La Junta ignora ahora el gran proyecto de reforestación que prometió en 1999
El Gobierno andaluz, que presentó y exigió al Ejecutivo de Aznar el cinturón verde para multiplicar la superficie forestal de Los Montes, afirma que desconoce la iniciativa y que debe liderarla el Consistorio
El plan para crear un gran cinturón verde de más de 40.000 hectáreas que protegería a la capital frente a las inundaciones ha vuelto a quedarse sin fondos de la Unión Europea para poder ejecutarse ante el abandono de la Junta de Andalucía, que ahora no recuerda su proyecto. Casi diez años después de que la propia Administración andaluza presentara el Plan de Defensa Hidrológico-Forestal de la Ciudad de Málaga frente a las Avenidas, los actuales responsables del Gobierno autonómico en Málaga ni siquiera conocen los pormenores del proyecto diseñado y presentado en 1999 y aseguran ahora que habrá que valorar su viabilidad por la falta de financiación y consideran que se trata de una iniciativa municipal.
La primera en manifestarse sobre el tema fue la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, María Gámez, que en un encuentro digital en este periódico hace dos semanas trató de echar balones fuera al señalar que se trata de "una propuesta que debe partir del Ayuntamiento, pues compete a su concejalía de Medio Ambiente habilitar zonas verdes y de ocio para los malagueños".
La responsable de la Junta en la provincia llegó incluso a ofrecer su colaboración para participar "con la puesta a disposición y acondicionamiento de dominios públicos cuya titularidad y gestión corresponden al Gobierno andaluz como son las vías pecuarias".
Pero lo cierto es que el plan del cinturón verde de Málaga es un proyecto mucho más ambicioso que diseñó la propia Junta en 1999 y exigió en numerosas ocasiones financiación al entonces Gobierno de José María Aznar para reforestar más de 40.000 hectáreas de las cuencas altas de los ríos Guadalmedina y Campanillas y evitar las periódicas inundaciones en la ciudad.
Tampoco el secretario de la Delegación Provincial de Medio Ambiente parece conocer el proyecto, ya que al ser preguntado días después por los planes de la Junta para ponerlo en marcha también ofreció al Ayuntamiento de la capital la colaboración del Gobierno autonómico para acometer el plan de reforestación.
Tampoco aclara las dudas la respuesta de la delegada provincial de Medio Ambiente, Remedios Martel, que señala que el proyecto tendrá que volver a ser estudiado "en profundidad y valorar mucho los pros y los contra ante la falta de financiación".
El plan no ha sido incluido en el nuevo marco comunitario de los fondos Feder de la Unión Europea para el periodo 2007-2013 a pesar de que el anterior delegado provincial de Medio Ambiente, Ignacio Trillo, anunció en junio del año pasado la intención del Gobierno autonómico de solicitar financiación para el cinturón verde y que se convertiría en una de las prioridades del Plan Forestal Andaluz que se llevará a cabo hasta 2014.
Pero todas esas buenas intenciones parecen haber caído en saco roto para los nuevos responsables de la Consejería de Medio Ambiente que no tienen intención de continuar con las negociaciones que la Junta inició hace ya tres años con los propietarios de los terrenos afectados por el plan para su posible adquisición.
El principal obstáculo con el que se encontró la Junta cuando retomó el proyecto fue el elevado precio de estos suelos, pertenecientes a los términos municipales de Casabermeja, Almogía y Málaga capital y que en su mayoría eran de titularidad privada. El presupuesto inicial del proyecto fijado en 270 millones de euros se había quedado obsoleto y la extinta Confederación Hidrográfica del Sur, que debía aportar el 25%, no llegó a incluir el plan entre las obras de reforestación programadas en base a los fondos Feder del anterior marco comunitario 2000-2006.
La fórmula que buscó entonces el Gobierno andaluz fue la de tratar de llegar alcanzar un acuerdo con los titulares de los terrenos para no tener que llegar a comprarlos. La Junta se comprometía a reforestar estos suelos, en su mayoría baldíos y pendientes de ser calificados como zonas de especial protección en los planeamientos urbanísticos de los tres municipios, a cambio de que los propietarios pudieran beneficiarse de los nuevos aprovechamientos una vez que se pagaran los costes.
La prioridad era acometer la repoblación de unas 10.000 hectáreas en una primera fase por el elevado grado de erosión que presenta la cuenca alta del Guadalmedina, con lo que se cuadruplicaría la superficie actual de los Montes de Málaga.
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