Málaga registra 24 denuncias diarias por una ciberdelincuencia "cada vez más sofisticada"

Las comisarías y cuarteles de la provincia de Málaga contabilizaron 8.894 delitos cibernéticos en el último año, lo que supone una media de 24 denuncias diarias por delitos de esta índole. Una cifra que experimenta una leve bajada –del 3,15%– con respecto a 2020, cuando la cifra se disparó a causa de la pandemia, con 9.183 crímenes relacionados con las nuevas tecnologías, según figura en un informe sobre la cibercriminalidad en España elaborado por el Ministerio de Interior.

Y es que el principal crecimiento se produjo antes de la crisis sanitarias, entre 2018 y 2019, pues los expedientes abiertos por crímenes de esta índole pasaron de 3.651 a 6.656. Luego, en 2020, se volvió a dar otro repunte similar hasta casi alcanzar la barrera de los 10.000 delitos cibernéticos de los que se tiene constancia al año en la provincia de Málaga.

Aunque durante 2021 esta cifra disminuyó ligeramente, la tendencia se sigue manteniendo al alza y Málaga repite por segundo año consecutivo como la séptima provincia española en número total de hechos denunciados por esta actividad delictiva, superándola -por orden- Madrid, con 53.039; Barcelona, con 36.008; Valencia, con 16.679; Sevilla, con 10.357; Alicante, con 10.133, y Vizcaya, con 9.382.

En su informe sobre la ciberdelincuencia, el Gobierno admite que es previsible que ésta vaya en aumento, como está haciendo en toda Europa. “Los ciberataques y la ciberdelincuencia están aumentando en toda Europa, y cada vez son más sofisticados. Esta tendencia seguirá agravándose en el futuro, ya que se espera que 22.300 millones de dispositivos en todo el mundo estén conectados a internet de aquí a 2024”, apunta el informe, citando a las instituciones europeas.

Interior distingue nueve ciberamenazas principales. La primera es la de los programas de secuestro, que suponen un tipo de ataque malintencionado en el que los ciberdelincuentes encriptan los datos de una organización y exigen un rescate para restaurar el acceso. El precio medio de los rescates se ha duplicado.

La segunda es la de los programas malignos, concebidos para dañar un dispositivo, perturbar su funcionamiento o acceder a él sin autorización. Estos ataques se han reducido en un 43% en la Unión Europea.

Los criptosecuestros o criptominería maliciosa consisten en el uso no autorizado del ordenador, el teléfono inteligente o la tableta de un usuario para minar criptomoneda, que sigue siendo el método de pago más frecuente entre los delincuentes.

Los ataques por correo electrónico son tentativas de robo de contraseñas o datos de tarjetas de crédito a través de diversas técnicas, como el phishing (hay una variante por SMS) y el spam. Los mensajes gancho relacionados con el covid-19 siguen dominando los ataques por correo.

La quinta amenaza es la violación de la seguridad de los datos y fugas de los mismos, con divulgación de datos sensibles, confidenciales o protegidos en un entorno no fiable. Se ha producido un aumento de las violaciones de seguridad de datos sanitarios.

Otra cuestión es la de los ataques distribuidos de denegación de servicio, que impiden a los usuarios de una red o sistema acceder a la información, servicios u otros recursos pertinentes. Se han registrado más de diez millones de ataques distribuidos de denegación de servicio debido al covid-19.

La desinformación consiste en un ataque intencionado consistente en crear o divulgar información falsa o engañosa para manipular a la opinión pública. El covid-19 es uno e los principales temas de estos ataques

En octavo lugar están las amenazas no malintencionadas, que en su mayoría se deben a errores humanos, aunque también pueden darse como consecuencia de catástrofes naturales que causan daños en las infraestructuras informáticas. El 50% de estos actos se deben a fallos de configuración.

