Málaga aprueba la licitación para concederle el suelo a dos universidades privadas en Teatinos y Carretera de Cádiz
Contempla un plazo de concesión de 50 años, prorrogables hasta el máximo legal permitido
Cuatro universidades privadas, dispuestas a desembarcar en Málaga
Málaga/La junta de gobierno local de Málaga ha aprobado este viernes disponer la licitación, mediante procedimiento abierto y con multiplicidad de criterios de valoración, de dos concesiones demaniales sobre dos terrenos de titularidad municipal para la construcción e instalación de dos universidades privadas en el distrito Teatinos y el de Carretera de Cádiz, concretamente en los sectores de El Romeral y el Pato-Minerva.
La aprobación de estas concesiones se estima de interés público y social al apoyar la creación en Málaga de nuevas universidades en los términos definidos en la Ley de Universidades y en el texto refundido de la Ley Andaluza de Universidades que tienen como objeto la regulación básica de los requisitos para la creación, reconocimiento, autorización y acreditación de éstas, han indicado en un comunicado.
Los centros educativos que se instalen en las dos parcelas municipales tendrán personalidad jurídica propia y su objeto social será exclusivamente la educación superior en los términos que señala la Ley Andaluza de Universidades. Las parcela municipal objeto de concesión ubicada en El Romeral cuenta con una superficie de 22.519 metros cuadrados y la del sector del Pato-Minerva, de 27.623 metros cuadrados.
Suelo en El Romeral para una universidad privada
En el caso de la que se localiza en El Romeral, a su vez, se subdivide en dos parcelas, con calificación urbanística de equipamiento comunitario educativo y destinadas a equipamiento escolar. El coeficiente de edificabilidad de esta parcela previsto en el Plan Parcial de El Romeral es de 0,50; el resto de los parámetros deberá adaptarse a las calificaciones de su entorno, aunque por razones de interés público, como establece el PGOU, se podrán variar algunos parámetros mediante la tramitación de un estudio de detalle.
Suelo en Carretera de Cádiz para una universidad privada
Por su parte, la parcela ubicada en el Pato-Minerva (Carretera de Cádiz)también se subdivide en dos, de 12.208 y de 15.415 metros cuadrados. Ambas cuentan con calificación urbanística de equipamiento educativo y la edificabilidad prevista en el Plan Parcial El Pato establece para este tipo de uso un índice de edificabilidad de 0,50 metros cuadrados y, al igual que en la de El Romeral, los parámetros deben adaptarse a su entorno pudiendo variar mediante estudio detalle.
Condiciones de la concesión del suelo
Se ha aprobado el pliego de condiciones técnicas, económicas y administrativas que regularán ambas concesiones. Este contempla un plazo de 50 años, prorrogables hasta el máximo legal permitido; y un canon, que constituye el presupuesto base de licitación, de 102.063,31 euros anuales en el caso del emplazamiento ubicado en El Romeral, y de 176.714,28 euros anuales en el Pato-Minerva.
Respecto a la oferta económica -60 por ciento del total- se compone en primer lugar de la del canon -hasta el 40 por ciento de la baremación de las proposiciones- referido a una duración de la concesión de 50 años y a una edificación mínima de 11.259,50 metros cuadrados (en El Romeral) y 13.811,50 metros cuadrados (en el Pato-Minerva) de techo de uso educativo y previendo la actualización de la valoración para el supuesto que la edificabilidad sea aumentada por razones de interés público, mediante estudio detalle.
Y, en segundo lugar, de la relativa a las becas a disposición del Ayuntamiento y dirigidas a estudiantes malagueños, que deben incluir los licitadores y representa hasta el 20 por ciento de la baremación. Se trata del presupuesto anual que será destinado a becas desde el primer curso que se imparta y distribuidas entre los diferentes títulos oficiales que integrará la universidad (grado, máster, postgrado y doctorado).
