamente de él y no tenía otra forma de mantener a su hija si no era con la manutención que le pasaba". También la maltrató, destaca en su escrito de acusación. De hecho, habría sido éste el motivo que la llevó a separarse en 2006. Si bien, el juez le atribuyó la guarda y custodia de la hija en común con su expareja, así como el uso de la vivienda familiar, la finca Los Naranjos, situada en Alhaurín de la Torre.

El acusado entonces se mudó a un cortijo cercano, pero conservó el derecho de acceso al recinto donde había residido. Siguió haciendo uso de las edificaciones no destinadas a vivir y al resto de las instalaciones de la parcela, donde continuó explotando el negocio relacionado con la cría de animales de compañía y con la custodia de especies salvajes o exóticos que eran allí acogidos tras su decomiso en aduanas, inspecciones veterinarias o intervenciones policiales. Si bien, bajo este tinglado y aprovechando la presencia de numerosos animales, el Ministerio Público afirma que se dedicaba al tráfico ilícito de especies de fauna protegida y la ocultación de drogas que le eran confiadas por organizaciones de delincuentes (hechos que no son objeto del procedimiento).

Lucía Garrido, testigo directo y presencial de las fechorías de su ex pareja, se convirtió -según el fiscal- en "un peligro inasumible que había que eliminar". Para ello, relata que el acusado intentó desalojarla de la vivienda tanto con acciones judiciales como maniobras coactivas. Todas ellas fracasaron, por lo que la enemistad siguió creciendo, llegando a generarse una situación de gran tensión. "Lucía llegó a temer por su vida y por el destino de su hija", ha explicado a los jurados. De hecho, ha destacado que "llegó un momento en el que no fue capaz de soportar la tensión", que le llevó a sufrir "un visible deterioro físico y psíquico", además de "actitudes inquietantes muestra de su inestabilidad".

Fue entonces cuando, con el fin de neutralizar el peligro, alguien del entorno delictivo de la ex pareja de la víctima habría propuesto acabar con su vida. El plan se fue urdiendo desde finales de 2008. La primera reunión, en la que habrían participado personas con delitos a sus espaldas en las provincias de Málaga y Madrid, fue en un chiringuito de Torremolinos. Entre ellos, se encontraba el segundo acusado, que entonces pertenecía a un grupo de delincuentes conocidos como Niños de Fuengirola. Éste habría recibido una oferta económica para llevar a cabo el crimen. El fiscal sostiene que aceptó.

"Faltan más responsables interesados en la finca Los Naranjos"

Sin embargo, ha garantizado que "el puzzle no está completo". "Faltan más responsables, un eslabón. Interesados en la finca Los Naranjos". También ha explicado que la investigación corrobora que los dos procesados no se conocían pero "compartían el mismo círculo de intereses, que pilotaba sobre el negocio de drogas" y en el que también habrían estado implicados agentes de la Guardia Civil corruptos. Por ello, defiende que el exmarido propició o consintió la contratación del segundo como sicario a sabiendas de que atentaron contra la vida de la madre de su hija. De esta manera, sostiene en su relato que le informó de las costumbres, movimientos y rutinas de la víctima; le facilitó una copia de la llave de la puerta peatonal en el cercado para evitar que saltara el vallado, y se comprometió a neutralizar cualquier obstáculo, retirando a los dos perros mastines que habitualmente se encontraban sueltos dentro de la propiedad.

El 30 de abril de 2008, Lucía Garrido fue asesinada y, según uno de los letrados que representa la acusación particular -ejercida por su familia-, "le falló todo el mundo": las instituciones de protección de la mujer, el juzgado de violencia de género, los cuatro agentes que declararon a favor de su expareja, la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga y los servicio sociales. Su caso, era "crónica de una muerte anunciada", ha lamentado tras definirlo como "un crimen atroz".

El pleito continua este martes 24 de octubre con los alegatos de las defensas. Si bien, en esta primera sesión, la letrada de la expareja de M. A. H. ha expresado ante la Sala que su cliente no quiere que le asista. "Ni siquiera me ha dirigido la palabra". Tanto el Ministerio Fiscal como las acusaciones particulares han sostenido que "se trata de una estrategia para suspender el juicio". Por su parte, la abogada de la defensa ha insistido en que "no se trata de ninguna maniobra dilatoria" y, aunque ha asegura que lo representará hasta que "el Colegio de Abogados diga lo contrario", ha lamentado no poder hacer su trabajo con una persona con la que no puede hablar.