La Junta ofrece ahora a Málaga Acoge un nuevo local tras la subasta del suyo para hacer pisos turísticos

Málaga/La Junta mueve ficha ahora y ofrece otro local a la asociación Málaga Acoge tras subastar y vender el edificio de titularidad pública que ocupa en la calle Ollerías, en pleno Centro Histórico, al fondo israelí White para hacer apartamentos turísticos. Un ofrecimiento que se ha ratificado este jueves tras una reunión entre ambas partes. Las negociaciones, en las que también ha venido participando el Ayuntamiento de Málaga, que ha llegado a ofrecer alternativas, llevan prolongándose durante los dos últimos años, sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando se ha puesto encima de la mesa esta opción.

El nuevo inmueble, situado en la calle Palestina, es el que albergaba anteriormente la gerencia de Urbanismo; una elección que tiene su razón de ser, según ha dado a conocer la Delegación de Economía y Hacienda, en que este local sí que cuenta con la superficie y características que había solicitado la asociación.

Esta opción, según asegura el presidente de Málaga Acoge, Alejandro Cortina, será estudiada, toda vez que no están dispuestos ni a reducir su actividad (en el caso de trasladarse al anterior local, calcularon, tendría que haberlo hecho en un 30%); ni a realizar una reforma de gran calado que les obligue a paralizar su labor (en ese caso, estimaron, tendría que haber parado un año hasta volver a ponerse en funcionamiento). Igualmente, reconoce desconocer cuando tendrán que desalojar el local de la calle Ollerías, en el que continúan desempeñándose en estos momentos.

Por su parte, el delegado de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carlos García, explica que se subastase o no este inmueble, Málaga Acoge no podía seguir utilizándolo como sede, ya que dicha ocupación no estaba reglada. De hecho, apunta, "el edificio no contaba con la Inspección Técnica (ITE) necesaria ni con las condiciones técnicas y administrativas oportunas para ejercer su actividad en él”.

Asimismo, el delegado recuerda que la asociación no tenía título jurídico para ocupar el inmueble y explica que desde la Junta “lo único que se ha hecho es mostrar la mejor de las voluntades y, pese a que no es nuestra competencia, se ha trabajado para que Málaga Acoge cuente con un local de similares condiciones, eso sí, ya de forma reglada”. Es decir que la asociación no contaba con título jurídico de cesión gratuita, contrato de arrendamiento o similar. Extremo confirmado por Cortina, que asegura que accedieron a él tras una "cesión en precario" por parte de la Junta hace casi dos décadas.

Cabe apuntar que los locales de la calle Ollerías (que ocupan los números 13,15 y 17, número 4 de calle Eduardo Ocón) de Málaga era propiedad de la Junta desde 2001 (la más antigua) y 2008 las últimas. De ellos, Málaga Acoge ha venido utilizando el 15 y el 17.

La subasta: una estrategia en torno al patrimonio público

Asimismo, la Dirección General de Patrimonio, adscrita a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, que elevó a subasta las mencionadas instalaciones, en calle Ollerías, finalmente adquiridas para convertirlas en pisos turísticos, ha enmarcado la operación como parte de una "estrategia para poner en valor en patrimonio sin uso de la Junta de Andalucía"

No en vano, señalan desde la administración regional en un comunicado, en 2019 no existía un inventario fiable que permitiera conocer de manera integral el patrimonio de la Junta de Andalucía y su situación de hecho, y muchos de los inmuebles de los que era titular la Junta, aseguran, "desde hacía muchos años, vacíos, abandonados y sin uso alguno".

"No existían proyectos de inversión ni puesta en valor; ni había una política integral de gestión del Patrimonio, lo que generaba un coste de mantenimiento y restauración muy elevado, que se incrementaba con el paso del tiempo. También por los impuestos que gravaban dichos inmuebles (y por los impagos en que se incurrió)", señalan.

Igualmente, explican, "la puesta en valor del patrimonio inmobiliario de Andalucía está requiriendo de una importante y compleja labor de regularización física y jurídica de los inmuebles dada la situación de abandono y falta de actuaciones que el patrimonio inmobiliario ha venido sufriendo durante décadas".

Desde 2019, la Junta de Andalucía ha ingresado, bien por subasta o bien por adjudicaciones directas de inmuebles en desuso, casi 130 millones de euros, además de procurar un ahorro estimado de un millón de euros anuales en gastos de mantenimiento y costes tributarios.