La Junta podrá "responder" a los ciberataques desde un centro pionero que creará en Málaga
También pondrá en marcha una brigada especializada dentro de la Policía Adscrita
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El Gobierno andaluz ha aprobado este martes la Estrategia Andaluza de Ciberseguridad, con la que la Junta podrá "responder" a los ciberataques, además de "prevenir y disuadir", desde un centro pionero que se situará en Málaga, y también pondrá en marcha una brigada especializada dentro de la Policía Adscrita.
El nuevo centro de ciberseguridad, que se situará en un edificio del Muelle 2 del Puerto de Málaga, tendrá un centro operativo de detección, protección "y respuesta", y una zona de capacitación y formación, según ha explicado el consejero de la Presidencia y presidente de la Agencia Digital de Andalucía, Antonio Sanz.
La Junta pretende dar servicio a través de ese centro, no solo a la administración autonómicas, sino a ayuntamientos, diputaciones, universidades, puertos o empresas y ciudadanía. El centro, con una inversión de 60 millones, será "pionero" a nivel europeo y liderará Estrategia de Ciberseguridad Andaluza 2022-2025 se enmarca en lo que Sanz ha calificado de "revolución digital".
La especialización en ciberseguridad del personal empleado público, así como mejorar las competencias digitales de la ciudadanía y de los futuros profesionales del sector de la ciberseguridad, será uno de los elementos clave del nuevo centro.
La Junta ha detectado en lo que va de año 5.433 incidentes de ciberseguridad, una cifra que aumenta a más de 31.000 los casos ocurridos desde 2019.
No se trata de casos de extrema gravedad, pero sí de suplantación de identidad, "hackeo" de redes, intentos de engaño y soborno o implantación de sistemas operativos que dañan un ordenador, según ha explicado Sanz en la rueda de prensa.
El documento de la Estrategia cuenta con varias líneas de actuación como reforzar las capacidades de prevención, detección y respuesta a incidentes en la Administración de la Junta a través de servicios avanzados de ciberseguridad, fortalecer las estructuras de gobierno y la gestión del riesgo en la administración autonómica.
El documento ha sido trabajado con más de cuarenta expertos y con un comité técnico de nueve consejerías.
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