Juzgan al alcalde de Tolox y doce vecinos por construcciones en no urbanizable

El alcalde de Tolox, Juan Vera (Convergencia Andaluza), y doce vecinos del municipio malagueño, diez de ellos extranjeros y en su mayoría ingleses, serán juzgados hoy en el Juzgado lo Penal número 4 por delitos urbanísticos relativos a construcciones en zona no urbanizable. Además, en el banquillo de los acusados también se sentarán su teniente del alcalde, la administradora de una inmobiliaria y una aparejadora, según el escrito acusatorio del fiscal.

A Juan Vera se le imputan seis delitos de prevaricación, por los que se le pide un año de prisión y diez de inhabilitación y también se le acusa de cuatro delitos contra la ordenación del territorio y se le solicita nueve meses de cárcel y diversas multas. Los doce vecinos del municipio, muchos de ellos extranjeros, se enfrentan a seis meses de prisión y multas superiores a 2.000 euros.

Además, en el escrito acusatorio se afirma que el teniente de alcalde podría haber incurrido en un delito de prevaricación urbanística y se le pide un año de prisión y diez de inhabilitación. En el relato de hechos se afirma que una amiga personal del alcalde, que administraba una inmobiliaria y que también está procesada, pidió una licencia para reformar una vivienda inexistente ubicada en suelo no urbanizable.

El 26 de febrero de 2004, Juan Vera presuntamente concedió permiso para dicha supuesta reforma "a sabiendas de la injusticia" y con informe desfavorable de la secretaría del Ayuntamiento. Posteriormente, la amiga del alcalde vendió la finca a un matrimonio inglés que construyó una casa familiar con porche y piscina. La arquitecta técnica, que también estará sentada en el banquillo de los acusados, fue supuestamente quien emitió el certificado final de obra.

Otro de los casos que se juzga se remonta a abril de 2003 cuando el alcalde, a través de su esposa, otorga escritura de segregación y venta de 4.000 metros cuadrados de una finca de su propiedad en suelo no urbanizable.

El matrimonio comprador otorgaron una escritura de obra nueva afirmando la falsa existencia de una edificación en estado ruinoso, en base a la aportación de un certificado de edificación preexistente, con una antigüedad de veinte años, encargado por el alcalde y referido a una zona ajena y distinta a la construcción.

Más tarde, el regidor concedió la licencia para reformar una vivienda inexistente y el matrimonio se construyó una vivienda unifamiliar de unos 150 metros cuadrados, además de piscina y sótano. Todos los casos supuestamente delictivos ocurrieron entre 2003 y 2004 y se tratan de construcciones en suelo no urbanizables con el beneplácito del alcalde.