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Málaga/Málaga sale a la caza de los patinetes eléctricos que infrinjan las normas de seguridad vial. El Ayuntamiento pondrá dos radares móviles en los cinco puntos negro que ha localizado en la ciudad. En el último año, los accidentes relacionados con este tipo de vehículos han aumentado un 30%, de 210 a 280.
Los patinetes que sean cazados a más velocidad de lo permitido serán multados con 200 euros por la Policía Local. Además, podrán retirar el vehículo en caso de que pase de los 25 kilómetros por hora, por no cumplir con las características recogidas en el Reglamento General de Vehículos. También podrán retirar los vehículos si los llevan menores de 16 años.
En base a la normativa estatal, la Ordenanza de Movilidad de la Ciudad de Málaga fija los siguientes límites de velocidad para los VMP: 25 kilómetros por hora en carriles bici segregados y delimitados de la calzada; 15 kilómetros por hora en carriles bici delimitados en zonaspeatonales; 20 en Zonas 20, calles residenciales y vías de plataforma única; y 25 en el resto de vías. La denuncia recaerá sobre el conductor, sin importar si el patinete es de alquiler o en propiedad.
Desde el Ayuntamiento se persigue no sólo promover el respeto de los límites de velocidad, sino también concienciar a todos los usuarios sobre la importancia de una conducción responsable. Avelino Barrionuevo, concejal de Seguridad Ciudadana y Trinidad Hernández, responsable de Movilidad, han explicado que el operativo se instalará en distintos puntos de la red viaria, seleccionados en función de los datos recopilados en los últimos años por el Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA).
En concreto, la campaña se desarrollará inicialmente entre el 27 de mayo y el 9 de junio, aunque será replicada tantas veces como se considere necesario a lo largo del año.
Los dispositivos estarán compuestos por una unidad del GIAA equipada con radar móvil y otra notificadora, puesto que ante la carencia de matrícula de este tipo de vehículos se procederá a la identificación del conductor y a la notificación de la denuncia por exceso de velocidad en el mismo momento de su detección.
Además, el operativo corregirá otro tipo de infracciones que puedan concurrir, tales como circular con varios ocupantes, hacerlo por zona peatonal o utilizando el teléfono móvil, entre otras.
El Reglamento General de Vehículos establece que los VMP deben estar configurados para alcanzar una velocidad máxima por diseño de 25 kilómetros por hora. A partir de esa velocidad pasa a tener la categoría de ciclomotor, de manera que se requiere permiso de circulación, autorización de conductor y seguro.
Por otro lado, han señalado que la nueva Ordenanza Municipal de Movilidad Sostenible, cuyo trámite administrativo ya se ha iniciado, establece nuevas medidas de seguridad para el uso de los VMP, como la obligatoriedad de utilizar casco de protección homologado o certificado para su conducción o la de llevar consigo el certificado de circulación previsto en la normativa estatal.
Además, el conjunto VMP-conductor deberá tener una altura mínima de 1,5 metros, por lo que en el caso de no cumplirse será obligatorio el uso de un banderín de seguridad acoplado al vehículo de forma que, con su mástil, alcance esta altura.
Los requisitos se sumarán a otros ya vigentes como que el usuario debe tener una edad mínima de 16 años y no puede transportar a ningún pasajero ni trasladar a animales u objetos que dificulten la conducción segura. En cuanto a sus características, todos los VMP deben contar con sistemas de frenada, timbre, luces delanteras y traseras –encendidas a cualquier hora del día–, y elementos reflectantes o catadióptricos.
"Desde el Ayuntamiento se es partidario de estos modos sostenibles de movilidad urbana, pero siempre bajo la premisa de que se cumpla la normativa y se garantice la seguridad de todos los usuarios de la vía pública", han insistido.
En este contexto, han añadido, se enmarca la reciente limitación a la entrada en los autobuses de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) de aquellos VMP que no cumplan lo establecido en la resolución de 12 de enero de 2022 de la Dirección General de Tráfico (DGT), afectando tanto a los patinetes eléctricos como a otros dispositivos de movilidad personal eléctricos o dotados de baterías que no tengan las pertinentes certificaciones.
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