Letrados de la Administración: "Cada mes de huelga va a costar otros tres de recuperación en cada juzgado"

Málaga/Cuatro son el total de reuniones que han mantenido el comité de huelga de los letrados de la Administración con el Ministerio de Justicia desde que comenzara el paro indefinido el 24 de enero. De ellas, todas han fracasado. Mientras tanto, miles de actuaciones están siendo suspendidas. En la provincia de Málaga, la cifra asciende ya a más de 6.000 -cerca de 4.000 juicios y vistas y otras 2.000 actuaciones-, y unos cuatro millones de euros destinados al pago de deudas, multas o indemnizaciones también se encuentran bloqueados en las cuentas de los juzgados.

No cabe duda de que los perjuicios de esta huelga están siendo "brutales". Así lo reconoce el letrado del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Málaga, Antonio Sáenz, quien apunta que "cada mes de huelga costará tres o cuatro de recuperación" y culpa de ello al Ministerio.

Tras la última reunión mantenida este martes, que se disolvió sin atisbo de acercamiento, el comité de huelga asegura que ha cedido en sus demandas y que quienes no se han movido "ni una coma" de sus propuestas durante las cuatro reuniones son los representantes del departamento dirigido por la ministra Pilar Llop.

Una de las reivindicaciones de los letrados es la reducción de cinco a tres los grupos de población a los que se les designa, ya que en los dos últimos, que se corresponden con localidades pequeñas, se percibe una retribución inferior al resto. Apuntan que los funcionarios subordinados perciben las mimas retribuciones porque solo tienen tres grupos, lo que origina que, en ocasiones, el secretario judicial perciba una remuneración inferior a la de sus subordinados.

Según explica Sáenz, esta ha sido la única queja a la que el Ministerio ha dado respuesta. Si bien, apunta que esta situación afecta "simplemente a un 20% de colectivo" y critica que esta oferta por parte del Gobierno central "también se les va a aplicar a los jueces sin hacer ningún tipo de huelga". De esta manera, la consideran "insuficiente" y piden que se evalúen el resto de propuestas del comité de huelga.

Uno de sus principales reclamos, como consecuencia de la aceptación de funciones nuevas y una mayor responsabilidad, es percibir un 85% de la remuneración salarial de jueces y magistrados. Si se atendieran estas peticiones, según el Ministerio, "supondría un incremento lineal en las nóminas de todos ellos de 1.100 euros al mes, unos 14.000 euros al año. El montante total ascendería a casi 61,5 millones de euros", más de lo que destina el Ministerio "al Servicio de Justicia gratuita de nuestro país".

Una comparación que los letrados judiciales han calificado de "sangrante" y "falsa". El secretario del juzgado de Primera Instancia número 4 de Málaga, José María Casasola, manifiesta que "están utilizando la menor de las retribuciones de un letrado respecto a una de las mayores de un juez" para hacer este símil. "A lo mejor para que un LAJ de tercera llegue al 85% de lo que gana un juez sí es esa cantidad, pero la ponderación oscila en torno a unos 600 euros brutos de media", apunta.

Por su parte, el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, quien presidió la cuarta reunión, insiste en que este aumento es "inasumible", "no solo para el erario público, sino para el conjunto de la sociedad". Asimismo, afea que los antiguos secretarios judiciales no hayan barajado "cesar la huelga como gesto de voluntad negociadora"

A raíz de estas declaraciones, los huelguistas han acusado a Justicia de querer "dinamitar las negociaciones" al haber desvelado el contenido de estas, a priori confidencial. "Ha incumplido el acuerdo de no difundir el contenido de la oferta ni de la contraoferta conscientemente después de informar de que no iba a haber más reuniones y lo ha hecho dando unos datos totalmente sesgados", ha considerado Casasola.

Y es que, partir de ahora y a instancias de Justicia, la negociación será por carta y no cara a cara, como se ha venido haciendo hasta ahora. Una decisión que los letrados judiciales no han acogido con agrado, pues, a su juicio, va a "alargar el conflicto".