La Junta da por enterrado el plan para la construcción de carriles bici en Málaga

Movilidad

Aduce la existencia de informes que concluyen que la Consejería de Fomento "no puede construir vías ciclistas en tramos urbanos" y que es competencia "exclusiva" municipal

Un grupo de turistas transita en bicicleta por uno de los carriles bici de la ciudad. / Javier Albiñana
Sebastián Sánchez

08 de agosto 2019 - 06:33

Málaga/El plan de carriles bici que se comprometió a ejecutar la Junta de Andalucía en Málaga capital, con una extensión de 50 kilómetros, queda enterrado. Transcurridos cuatro años y medio desde la firma del acuerdo con el Ayuntamiento sin impulsar uno solo de los trazados contemplados, el Gobierno andaluz sentencia dicha iniciativa sobre la base de sendos informes emitidos por la Intervención General y la Asesoría Jurídica.

De acuerdo con los datos aportados por fuentes de la Administración regional, los pronunciamientos de los dos órganos de asesoramiento son concluyentes, cerrando por completo la puerta a que la Consejería de Fomento pueda impulsar la construcción de un solo metro de carril bici en el espacio urbano. "Muestran un criterio contrario a que la consejería pueda construir vías ciclistas en tramos urbanos", explicaron las fuentes consultadas, que apuntaron que esos documentos fueron elaborados en la etapa de gobierno anterior, con el PSOE al frente.

En esta misma línea, las fuentes señalaron que ambos entes tienen el criterio "compartido" de que son competencias "exclusivas municipales", con lo que el desarrollo de nuevas actuaciones en materia ciclista queda en manos del Consistorio. A este primer apunte se añade la interpretación que el impulso de carriles bici en la ciudad "son actuaciones consideradas como subvenciones en especie y, por tanto, no pueden estar vinculadas al amparo de convenios firmados entre el Ayuntamiento y la Administración autonómica".

"Ni siquiera se podría incorporar como una subvención excepcional porque no se puede justificar la excepcionalidad de un proyecto de carril bici de un territorio frente a otro", insistieron. O dicho de otro modo, se deduce de estas valoraciones que el acuerdo suscrito a principios de 2015 por las dos administraciones es nulo.

50 kilómetros

Es la extensión de los carriles bici que estaba obligada a ejecutar la Junta conforme al acuerdo

Las fuentes, que no supieron precisar la fecha exacta de los informes, sí precisaron que ambos datan de 2018, es decir, de la parte final del Gobierno del PSOE. Una circunstancia chocante si se tiene en cuenta que los entonces responsables de Fomento anunciaron la pretensión de licitar el primero de los ramales a finales de ese año, calendario posteriormente retrasado.

El acuerdo ahora herido de muerte data de enero de 2015, cuando la entonces consejera del ramo, Elena Cortés, y el alcalde, Francisco de la Torre, validaron un convenio para el desarrollo de una "malla" con cerca de 69 kilómetros de vías ciclistas. De ellos, el 75% iban a ser ejecutados por la Junta, sin que se haya materializado uno solo; el otro 25%, el Consistorio, que sí ha impulsado varios de los ramales planteados. Y todo ello con el horizonte de 2020.

Los anteriores responsables autonómicos justificaron su inacción en los escollos administrativos que se estaban encontrando por parte del Ayuntamiento, incluyendo la puesta a disposición de los terrenos necesarios para determinadas actuaciones. El primero de los carriles que fue objeto de acuerdo entre las dos instituciones iba a permitir ir en bicicleta por todo el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso hasta la zona de El Palo y Pedregalejo. Sin embargo, su ejecución fue anulada ante las discrepancias surgidas en las intervención final y la complejidad administrativa. El ramal fue sustituido por otro que hacia el PTA, que tampoco fue desarrollado.

En una comparecencia protagonizada en marzo, la entonces concejala de Movilidad Elvira Maeso precisó que de los 17,81 kilómetros que tenía que realizar el Ayuntamiento se habían ejecutado 8,5. En los últimos años, la posición del equipo de gobierno municipal ha sido crítica con el papel de la Junta en esta materia, a la que ha exigido de manera continuada el cumplimiento del plan firmado en 2015.

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