El 40 por ciento restante de valoración de las propuestas viene dado por el proyecto educativo. Los licitadores deberán contar con un mínimo de tres años de experiencia como universidad con implantación nacional e internacional y aportar el plan de explotación y gestión con los usos de los suelos y que incluya, entre otros aspectos, una memoria justificativa de las actividades; los medios destinados a su realización; los proyectos que promuevan la internacionalización y el intercambio de profesorado y estudiantes; la labor de apoyo a los graduados en la búsqueda de salidas laborales o empresariales; premios y certificaciones en el ámbito docente; etc.
Por último, de conformidad con lo que establece la Ley Andaluza de Universidades, dado que para la creación de una nueva universidad se requiere, entre otros requisitos, la determinación de su emplazamiento, se recoge como condición suspensiva el reconocimiento como universidad del concesionario por la administración educativa competente.
Otros asuntos de la junta de gobierno de Málaga
Se ha aprobado también la convocatoria para cubrir el puesto de la Gerencia del Organismo Autónomo Centro Municipal de Informática (CEMI) del Ayuntamiento, mediante procedimiento público de concurrencia y libre designación. Este puesto, que tiene la consideración de órgano directivo, pertenece al subgrupo de clasificación profesional A1, nivel de complemento de destino 30 y lleva aparejada una retribución bruta anual de 80.000 euros.
Igualmente se han aprobado las bases que regulan dicha convocatoria y su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, así como en la página web del Ayuntamiento y, en extracto, en un diario de difusión nacional. Los interesados deberán presentar sus solicitudes dentro del plazo de los 15 días siguientes al de la publicación de dichas bases en el BOP.
La gerencia del CEMI había quedado vacante tras el cese del gerente aprobado el pasado 22 de enero, con efectos 1 de febrero, con el que se daba respuesta a la petición realizada por el gerente, que presentó su renuncia al cargo por motivos personales.
Precisamente, como consecuencia de dicha vacante en el CEMI, y teniendo en cuenta que su gerente era miembro del consejo rector del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria (Gestrisam), se ha aprobado su cese como miembro de dicho consejo y el nombramiento en su lugar del director General del Área de Innovación y Digitalización Urbana, Víctor Manuel Solla Bárcena, que pasa a pertenecer al consejo rector de Gestrisam.
También se ha dado luz verde a diversas modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento, que han sido negociadas con los representantes legales del personal funcionario y laboral de la Corporación en comisión mixta de negociación permanente.
Comprende modificaciones enmarcadas en la homogeneización y ajuste de la plantilla; se crean distintos puestos en función de las necesidades y objetivos de las áreas, fundamentalmente enfocados al avance como administración electrónica, transparencia y de mejora de servicios que se prestan a la ciudadanía; se realizan también cambios en adscripciones y denominaciones de plazas; y se amortizan otras plazas de fundaciones ya extinguidas e integradas en el Ayuntamiento.
Recurso de Pedro Moreno Brenes
Igualmente, y con base en el informe del Área de Recursos Humanos y de la Asesoría Jurídica, se ha aprobado la resolución por la que se desestima lo planteado en el recurso potestativo de reposición presentado por Pedro Moreno Brenes contra el acuerdo que resolvió la convocatoria para la provisión del puesto de Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local y al Concejal-Secretario de la misma.
Asimismo, tras la presentación de este recurso, el Ayuntamiento ha efectuado trámite de audiencia a Francisco Alejandro Merino Cuenca, adjudicatario del puesto.
El informe municipal recoge, entre otros argumentos jurídicos, que no concurren en este supuesto las exigencias del Tribunal Constitucional de vulneración del principio de igualdad en el acceso a la función pública, apuntando que "queda constancia de que el acuerdo objeto de recurso ha sido suficientemente motivado, cumpliendo con las exigencias recogidas en la legislación vigente". Además, la suspensión del acuerdo comportaría un perjuicio grave para el interés general de la organización de los servicios municipales.
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