La Junta transferirá 21 millones a las universidades y prevé un nuevo modelo de financiación antes de mayo

Málaga/En el curso en el que la Universidad de Málaga cumple 50 años ha sido la elegida para celebrar el solemne acto de apertura del curso 2022/2023 de las universidades andaluzas. Durante el evento, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que la Administración autonómica va a transferir en el último trimestre de este año un importe global de 21 millones de euros "para garantizar la suficiencia financiera" de las universidades andaluzas. En este sentido, en su discurso también ha señalado que espera que "antes del mes de mayo" del año que viene esté listo el nuevo modelo de financiación de estas instituciones. Por otro lado, José Ángel Narváez, rector de la UMA, ha insistido en que las universidades públicas son el mejor espacio donde los jóvenes pueden “educarse con solidez y calidad”.

Moreno ha señalado que vienen “años complejos”. Por ello, ha asegurado que el Gobierno andaluz va a trabajar "para intentar amortiguar la situación y para intentar dar certidumbre, donde hay incertidumbre", para así conseguir que "entre las turbulencias que vamos a vivir, intentaremos que en Andalucía sean las menos posibles". En este sentido, ha anunciado que durante el último trimestre de este año la Junta de Andalucía transferirá “un importe global de 21 millones de euros” a las universidades andaluzas con el objetivo de “garantizar la suficiencia financiera” de éstas y también para “la promoción y estabilización de profesorado y personal de servicios y administración”. Además, ha añadido que con esta inyección de dinero dará “respuesta a un compromiso que asumí en primavera con los rectores” y que, a su vez, “es una cantidad extra al sistema para asegurar que se puede cerrar el año sin tensiones de tesorería”.

En esta misma línea, también ha anunciado que va a encargar a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación "la elaboración de una estrategia universitaria para Andalucía". Con el objetivo de crear un instrumento “fruto del diálogo con la comunidad universitaria, con los agentes sociales y económicos” que permita “pensar y repensar la universidad que queremos y que necesitamos”. También ha hecho referencia que junto a este “reto” también está el de conseguir que las universidades andaluzas “tengan un nuevo modelo de financiación”.

El presidente de la Junta de Andalucía ha recordado que se propuso un modelo de financiación en la pasada legislatura, pero ha insistido en que este es “un asunto muy complejo”. Ahora el nuevo modelo estará revisado por el nuevo consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, que para Moreno es la mejor elección para esta tarea. Con el objetivo de tener el nuevo escenario antes de mayo, la Junta ya está trabajando en ello para que éste cumpla con "las expectativas de todas las partes".

De este modo, Moreno ha señalado que este "es el horizonte temporal que manejamos", pero que "sí podemos acelerarlo, lo aceleraremos". Así pues, este modelo de financiación "será fruto de un proceso activo de diálogo, de escucha y participación de los protagonistas, para que entre todos nos cercioremos de que es el mejor sistema posible".

Por su parte, José Ángel Narváez, rector de la Universidad de Málaga, ha insistido en que las universidades públicas son “el espacio para todos aquellos jóvenes que quieren educarse con solidez y calidad”. Asimismo, ha insistido en que estas instituciones son el lugar perfecto para los jóvenes que quiere “formarse en la ciencia y el conocimiento, pero también en la ética y en valores sociales”, ya que en ellas no importa “de donde vengan, ni cuanto tengan”, al igual que también es indiferente “su origen, su raza, su género o sus creencias”.

Narváez ha reiterado que los rectores de las universidades de Andalucía “trabajan con lealtad y responsabilidad por el futuro de nuestras universidades”. Por consiguiente, ha hecho hincapié que las universidades públicas están comprometidas con el desarrollo de la sociedad. Por lo que también quieren que estas sean “agentes activos de las políticas dirigidas a fortalecer los servicios públicos” para así ayudar a resolver “problemas que amenazan la estabilidad y el progreso de nuestra sociedad”.