La Junta tumba 9.000 viviendas del Plan General y el puerto de El Morlaco

El Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Málaga acaba de recibir un revés sin precedentes por parte de la Junta de Andalucía. La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) elaborada por la Consejería de Medio Ambiente, y que es de obligado cumplimiento, tumba de un plumazo la construcción de más de 9.000 viviendas previstas en la revisión del planeamiento de la capital de la Costa del Sol y echa por tierra algunas de las más importantes intervenciones incluidas en el documento, entre las que se encuentra el puerto deportivo dibujado por el equipo de gobierno en El Morlaco.

El informe, al que tuvo acceso este periódico, es taxativo y dice no a la construcción al norte de la ronda este, donde se proyectaba el levantamiento de medio millar de pisos; la ocupación de los suelos de Arraijanal, así como de las márgenes del río Campanillas y de la Sierra de Churriana. Y todo ello porque, al entender de los técnicos encargados de la redacción de la citada declaración, afectan de forma severa al medio ambiente.

El lápiz tacha, igualmente, el deseo del Ayuntamiento de asentar un puerto deportivo en El Morlaco, al "no estar justificado" ni formar parte de las previsiones de la Administración autonómica sobre este tipo de equipamientos. Además, se apunta que el PGOU "no aporta un análisis ambiental de la propuesta ni aporta datos suficientes". Ello no impide que el equipo de gobierno pueda iniciar el procedimiento de prevención ambiental.

La incidencia sobre las previsiones de crecimiento residencial del plan, cuyo horizonte temporal es de unos diez años, es sobresaliente, ya que obliga a la supresión del 25 por ciento de las alrededor de 35.000 viviendas de nueva construcción propuestas por el equipo redactor. A éstas hay que sumar aproximadamente 33.000 casas más que proceden del Plan General de 1997 y que aún no han sido ejecutadas.

Pero más allá de los números, el simbolismo de la acción de la Junta es importante. Si bien no existe novedad en la posición adoptada por la Administración autonómica, que desde hace meses viene poniendo sobre la mesa su rechazo a esta y otras actuaciones, sin que se haya producido cambio alguno por parte del Ayuntamiento, la realidad es que echa por tierra las grandes aspiraciones del equipo de gobierno del PP, al que no le va a quedar más remedio que impulsar una transformación global del contenido del plan. Un paso, que de ratificarse, podría obligar a abrir un nuevo plazo de información pública debido a las sustanciales y numerosas variaciones.

Caso por caso, la Declaración de Impacto Ambiental justifica cada una de sus negativas. Entre las más significativas están la de saltar la autovía para edificar viviendas; la de urbanizar los últimos suelos libres en el litoral malagueño, en Arraijanal, y la de convertir las márgenes del Campanillas en zona residencial.

Respecto a la intervención al norte de la ronda, en el sector denominado Altos del Limonar, la Junta considera que se trata de suelos que deberían conservar su clasificación como no urbanizable especialmente protegido "por riesgo de erosión y pendientes", al tiempo que apostilla que el desarrollo de estos terrenos "incrementaría los riesgos de inundabilidad en el propio sector y en la ciudad consolidada aguas abajo". Asimismo, los técnicos se oponen al modelo de urbanización contemplado, de muy baja densidad, debido al "elevado consumo" de suelo y de recursos energéticos que supone y a que esta actuación supondría la alteración del trazado natural de los arroyos Toquero, Cañada de las Quirosas y Carnicero.

En Arraijanal, el documento destaca la necesidad de cualquier actuación sobre este sector "respete la vocación de este espacio como área libre del litoral, dado que la playa y el arenal de la finca Arraijanal constituyen el último tramo de playa no urbanizada del municipio". "Es un espacio único y singular para la aglomeración urbana", señala Medio Ambiente, que estima que la inclusión de usos residenciales y turísticos "suponen una pérdida" de sus valores.

Pero la zona que más perjudicada se ve desde el punto de vista residencial es Campanillas, la gran reserva para el crecimiento futuro de la ciudad. En esta zona, se rechaza el planeamiento fijado para cuatro sectores, que suman alrededor de 4.500 casas de nueva ejecución. El motivo dado no es otro que el impacto severo que estas edificaciones tendrían al situarse cerca del río. Por ello, se entiende que esos suelos deben mantenerse como no urbanizables de especial protección, puesto que su clasificación "afectaría a la hidrología subterránea del acuífero subyacente, a la hidrología del río Campanillas y el arroyo de los Pilones".

En este mismo ámbito, la DIA rechaza la propuesta residencial en la zona norte de Maqueda, en las cercanías de la nueva central de ciclo combinado. El hecho de que estos usos se encuentren a una distancia inferior a los 1.600 metros de estas instalaciones hace que los técnicos invaliden la construcción de 2.617 viviendas. Éstos señalan que los citados 1.600 metros es el "mínimo umbral" de referencia para establecer "las zonas sensibles y más expuestas a las molestias y los riesgos de la contaminación atmosférica".

De otro lado, la posición adoptada por la Consejería de Medio Ambiente impide los usos residenciales contemplados por el equipo redactor del PGOU en al Sierra de Churriana, donde se dibujaban unas 345 casas, y los usos hoteleros en el Albaricocal y Jabalcuza, ante la necesidad de proteger este espacio por su interés forestal.