"¡Justicia parada y el PSOE no hace nada!": funcionarios interrumpen un acto de campaña en Málaga

Los funcionarios de la administración de Justicia han suspendido su huelga indefinida durante la temporada estival. Pero, no han cesado sus protestas. De hecho, este mismo miércoles, al menos una docena de trabajadores irrumpieron en un acto de campaña del partido socialista en Málaga al grito de: ¡Justicia parada y el PSOE no hace nada!

Micro en mano, Mari Nieves Ramírez, actual portavoz en el Ayuntamiento de Torrox y candidata en la lista del PSOE de Málaga al Congreso, manifestaba su "orgullo" por defender al actual presidente central cuando un grupo de asistentes, ubicados al fondo de la terraza de San Telmo, la interrumpieron.

En torno a una docena de funcionarios de Justicia acudieron el mitin, a tan solo 15 días de las elecciones generales del 23 de julio, para manifestar sus protestas con carteles reivindicativos. La interrupción, aseguran fuentes el partido, apenas duró unos minutos, ya que "la gente que estaba allí los invitó a irse".

En cambio, los miembros de los sindicatos responsables de la protesta -CSIF, CCOO, UGT y STAJ- denuncian que fueron empujados del acto" y llamados "fascistas por reivindicar nuestro derecho a la negociación colectiva". La delegada en Málaga del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia Ana Belén Andrés considera que "la actitud de las personas que están asistiendo a los mitines es absolutamente insolidaria".

Estos funcionarios pertenecen a los subgrupos A1 (médicos forenses y facultativos), A2 (Gestión Procesal y Administrativa y técnicos especialistas de laboratorio), C1 (Tramitación Procesal y Administrativa y ayudantes de laboratorio) y C2 (Auxilio Judicial).

Según Ana Belén Andrén llevan a cabo "el 90% tareas que se hacen en los juzgados". "Menos los autos y los decretos, llevamos todas las resoluciones de trámite, las diligencias de ordenación, muchas providencias, los emplazamientos, los requerimientos, las notificaciones, las comparecencias, las averiguaciones patrimoniales y los embargos. Luego las firman los magistrados y los letrados, por supuesto", detalla.

Sus reclamaciones se centran fundamentalmente en una mejora retributiva globalde 200 millones de euros -hasta unos 430 euros mensuales por funcionario-, teniendo en cuenta la oferta de 46,7 millones que presentó el Ministerio para incrementar las retribuciones de jueces y fiscales, lo que se traduce en unos 450 euros al me, y en la petición para negociación el contenido de la Ley de Eficiencia Organizativa que tramitaba el Ejecutivo central y que ha quedado en el aire con la disolución de las Cortes como consecuencia de la convocatoria de comicios para el 23-J.