Movilización en Málaga por la Atención Primaria y contra su "privatización"
Concentración de CCOO, UGT y CSIF en el centro de salud de Arroyo de la Miel
Atención Primaria tratada como secundaria
Málaga/Mejoras en la Atención Primaria ante su "grave" deterioro e "inmediata retirada" del proyecto de Orden que "pretende privatizar" esas consultas. Con estas reivindicaciones, CSIF, UGT y CCOO se han concentrado este jueves ante el centro de salud de Arroyo de la Miel, en Benalmádena. Una movilización que se ha repetido de forma simultánea en el resto de las provincias andaluzas.
Los sindicatos exigen, entre otras medidas, un incremento del presupuesto, mejoras de retribuciones a los profesionales, aumento de plantilla para que la cobertura de las ausencias sea del 100%, reducción de pacientes por consulta y refuerzo de personal administrativo.
También reclaman la "inmediata retirada" del proyecto de Orden que, según denuncian, "pretende privatizar las consultas" de Atención Primaria. "Un proyecto que no se ha negociado ni con la sociedad ni con los sindicatos, ya que ni siquiera se nos consultó sobre su contenido, y que supone una auténtica aberración que pone de manifiesto la falta de capacidad para generar soluciones al grave problema que tiene el sistema por parte de la Consejería de Salud", argumentan los sindicatos.
Aunque el calendario de movilizaciones se trazó para exigir mejoras en este nivel asistencial, finalmente la polémica sobre este proyecto ha añadido una razón más para la protesta. Para CCOO, UGT y CSIF, "una cuestión tan importante se tramitó a mediados de agosto y se incluyó a hurtadillas en la Orden, dado que sólo aparece en una tabla que establece una cantidad por consulta dentro de un documento de un total de 27 páginas". Las tres organizaciones denuncian que "aunque se dio audiencia a la Confederación de Empresarios de Andalucía y a la Alianza de la Sanidad Privada Española, se excluyó a los sindicatos".
Además, apuntan que, "de manera sorprendente", la Junta "pagaría mucho más" por esas consultas externalizadas que lo que cobraría un profesional del propio Servicio Andaluz de Salud (SAS). Por ejemplo, una empresa privada que viera 16 pacientes en una tarde cobraría un total de 1.040 euros, mientras que un médico del SAS que atendiera esas consultas, en horario de tarde, cobraría un total de 214.65 euros, lo que supone pagar por un servicio con menor número de pacientes un 484.50 % más que si el mismo servicio se atendiera en los servicios públicos.
Coincidiendo con la concentración, los sindicatos emitieron un comunicado conjunto en el que exigieron al SAS que "se siente a la mesa de negociación para abordar soluciones globales a la Atención Primaria, que pasan por la mejora de su financiación y de su organización y no por su privatización". Para CCOO, UGT y CSIF las medidas para mejorar la Atención Primaria "no pueden ser soluciones improvisadas para una sola profesión de las muchas que prestan servicios en nuestros centros de salud". Además, advierten que, si el SAS no muestra una "auténtica voluntad negociadora", las movilizaciones "se van a intensificar".
Por su parte, la Junta ha negado "tajantemente" que esté ultimando la privatización de este nivel asistencial. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, aseguró este pasado lunes, tras la denuncia de Por Andalucía, que "están absolutamente confundidos, no tiene nada que ver, no han debido leer bien los documentos". La confluencia de izquierdas acusó a la Junta de que, si se aprobase la Orden en los términos previstos, permitiría por primera vez concertar con clínicas privadas la Atención Primaria.
"Niego tajantemente que eso tenga que ver con la gestión ordinaria en la sanidad publica en Andalucía, es falso", dijo Sanz, quien pidió que "no haya tanta mala fe cuando se interpretan las cosas" porque, "si se engaña y se miente", se confunde a la ciudadanía.
El consejero argumentó que la pretensión de la orden de Salud es precisamente garantizar a la ciudadanía una cobertura ante cualquier tipo de situación, "incluso la que deseamos que jamás vuelva a ocurrir", un aspecto que no estaba regulado hasta el momento y que implicó durante una pandemia unos elevados costes.
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