Navarro destaca que el decreto Simplificación Administrativa impulsará la promoción y el acceso de VPO

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha presentado este jueves en Marbella las nuevas medidas del Plan Andalucía Simplifica, que cambian la normativa de acceso alas Viviendas de Protección Oficial (VPO) y que van a permitir “reactivar la construcción de VPO y que puedan a acceder a ellas más ciudadanos”.

Navarro, que ha mantenido hoy una reunión con la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha destacado que el cuarto decreto de Simplificación Administrativa del Gobierno andaluz, enmarcado en el Plan Andalucía Simplifica y recientemente aprobado en Consejo de Gobierno, va a contribuir a la reactivación de ese mercado con la construcción de más VPO, así como que más ciudadanos puedan acceder realmente a ellas.

“Estos cambios eran absolutamente necesarios para la reactivación de la vivienda pública porque durante tres años ha estado casi parada por parte de los promotores y aumentar su construcción es una demanda clara de los ciudadanos”, ha dicho la delegada.

En este sentido, ha explicado que se va a posibilitar la construcción de miles de viviendas protegidas en Andalucía, muchas de ellas en la provincia de Málaga, “lo que nos va a permitir ganar en competitividad, ya que otras comunidades autónomas, como Cataluña, Baleares o Madrid, cuentan con condiciones más favorables para el desarrollo de vivienda asequible, tanto en venta como en alquiler».

La intención, con el nuevo decreto de simplificación administrativa, es aumentar aún más la oferta en menos tiempo y llegar a más ciudadanos. Por un lado, el módulo básico, que sirve de base para la definición del precio de venta o alquiler de las viviendas protegidas, se incrementa un 14,5% y se establece una actualización anual automática en función del Índice de Precios de Consumo (IPC), con lo que se pretende animar a los promotores a participar más en las promociones de este tipo.

“Se trata de adaptar los precios a la notable subida de los costes de la construcción en los últimos tres años y equipararnos también a otros territorios”, ya que existen informes que acreditan que los precios de la vivienda protegida en Andalucía, ya sea en el régimen general o en el régimen limitado, en los municipios donde el precio es mayor, se encuentran muy por debajo del precio de la vivienda protegida en comparación con otras comunidades autónomas, ha explicado Navarro.

Además, el decreto de Simplificación Administrativa incluye una modificación sobre el visado del contrato, que es sustituido por una declaración responsable del promotor para eliminar cargas administrativas y, con ello, ahorrar tiempo en el procedimiento y agilizar los pasos para que las viviendas protegidas lleguen a sus destinatarios con la mayor celeridad posible.

Facilitar el acceso a compradore y arrendatarios

La delegada ha indicado que, de cara a las empresas promotoras y constructoras, “se trata de eliminar obstáculos que dificultan la apuesta por la vivienda protegida, pero también queremos facilitar el acceso a los compradores o arrendatarios”.

En este sentido, se toman medidas para ampliar el número de posibles destinatarios con nuevas ponderaciones sobre el número de integrantes de las unidades familiares y la modificación del cálculo de ingresos que permiten el acceso a éstas.

Estos cambios facilitarán el acceso a la vivienda protegida a unidades familiares, especialmente jóvenes, que con los criterios de ponderación anteriores habrían visto reducidas sus posibilidades de acceso.

Y al incrementarse los límites de ingresos para el acceso a viviendas protegidas de régimen general y de precio limitado, se consigue que, ciudadanos que estaban excluidos de esta opción por su nivel de rentas pero que, sin embargo, tampoco contaban con poder adquisitivo suficiente para el acceso a una vivienda libre, puedan verse beneficiados de esta actividad de fomento del acceso a una vivienda protegida.

También se agiliza el proceso de adjudicación determinando que la renta máxima de alquiler de viviendas protegidas establezca el 4,5% como precio máximo de referencia.