Málaga estudia cómo adaptar su tasa de basura a la legislación vigente

La oposición cifra el sobrecoste que supondrá a los ciudadanos en 8 millones de euros

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Una imagen de archivo en Los Ruices.
Una imagen de archivo en Los Ruices.

Málaga/Málaga estudia cómo adecuar su tasa de basura a la Ley de Residuos y aplicar que sean los ciudadanos que no reciclan los que acaben pagándolo vía una nueva tasa de basura (en Málaga no existe por separado al estar incluida en el IBI). La misma tiene que estar en vigor antes de abril de 2025, pero ya está penalizando con 30 euros por cada tonelada de residuos que no se reciclen y acaben enterrados en los vertederos. Además, obliga a que sean los ciudadanos los que paguen por ello mediante una tasa.

Que hay que hacerlo es claro, lo que aún está verde es el cómo. Carlos Conde, concejal de Economía y Hacienda, en una comparecencia en la Comisión que preside este jueves, ha asegurado que aún están con los primeros informes sobre cómo hacerlo, empezando por contabilizar desde el Área de Servicios Operativos y Limpieza cuánto cuesta la recogida, transporte y tratamiento de los residuos.

Después, están valorando si aplicarlo como una tasa, que sería impuesta por Gestrisam o como una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, que caería en las competencias de Limasam, pero contaría con la dificultad de estar gravada con IVA, además de ser "más compleja administrativamente".

Málaga, según ha explicado Conde, este no es un problema al que sólo se esté enfrentando Málaga, sino que esta casuística está afectando a la mayoría de ayuntamientos, motivo por el que la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) está remangada y trabajando en la misma línea.

Remedios Ramos, que pidió la comparecencia de Conde, viene incidiendo en “la nefasta gestión de los residuos por parte del equipo de gobierno del PP, lo que se plasma en el escalofriante dato de que cada día se entierran sin reciclar 730 toneladas de basura en el vertedero de Los Ruices, lo que va a suponer un sobrecoste a las arcas municipales de más de 8 millones de euros anuales por las multas".

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