La Junta abre la vía para legalizar más de 60.000 viviendas en Málaga

Málaga/Más de 300.000 viviendas irregulares de las que existen en Andalucía podrían contar con protección legal a partir de este miércoles. En Málaga, la cifra podría alcanzar más de 60.000 edificaciones. El Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó este martes una regularización exprés cuyo texto será derogado tan pronto como sea aprobada la futura Ley de Urbanismo y Suelo. Ésta favorecerá sobre todo a la decenas de miles de propietarios que hasta ahora habían carecido de servicios y suministros básicos. Es el caso, sobre todo, de los dueños de casas en el Valle de Almanzora (Almería) que por la situación irregular de sus casas no tenían acceso a contratos de luz y agua.

No tanto a los afectados de la Axarquía cuya casuística pasa por el plazo estimado por la prescripción de las licencias o porque pende sobre ellas una orden de demolición. Tampoco podrán regularizarse las viviendas que estén sobre suelo protegido, ya sea cercanas a un cauce, un pantano o un Parque Natural.

El nuevo paso dado por el gobierno andaluz con respecto al que ya hiciera el de Susana Díaz hace cinco años pasa por ampliar la figura del Asimilado Fuera de Ordenación (AFO) previsto para casas aisladas, a edificaciones tanto en suelo urbanizable como no. En la provincia de Málaga, podrían acogerse muchas de las viviendas asentadas en la Costa del Sol occidental, sobre todo en Marbella o Mijas.

De total contabilizadas, 18.840 están en la unidad territorial Málaga que incluye a Coín, Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, Cártama y Mijas; le siguen las 15.326 de la Axarquía, las 14.078 de las Serranías de Cádiz y Ronda, las 12.778 de las depresiones de Antequera y Granada y las 7.630 de la Costa del Sol.

Desde el comienzo de la legislatura, el Gobierno del PP y Ciudadanos ha anticipado en varias ocasiones la regularización de las viviendas ilegales andaluzas. Después de siete meses de estudios, el gabinete de Juanma Moreno ha encontrado el resquicio legal para dar solución al estado de alegalidad que pesaba sobre estas casas. La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, insistió en que la citada legalización no supone una “amnistía”, puesto que tal regularización de viviendas estará limitada a aquellas casas que no se encuentren en suelo “de especial protección” que contemplen los planes generales de ordenación urbana (PGOU) en vigor. El portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, puso como ejemplo para explicar las restricciones de la normativa de legalización a las casas que se encuentran en los cauces de ríos o arroyos.

Carazo, quien incidió en la complejidad de la casuística de cada una de las viviendas afectadas y en la necesaria colaboración de propietarios y ayuntamientos para desatascar el problema, señaló que el decreto que entra este miércoles en vigor “pone fin al caos jurídico y urbanístico” reinante debido a la gestión de los anteriores gobiernos socialistas, autores de hasta tres textos legislativos ineficaces.

Siendo un texto de carácter “urgente y provisional”, apuntó el portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, la intención es dar respuesta a una situación que afecta principalmente a las provincias de Málaga (Axarquía) y Almería (Valle del Almanzora).

La rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno estuvo repleta de cuestiones técnicas vinculadas a los procedimientos administrativos de urbanismo. En este apartado, los miembros del Gobierno andaluz se refirieron a la declaración de asimilado fuera de ordenación (AFO). El decreto aprobado este martes permite ahora el acceso al reconocimiento de este AFO no sólo a casas aisladas, como había sido hasta la fecha, sino a edificaciones aisladas en suelo urbano no consolidado, así como a aquellas viviendas situadas en suelo urbanizable.

La medida no supone una legalización

La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, explicó este martes que el decreto Ley aprobado este martes a través del cual podrán regularizarse 327.000 viviendas en Andalucía –unas 60.000 en Málaga–, no supone una legalización y ofrece además que los propietarios accedan al registro de la propiedad y a servicios básicos (agua, la luz y saneamiento), así como la posibilidad de realizar obras de conservación y mantenimiento.

El decreto facilita por eso el acceso al Asimilado Fuera de Ordenación (AFO) a cualquier edificación irregular, aunque con las excepciones de que se trate de viviendas aún en plazo para restablecer su condición legal –seis años desde su construcción– o con sentencia.

Otra de las medidas que integra el texto del decreto es la de que los municipios podrán formular un plan especial para una agrupación de viviendas concreta que tenga o no aprobado su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Esta vía evitará la espera de nueve años como promedio que se dilatan los procesos administrativos antes de la aprobación de este documento urbanístico. Hasta ahora, había que esperar una nueve años de media para aprobar un PGOU, más los 20 meses que requería un plan especial, por lo que a partir de ahora el problema se puede resolver en un plazo de entre 12 y 18 meses, en colaboración con los ayuntamientos, según explicó este martes la consejera de Fomento.

Otro eje en el que se sustenta este decreto ley es la incorporación de las agrupaciones de viviendas irregulares de carácter urbano a los planes generales. Los ayuntamientos deben prever en sus PGOU una serie de servicios mínimos, como equipamientos públicos o zonas verdes, si pretenden incorporar un asentamiento como urbano o urbanizable. El coste de esos servicios lo lógico es que lo sufraguen los propietarios, apuntó al responsable urbanística del gobierno andaluz. Éste era uno de los grandes problemas que habían apuntado los responsables municipales dado que carecían de medios económicos para llevar a cabo las acometidas de esos servicios.