Málaga sigue sin cobrar la deuda de Art Natura al no hallar sus bienes

Pasan ya tres años y medio desde que se inició el proceso para recuperar unos 7 millones Gestrisam amplía ahora el cerco a las sociedades vinculadas al fracasado museo de Tabacalera

Álvarez de Toledo y De la Torre, en 2006, tras la firma del acuerdo para la instalación en Tabacalera de la colección de gemas de Royal Collections.
Sebastián Sánchez Málaga

01 de febrero 2016 - 01:00

El fracasado Museo de las Gemas en Tabacalera sigue persiguiendo al Ayuntamiento de Málaga. A la losa que pesa sobre la gestión del equipo de gobierno del PP por el fiasco del proyecto museístico, clausurado apenas horas después de su apertura, se suma la incapacidad del Consistorio de cobrar la deuda millonaria que tiene contraída la promotora del equipamiento, Royal Collections, y que a día de hoy alcanza los 7 millones de euros.

A pesar de que el Ejecutivo local dio los primeros pasos para tratar de resarcirse hace ahora tres años, todos los intentos están resultando infructuosos, ante la imposibilidad material de encontrar bienes a nombre de la citada sociedad que poder embargar. Así lo confirmaron a este periódico fuentes municipales, que llamaron la atención sobre la complejidad del procedimiento que se viene siguiendo en lo que parece una especie de persecución.

¿Cuál es el principal obstáculo al que se enfrenta el Ayuntamiento? Según las fuentes consultadas, la ausencia de bienes y cuentas a nombre de Royal Collections. "No hemos encontrado las gemas, ni cuentas a su nombre; y eso que hemos estado realizando investigaciones en Valencia, Madrid...", precisaron las fuentes.

De hecho, llegados a este punto, el ente encargado de proceder a los embargos acaba de adoptar la decisión de dar un paso más. "Se ha iniciado la segunda fase del proceso, derivando la responsabilidad en todas las entidades mercantiles que conformaban el consorcio de esa entidad; incluso algunas están en el extranjero, ya que hay algún apunte de notificación en Londres", expusieron. Esto, de facto, supone abrir vías de investigación sobre cada una de estas firmas, que según las fuentes pueden ser cinco, en el objetivo de encontrar bienes embargables y suficientes para satisfacer la deuda existente.

A finales de junio de 2012 fue cuando la Junta de Gobierno Local tomó la decisión final, tras fracasar los intentos de negociación con Royal Collections, de encargar a Gestrisam el inicio de los procesos necesarios para cobrar por vía ejecutiva la mencionada suma económica. A partir de ahí se inició un procedimiento que incluyó el envío de requisitorios por parte de Gestrisam a todos las entidades bancarias y financieras, a los registros de la propiedad y mercantiles y a otras entidades a nivel nacional, en la búsqueda de fondos, valores, títulos, depósitos y otros bienes inmuebles o muebles pertenecientes a esta entidad y que puedan ser causa de embargo.

La cifra inicial, ahora aumentado por los intereses acumulados, era de 6,3 millones de euros. Ese fue el montante que el equipo de gobierno del PP fue abonando de manera continuada a la empresa en concepto de canon entre los años 2007 y 2011 con la finalidad de poner en marcha la actividad museística. Como tal hecho no tuvo lugar, reclamó su devolución, a lo que esta se negó, al punto de interponer un contencioso-administrativo solicitando la anulación del acuerdo mediante el que se resolvió el contrato que vinculaba a ambas partes.

Una consulta realizada por este periódico permite comprobar como al frente de la sociedad Programa Royal Collections AEIE únicamente aparece como administrador único Fulgencio Alcaraz Puchades, responsable asimismo de otras dos sociedades, Gemart, con sede en Valencia, con el único objeto social de "Actividades de Museos", y Mundi Mineral Sl, con domicilio social en Madrid, y dedicada a la importación, exportación y comercio al por mayor y menor de toda clase de minerales, gemas y artículos relacionados con la mineralogía y gemología.

El embrollo en el que aún se encuentra inmerso el Ayuntamiento fue consecuencia directa de la decisión del alcalde de aceptar un contrato con Royal Collections que eludía la fijación de aval alguno por parte de la promotora, a modo de garantía. Y ello porque el pliego de condiciones que rigió el contrato suscrito a finales de 2006 liberaba a la firma privada de aportar una garantía económica con la que responder en caso de incumplir su parte del acuerdo, una especie de colchón habitual en los vínculos que las administraciones públicas suscriben con entes privados. El documento es claro en este sentido: "El adjudicatario queda dispensado de constituir la garantía definitiva", paso que se adoptó "dadas las especiales características que concurren en el objeto de este contrato". Esta circunstancia hizo que ante el incumplimiento de la parte privada solo quedase la vía judicial para reclamar la devolución del dinero abonado hasta ese momento.

La página web de Programa Royal Collections (P.R.C.) informa de que se trata de una agrupación empresarial formada por entidades asociadas con representación en Europa, América y Asia, si bien en ningún momento se especifica la identidad de la misma. "Esta Agrupación nació con un claro objetivo: definir, formar y gestionar colecciones únicas en el mundo sobre Gemología y Artes Suntuarias para difundir el patrimonio natural y cultural mediante exposiciones de la máxima calidad y exclusividad", aclara el contenido en internet.

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