Niegan que estafaran a extranjeros en Alcaucín con suelo no urbanizable

El ex alcalde de Alcaucín José Manuel Martín se sentó ayer en el banquillo de los acusados, junto con seis personas más, en una causa separada de Arcos, que comenzará a enjuiciarse el próximo mes de noviembre. La Fiscalía considera en este caso que tres de los acusados orquestaron una estafa sobre unos terrenos no urbanizables del municipio que vendieron a tres extranjeros y sobre los que se edificaron cuatro viviendas. Al ex regidor lo acusa de haber consentido las edificaciones. La vista oral comenzó en la Sección Octava de la Audiencia Provincial con una declaración de "inocente" por cada uno de los siete encausados.

Únicamente prestaron declaración ante el Tribunal de la Sala tres de los acusados, por lo que no será al menos hasta la próxima sesión del juicio -programada para el 25 de octubre- cuando el regidor de la localidad axárquica conteste a las preguntas del Ministerio Fiscal.

El acusado Anthony O. compró unos terrenos en el núcleo urbano de El Espino de Alcaucín, sobre los que el fiscal le acusa de haberse concertado con el abogado que lo representaba y otro de los acusados -al que vendió parte de la parcela- para obtener un rendimiento urbanístico. El encausado se defendió asegurando que él solo quería una casa con un terreno para cultivar hortalizas, por lo que cuando descubrió las grandes dimensiones que alcanzaba, vendió una parte a otro de los acusados. "Sólo soy un mecánico de coches que no conoce las leyes y necesita a profesionales porque no sé español", arguyó durante la vista a través de una intérprete. Explicó que fue su abogado quien lo asesoró en la compra y posterior venta y quien se encargó de los trámites de la construcción de la vivienda, que siempre pensó que era legal. De hecho, a día de hoy sigue pensando que se puede legalizar, aseguró. Sobre el alcalde de Alcaucín dijo que ni siquiera lo conoce.

El abogado que asesoró en la compra inicial de la parcela, Felipe R., concretó que los terrenos eran urbanizables porque él mismo se encargó de comprobarlo por distintos medios: a través de dos despachos de Madrid y de dos arquitectos de Marbella, de los que no reveló ningún nombre acogiéndose al secreto profesional, e incluso a través de la Diputación Provincial. Aseguró que nunca se reunió con el entonces regidor del municipio, "ni para éste ni para ningún otro asunto". Por lo que al concretar con los técnicos de Diputación que en el municipio no constaban normas subsidiarias aplicables al terreno, le explicó a su cliente, al igual que a los tres extranjeros que después también compraron suelo -una venta de la que se desvincula-, que podrían construir siempre y cuando solicitaran licencia y el Ayuntamiento se la concediera. La relación con estos compradores, que se alargó hasta que se inició este procedimiento judicial, fue la de "resolver los problemas en los que ellos solos se metían", aseguró.

El tercer acusado que supuestamente orquestó la trama es Manuel O., que adquirió el terreno sobrante tras la primera compra. El encausado explicó que él no compró los terrenos sino que estos fueron una garantía sobre un préstamo que le hizo al primero de los acusados. De hecho, llegó a decir que los contratos de venta a los extranjeros que acabaron edificando viviendas los vio por primera vez cuando la Guardia Civil lo citó a declarar, porque él no los ha firmado. Aunque, por otra parte, no ha denunciado la presunta falsedad documental que se habría producido.

Las defensas de los siete acusados se mostraron de acuerdo en las cuestiones previas expuestas ante la Sala en que los presuntos delitos que se empezaron a juzgar ayer ya habrían prescrito, en la medida en que las obras de las cuatro viviendas sobre suelo no urbanizable se finalizaron a finales de 2005 o principios de 2006 y no fue hasta 2009 cuando se realizaron las primeras actuaciones judiciales.

El fiscal insistió entonces en que son tres delitos de los que se les acusa, construcción ilegal, estafa y prevaricación urbanística; y que al estar considerados como delitos conexos, la prescripción se aplicaría sobre el más grave -estafa-, en el que el plazo previsto es de diez años. El Ministerio Público solicita para cada uno de los acusados 9 años de prisión y pide que indemnicen a los tres compradores de las parcelas en las cantidades entregadas, que asciendes a 490.500 euros. Además plantea la demolición de las construcciones.