Málaga acepta el alquiler con opción a compra por el 'cierre' financiero a la VPO

La larga travesía de años que se sucede sobre la mayor promoción de vivienda de protección oficial (VPO) de Málaga parece tener sus días contados. El Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), tras muchos meses de análisis de alternativas, se decanta finalmente por el alquiler con opción a compra para los alrededor de 60 pisos sociales (algunos en García Grana) para los que se sigue sin encontrar comprador en este nuevo barrio de la zona oeste de la capital.

La solución, dada a conocer a este periódico por el concejal de Ordenación del Territorio y Vivienda, Diego Maldonado, se adopta tras quedar cerrada la vía de la venta diferida, de tal modo que hubiese sido el propio Ayuntamiento el que pagase el coste de los pisos hasta que los adjudicatarios obtuviesen los créditos necesarios. Pero este mecanismo queda enterrado después de que tanto la Junta de Andalucía como los servicios jurídicos municipales hayan concluido que "no es posible" aplicarlo.

Ante estos pronunciamientos, el departamento dirigido por Maldonado opta por seguir adelante en el objetivo de cerrar la adjudicación y venta de una promoción residencial de alrededor de 1.300 viviendas, que fue objeto de un macrosorteo en la Navidad de 2006. ¿Cómo? Mediante una figura que posibilita que los adjudicatarios puedan pagar las cuotas exigidas, pero sin necesitar del visto bueno de las entidades financieras.

"Lo que sí se podía hacer era cambiar el régimen para que los adjudicatarios puedan pagar alquileres, con amortizaciones similares a las que pagarían si tuviesen el préstamo", expuso Maldonado, que apuntó que la idea es que el plazo máximo de arrendamiento sea de diez años, momento a partir del cual tendrán la opción de adquirir el inmueble en propiedad, "descontando del precio final lo ya abonado".

Según el edil, "de una tacada lo arreglamos todo, porque quitamos el tener que subrogar la hipoteca, que se queda en manos del Ayuntamiento", añadió. "De no aportar una solución a esas 60 familias, el problema no sólo lo tendrían ellas sino también el Instituto Municipal de la Vivienda, que cede los pisos a esas familias, que son las que asumen todos los gastos", apostilló.

De acuerdo con los cálculos realizados, la mensualidad para estos adjudicatarios puede oscilar entre los 350 y los 400 euros. Pasados los diez años, "al precio final de la vivienda se le restará la parte del capital que se haya pagado", indicaron.

La propuesta será objeto de análisis y, previsiblemente, será aprobada en el Consejo de Administración del IMV que se celebra mañana. Según informaron desde este organismo, el planteamiento es que estas viviendas sin comprador sean nuevamente sorteadas entre los alrededor de 9.000 nombres que integran el Registro de Demandantes. Entre ellos se seleccionarán los potenciales adjudicatarios de los pisos. "La ventaja que se les da es que si no logran el préstamo del banco podrán quedarse con la opción del alquiler", expusieron desde el departamento promotor.

Esta propuesta busca poner el cierre a la adjudicación de la promoción de Soliva, que con la llegada de la crisis se ha convertido en una auténtica odisea no sólo para los potenciales compradores, sino también para el Ayuntamiento. Lo que se vendió a finales de 2006 como una lotería paralela, acabó por ser un premio envenenado, al que pocos de los seleccionados inicialmente pudieron optar.

Primero fue la criba realizada por el propio IMV en la documentación económica lo que fue eliminando uno tras a otro a varios cientos de nombres elegidos en el sorteo; después, fueron las entidades bancarias las que cerraron el grifo de la financiación, enterrando las ilusiones de muchas familias por optar a la compra de una de estas viviendas.

La situación fue tal que el IMV llegó a recorrer el listado completo de personas que concurrieron al proceso de 2006, integrado por alrededor de 23.000 nombres, sin encontrar compradores suficientes para la totalidad de la promoción de Soliva. Casi seis años después, el equipo de gobierno del PP parece haber encontrado una solución final.

La dificultad de venta es igualmente extensible a los 158 locales comerciales que salieron al mercado en mayo de 2009, sin que por el momento se hayan subastado todos. Esta situación, semejante a la de las VPO, llevó al Instituto Municipal de la Vivienda a aplicar el alquiler con opción a compra para más de un centenar de estos espacios, en la idea de responder a la incapacidad de los interesados por encontrar en las entidades bancarias la financiación necesaria.