Análisis
Santiago Carbó
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MÁLAGA/La Plataforma en Defensa de la Educación Pública, integrada por estudiantes, padres y sindicatos de enseñanza, volvió ayer a las calles en un intento de recuperar el espíritu de la marea verde, un conjunto de protestas que nació a finales de 2011 para luchar contra los recortes educativos. Una batalla que sigue librándose en toda España. En Málaga, acompañados por una tormenta repentina que coincidió en tiempo, a penas medio centenar de personas acudieron a esta llamada en la plaza de la Constitución para alzar la voz contra los recortes, contra el borrador de los Presupuesto Generales del Estado y contra un Pacto Educativo que se está cocinando "de espaldas" a la su comunidad.
"Nos movilizamos contra las políticas educativas del Partido Popular, que van en contra de la escuela pública y que están intentando desmantelarla", explicó Diego Molina, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras. El sindicato parte de una situación, la de la escuela pública, en la que existen "los itinerarios selectivos, aulas masificadas y evaluaciones externas en unos centros educativos deteriorados". Esta coyuntura, defienden, hace que "las familias sigan sin recibir ayudas" y que se vean obligadas, por el contrario, a "aumentar sus gastos" para "compensar los déficit de atención en las escuelas".
De la misma forma, el profesorado "continúa enfrentándose a las dificultades de tener que impartir docencia en aulas con demasiado alumnado, con disminuciones de sueldo y, en muchos casos, en situaciones de interinidad que se alargan indefinidamente a lo largo de años".
Ante esta situación, las protestas de ayer canalizaron la indignación del colectivo educativo ante el borrador de los Presupuestos Generales del Estado, que "vuelven a reducir la inversión pública en educación al 3,7% del PIB, un dato similar al registrado en el año 1992" y que refleja la intención del Ejecutivo de Mariano Rajoy de "institucionalizar los recortes". La propuesta pasa por alcanzar el 5% en esta legislatura y por lograr, progresivamente, la inversión se sitúe cerca del 7%, "que sería lo adecuado". Otras de las grandes bazas de las protesta fue el pacto educativo, un proyecto que se está cuajando en los últimos meses en el Congreso de los Diputados "de espaldas" a la comunidad educativa. "Pedimos un Pacto Educativo real, en el que todas las fuerzas educativas y sociales estén participen. Es la única forma de que España tenga una ley que no esté condicionada por los partidos políticos", afirmó Molina.
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