La Junta ya trabaja en flexibilizar las normas para facilitar la vivienda pos-Covid

Málaga/El dramático escenario que sigue dejando a su paso el coronavirus en todo el país permite, no obstante, abrir ciertos márgenes de reflexión sobre el modo de adaptar la sociedad actual a un acontecimiento histórico. Y en esta particular transformación la vivienda se ha convertido en referente. Los varios meses en los que los ciudadanos han permanecido confinamos ha elevado si cabe aún más la importancia de la residencia.

Muestra de ello es que ya son muchos los que trabajan en la necesidad actualizar las normas urbanísticas vigentes para encajar modelos residenciales que hagan factible el teletrabajo y que dispongan de estancias ajustadas al COVID-19. Un punto de reflexión en el que están ya inmersos la Junta de Andalucía, dentro de la nueva Ley Urbanística de la región (LISTA) y el Plan Vive de vivienda pública, así como algunos de los principales ayuntamientos de la provincia de Málaga, caso de Málaga, Estepona, Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria.

Una apuesta clara que ha quedado de manifiesto durante un encuentro telemático titulado El sector inmobiliario como instrumento de recuperación. El rol de la Administración. En este foro, seguido por más de un centenar de personas, la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ha abundado en esta cuestión. "El COVID ha transformado nuestras vidas; las viviendas tienen que estar preparadas para teletrabajar, tienen que ser más abiertas, contar con otros espacios…", ha afirmado, recordando la existencia de muchos ciudadanos "que se han dado cuenta de que sus viviendas no reúnen esas características".

"Y tenemos que trabajar en ese objetivo”, ha apostillado, aludiendo a la idea expresada por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, de "tener viviendas-despacho". "Hay que afrontar esas nuevas necesidades residenciales. Y tomarlas en el diseño de las viviendas. Es un asunto en el que la Junta quiere ponerse de frente y a la vanguardia con los promotores", ha insistido.

La línea de pensamiento expresada por Carazo forma parte del trabajo ya realizado por la Administración regional en dos de sus grandes instrumentos en materia residencial. De un lado, en el Plan Vive; de otro, en la LISTA, cuya tramitación sigue adelante. De hecho, la consejera ha adelantado que la previsión es que el texto definitivo esté sobre la mesa en diciembre, haciendo posible el inicio del debate en el Parlamento en enero y su aprobación dentro del primer trimestre del año que viene.

Carazo ha estado acompañada en este evento, previo al SIMED, que tendrá lugar en los primeros días de noviembre, por los alcaldes de Málaga, Francisco de la Torre; de Estepona, José María García Urbano; de Vélez, Antonio Moreno, y de Rincón de la Victoria, Francisco Salado.

García Urbano ha defendido la necesidad de "reflexionar con calma" pero, sobre todo, que se haga de manera "conjunta". En este punto, ha apuntado la posibilidad de que sea la Junta la que "abandere" esa línea de acción, generando unos criterios comunes a aplicar por los ayuntamientos.

"Es un momento clave que es la nueva ley urbanística, que debe ser lo más flexible posible, de manera que sean los ayuntamientos los que determinen las necesidades que tienen sus municipios", ha indicado Salado, para quien el confinamiento "ha hecho que se dé un valor distinto a las viviendas".

Por su parte, el concejal de Ordenación del Territorio de Málaga, Raúl López, ha coincidido con esta línea de pensamiento, insistiendo en que es preciso que exista "un hilo conductor" que permita una acción coordinada y común de los municipios. "El COVID nos hace pensar en cómo y de qué manera adaptamos la vivienda habitual; este nuevo modelo debe ser tratado de manera homogénea y uniforme", ha remarcado el alcalde de Vélez.

De otro lado, todos los participantes han destacado la necesidad de continuar con la simplificación de los trámites legales, especialmente en el caso del planeamiento urbanístico, y en apostar por la vivienda en alquiler para jóvenes. Un formato en el que tanto la consejera como los alcaldes han reclamado el apoyo y la participación del sector privado.