Málaga notifica a La Invisible el cese de actividades: de incumplir puede acabar en la vía penal

Puerta de La Invisible por Andrés Pérez, cerrada.
Puerta de La Invisible por Andrés Pérez, cerrada. / Javier Albiñana

Málaga/El Ayuntamiento de Málaga, por vía de la Policía Local, ha notificado este jueves a La Invisible el decreto de cese de actividad por el que no puede celebrar ningún acto de libre concurrencia. O lo que es lo mismo, ni barra ni conciertos ni fiestas ni exposiciones en el inmueble sito en Calle Nosquera 9 y 11. En caso contrario, el Ayuntamiento continuaría con el precinto del inmueble, que podría terminar en la vía penal en caso de desobediencia continuada.

Es el último capítulo del edificio municipal okupado hace más de 16 años y que desde entonces es la sede del centro cultural autogestionado La Invisible. Sobre el mismo hay dos procesos judiciales abiertos, uno que versa sobre la cesión del inmueble y un segundo, abierto por Urbanismo, en el que se solicita el desalojo.

En el decreto de cierre, al que ha tenido acceso este periódico, se recoge que en el interior del inmueble "se están realizando actividades de hostelería sin someterse a los medios de intervención administrativa que corresponda, al no haber presentado declaración responsable y la realización de actividades extraordinarias de actividades sin autorización", como se describe en un informe de la Policía Local fechado el 16 de noviembre y que constata actividad los días 7, 13 y 15 de noviembre.

El documento decreta el cese inmediato de la actividad de hostelería y prohíbe su ejercicio a La Casa Invisible. Además, suspende los actos públicos que no cuenten con la autorización pertinente. En caso de incumplir con estas medidas, Elisa Pérez de Siles, concejala de Aperturas y portavoz del equipo de Gobierno, anunció que se iniciaría la vía penal por parte del Ayuntamiento, en una rueda de prensa celebrada el 13 de diciembre.

La Invisible ha convocado una rueda de prensa este viernes para explicar "su situación" y mantienen que el Ayuntamiento busca un "desalojo encubierto". Hasta el momento han defendido que los movimientos del Ayuntamiento para coartar la vía comercial del patio atentan contra la seguridad jurídica al no permitir la tutela judicial efectiva, señalando que hay dos juicios aún pendientes respecto a la cesión del edificio.

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