Por último, están las amenazas a la cadena de suministro, que son ataques dirigidos contra una organización a través de las vulnerabilidades de su cadena de suministro, capaces de producir efectos en cascada. El 58% de estos ataques tienen por objetivo el acceso a datos.

Europol desgranó recientemente las principales tendencias de la cibercriminalidad. En su informe de 2021 se extraen una serie de conclusiones, como que el ransomware o secuestro de datos se ha aprovechado de las vulnerabilidades del teletrabajo, así como que el aumento del mercado online lleva aparejado un incremento de las actividades intrusivas informáticas, como phising, robos de identidad o banca online.

Además, hay una creciente venta de productos médicos falsificados, como consecuencia de la pandemia del Covid-19. Los confinamientos han provocado un mayor acceso de la población infantil a contenidos en línea, con los riesgos que conllevan. Otra conclusión de Europol es que el comercio y la venta de datos privados, al amparo de accesos ilegales informáticos, es un mercado floreciente.

Asimismo, Interior destaca la intensa labor desarrollada en España contra los ciberdelincuentes. El pasado 13 de julio agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía Nacional de Rumanía y Europol, desarticuló en Málaga una organización internacional que habría estafado más de 3 millones de euros mediante fraudes cometidos a través de Internet.

La investigación se inició a finales de 2019 tras una denuncia interpuesta en la Comisaría de la Policía Nacional en Manacor, donde una víctima manifestaba haber sido estafada en la compra de un vehículo. Los investigadores descubrieron que dicha estafa no era un delito aislado, detrás de la misma se encontraba una importante organización criminal internacional formada por más de 30 personas, en su mayoría de nacionalidad rumana. Los integrantes de este grupo tenían un ámbito de actuación internacional habiendo ocasionado víctimas en Polonia, Suiza, Portugal, Alemania y Grecia, además de en España.

El modus operandi utilizado para cometer las ciberestafas consistía en publicar en Internet falsos anuncios de venta de vehículos de segunda mano u otros productos, con los que captaban la atención de las posibles víctimas y, tras concretar un precio y realizar éstas los primeros pagos para la compra, la organización rompía el contacto quedándose con el dinero. Para ello, incluso llegaban a utilizar anuncios verdaderoslegítimos de otros usuarios, cambiando únicamente los datos de contacto.

Para recibir el dinero utilizaban cuentas bancarias españolas abiertas con documentación falsa o con identidades usurpadas que habían conseguido a través de Internet simulando necesitarla para formalizar contratos de trabajo con las víctimas.

Una vez recibido el dinero lo transferían rápidamente entre las cuentas controladas por la organización, para finalmente extraerla en cajeros en España o enviarlas a cuentas extranjeras. Asimismo se detectó la utilización de una empresa pantalla para el blanqueo de capitales, mediante la que conseguían introducir de nuevo el dinero obtenido de forma ilícita en el tráfico legal.

Interior apunta que gestionó 109.126 incidentes de ciberseguridad en España durante el año 2021. La mayoría de ellos fueron malwares y fraudes informáticos. El 30% afectó al sector estratégico de la energía, y el 25% al sistema tributario y financiero.

En cuanto a los hechos delictivos conocidos, fueron 305.477 en toda España. El 87,4% de ellos fueron fraudes informáticos, el 5,7% amenazas y coacciones y el 3,4% falsificaciones informáticas. Porcentajes menores coparon los delitos contra el honor, los sexuales y contra la propiedad intelectual o industrial.

El informe apunta a que hubo 240.100 victimizaciones (que no víctimas, es decir, una misma persona o víctima pudo sufrir más de un delito o victimización). Los hombres sufrieron más ataques que las mujeres, y por edades, destaca la franja de edad de los 26 a los 40 años. La mayoría de las víctimas fueron españolas.

Hubo 13.801 detenidos, de los que tres cuartas partes fueron hombres. El 79% de los mismos fueron españoles y el 21% restante extranjeros, siendo los procedentes de América los más numerosos.