El Metro pone rumbo al precipicio

El Metro de Málaga se adentra en un escenario de bloqueo nunca antes visto en su breve historia. El informe negativo emitido el pasado jueves por el Ayuntamiento de Málaga no solo sentencia a muerte la llegada de los trenes en superficie hasta el entorno del Hospital Civil, sino que además acerca al precipicio el futuro inmediato del proyecto. El paso adoptado, calificado ayer como "un acto de mala fe" por parte de la Junta de Andalucía, enfrenta la iniciativa a unas consecuencias económicas que podrían dar al traste con la red en su totalidad.

Si bien el delegado del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo, prefirió no pronunciarse en estos términos de gravedad, sí fue claro al incidir en que la negativa municipal a apoyar el proyecto tranviario hacia la zona norte, alegando que no se adecua al planeamiento urbanístico, supone un "torpedo a la línea de flotación" del suburbano, hiriendo de manera clara su "viabilidad".

La preocupación generada en la Consejería de Fomento es compartida por los socios privados responsables de la explotación. Ambas partes acordaron ayer, tras una conversación telefónica, la convocatoria urgente del consejo de administración de Metro Málaga, al objeto de analizar las posibles "consecuencias" que se derivan del acto municipal. A la espera de incidir en ello, el responsable regional sí recordó que la posición ahora oficializada por el equipo de gobierno del PP "dinamita" el pacto alcanzado y firmado por las dos instituciones en noviembre de 2013.

Una de las derivadas que puede estar sobre la mesa es que la negativa a aceptar la llegada a la zona norte pueda afectar a los trabajos ya en marcha en la Alameda y a la licitación para retomar las obras en el entorno de El Corte Inglés. "Es evidente que es un escenario nuevo, que todo estaba recogido en el acuerdo global que se firma en 2013, y que si ponen en entredicho lo contemplado en ese acuerdo habrá que estudiarlo todo", expuso.

Un acuerdo marco, que lleva la firma del alcalde, Francisco de la Torre, que permitió desbloquear la puesta en servicio parcial de las líneas 1 y 2 del suburbano, pero que además sirvió de base para la novación del crédito con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que permitió la aportación de 46 millones de euros; modificar el contrato con la concesionaria, ampliando el periodo de terminación de los tramos pendientes de ejecución; y concretar las partidas finalmente incluidas en los presupuestos de la Junta.

"Este pronunciamiento del Ayuntamiento implica una responsabilidad patrimonial que puede tener gran alcance", afirmó Ruiz Espejo, para el que además de poner "en cuestión la viabilidad económica y social de la red, deja en el aire toda una serie de acuerdos contractuales, financieros y presupuestarios que se materializaron en junio de 2014". Asimismo, incidió en que del informe municipal "afloran graves consecuencias para la culminación global del proyecto del Metro".

Precisamente, el protocolo sobre el que se asienta la culminación del ferrocarril urbano es claro en este sentido, al incidir en que tanto la llegada soterrada del Metro hasta la Alameda Principal como en superficie hasta el Civil forman parte de "un acuerdo global que completa el proyecto, tanto desde los aspectos constructivos y de la explotación como de la financiación a aportar por las dos administraciones".

A ello se agarra justamente la Junta para subrayar la repercusión de la decisión municipal. "No es una suma de ramales, sino una red integrada que garantiza la cobertura a los cuatro distritos más densamente poblados de la ciudad, así como el distrito de servicios y equipamientos por excelencia", dijo Ruiz Espejo.

Desde la Administración regional, se incidió en que las consideraciones ahora reflejadas por los técnicos de la Gerencia de Urbanismo, rechazando el tranvía por no adecuarse a lo previsto ni en el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Málaga (Potaum) ni en el Plan General de la ciudad, "deberían haber sido consideradas detenidamente por el Ayuntamiento de Málaga antes de formalizar la firma del protocolo". "Todos esos documentos a los que se refiere son anteriores a la firma", destacó el delegado.

A la espera de mayor concreción, la sombra que se cierne sobre el proyecto es alargada. Más aún teniendo en cuenta la existencia de cláusulas en el contrato con la concesionaria que cuantifican en hasta 830 millones de euros la compensación económica que habría de aportarse en el supuesto de que el Metro dejase de funcionar y lo hiciese por causas imputables a las administraciones. En la suma se incluirían "los beneficios esperados el plazo restante de la concesión".

Ayer, el equipo de gobierno del PP se reafirmó en su negativa a la propuesta tranviaria. El concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, aseguró que el pronunciamiento "está cargado de razones técnicas", al tiempo que acusó a la Junta de sacarse "de la manga" esta intervención. "Demasiado deprisa, sin escuchar ni al Ayuntamiento ni a los vecinos", añadió. Ahora, según el edil del PP, "la pelota está en manos del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía; espero que, como prometió la presidenta, Susana Díaz, en su día en Málaga, no se haga si no es de la mano del Ayuntamiento y de los vecinos".

Pomares incidió en que los residentes de la zona "no quieren el tranvía", mientras que el Consistorio "ha sido claro porque el proyecto constructivo ni cumple los temas de movilidad ni los urbanísticos". Por ello, confió en que el Gobierno andaluz "se siente con el Ayuntamiento y los vecinos a diseñar un proyecto mucho mejor". Sobre ello, especificó que el Metro soterrado "sí está permitido por el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (Potaum) y el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)".

Respecto a las consecuencias económicas derivadas de la negativa al tranvía, el concejal defendió que no se puede aceptar "un mal proyecto sólo por cuestiones de dinero; se trata de un proyecto de futuro que cambia Málaga". "No debe ser lo prioritario el aspecto económico sobre criterios lógicos, objetivos y públicos", insistió.

La prolongación en superficie de la línea 2 , procedente de Carretera de Cádiz, "no está recogida ni en el Potaum ni en el PGOU y afecta claramente a la intención original del Metro, que tenía que traer soluciones de movilidad y ampliar el espacio público". Por el contrario, según el concejal de Ordenación del Territorio, "ninguna de estas cuestiones se consigue con el tranvía proyectado ahora". "El tranvía ocupa la mayoría del espacio público", apostilló.