Médicos de la sanidad privada de Málaga denuncian el pago de aseguradoras de 10 euros por consulta

Málaga/Hace más de una década que los facultativos de la sanidad privada vienen denunciando las bajas tarifas que les abonan las aseguradoras. Un médico general o un pediatra puede cobrar de estas compañías unos 10 euros por consulta. Los especialistas perciben algo más. Estos bajos precios les obligan a ver más pacientes para hacer rentable su actividad.

Ante esta situación que se prolonga desde hace muchos años y se acentúa con la inflación disparada, los profesionales se plantan. El Colegio de Médicos de Málaga y el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos han promovido reuniones con las aseguradoras a fin de negociar una actualización de los baremos acordes con los tiempos que corren. Exigen primero una recuperación de las tarifas y luego un ajuste anual con el IPC. Además, reivindican una armonización a nivel nacional para que no haya diferencias entre comunidades.

Los facultativos insisten en que no se trata sólo de una cuestión económica, sino también de dignificación profesional. Una mejor retribución por consulta les permitiría no tener que cargar tanto sus agendas para hacer rentable su actividad y por lo tanto tendrían más tiempo para ver a los pacientes.

“Hemos llegado a un punto de no retorno. Desde el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM), al que pertenece el Colegio de Málaga, se ha iniciado una ronda de negociaciones con las aseguradoras y no cejaremos en nuestro empeño de mejorar cambiar el panorama actual. Es inadmisible que las compañías estén pagando 10 euros por consulta. No sólo es un retribución indigna sino que ese bajo coste implica que los médicos tengan que duplicar sus agendas lo que supone una merma en la calidad asistencial y perjudica a los pacientes”, manifestó el presidente de la entidad malagueña y vicepresidente primero del CACM, Pedro Navarro.

El pasado miércoles, la institución celebró una reunión informativa a la que acudieron unos 150 facultativos de la sanidad privada. Según el Colegio, “el clamor fue unánime” a la hora de reivindicar mejores condiciones económicas, más tiempo para ver a los pacientes y mayor dignificación profesional.

La voluntad tanto de la entidad colegial malagueña como del CACM es de negociación con las compañías. En la actualidad, las aseguradoras no acuerdan las tarifas sino que las imponen. Pero pese a esa disponibilidad negociadora, el Consejo Andaluz de Colegio de Médicos ha iniciado “acciones administrativas previas a una posible acción judicial con el fin de denunciar la posición de dominio de las aseguradoras privadas”.

La ronda de negociaciones con las compañías comenzó el 30 de enero. Seguirá el próximo 15 de febrero, en Sevilla, con Adeslas y DKVSalud. Que Málaga haya liderado esta reivindicación no es casual. La provincia está a la cabeza de la comunidad autónoma en número de médicos que se dedican a la sanidad privada. De los 9.775 facultativos de alta en el Colegio de Médicos (Commálaga), 4.165 trabajan en la sanidad privada, de los que 3.111 ejercen en exclusiva en este sector y 1.054 lo hacen de forma mixta, compatibilizándolo con pública.

“Según datos publicados por la patronal de los seguros (Unespa) a final de 2022, casi medio millón de malagueños, el 30% de la población, cuenta con un seguro médico privado. Málaga es la tercera provincia en España con mayor actividad en la sanidad privada”, explicó Carlos Bueno, representante de Ejercicio Libre de Commálaga.

Por su parte, el vicepresidente segundo del Colegio, José Antonio Trujillo, durante la reunión del miércoles apuntó que “es un tiempo para la negociación; somos muchos, estamos movilizados y se han dado todas las circunstancias para negociar”.

En este sentido, el jefe de la Asesoría Jurídica, José Enrique Peña, explicó que la directiva europea C/374/2022 sobre las condiciones laborales de los profesionales autónomos “podría favorecer que los colegios profesionales tuvieran competencias para negociar los baremos con las compañías, cosa que hasta ahora no ha sido posible debido a las restricciones que establece la Ley Ómnibus para las corporaciones de derecho público”.

Dentro de las iniciativas para conseguir sus objetivos, el CACM ha realizado acciones legislativas para que se regulen los baremos, ha mantenido encuentros con representantes del Parlamento andaluz y las Cortes generales y ha iniciado el camino para esa posible acción judicial a fin de “denunciar la posición de dominio de las aseguradoras privadas”.