"Niños de Burundi no tienen familia porque está bloqueada su adopción"
Dos parejas malagueñas no pueden adoptar tras la quiebra de la única ONG autorizada en España para trámites en ese país
Después de unos seis años de trámites y de muchas ilusiones, dos parejas malagueñas que intentaban adoptar un hijo en Burundi ven peligrar seriamente esa posibilidad. La razón es que ha quebrado la única ONG española autorizada para los trámites en ese país. Las familias se han quedado a mitad del proceso y sin sus hijos. La ONG es Addis Galicia, una entidad colaboradora de adopción internacional (ecai) de esa comunidad autónoma. Las parejas urgen a la Xunta gallega, a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad a que tomen cartas en el asunto para desbloquear los expedientes de adopción.
"Las administraciones tienen la llave para desbloquear la situación. Les pedimos que no se pongan de perfil. Hay unos niños en Burundi que no tienen una familia porque las administraciones no se involucran lo suficiente", argumentó Carlos Hernández. Él y su pareja, Lidia Cabrera, ya tienen una niña adoptada de Etiopía. Querían darle un hermano, pero de momento sus deseos están en el aire. "Pensábamos que podía fallar algo en Burundi, pero resulta que lo que ha fallado ha sido la parte española", lamentó.
Carlos y Lidia son una de las 71 familias afectadas en toda España por la quiebra de Addis Galicia. Pero la peor parte se la llevan 30 parejas que tienen los expedientes iniciados para Burundi porque como esta ONG es la única autorizada para ese país africano, el proceso no lo puede continuar otra ecai. De esas 30 familias, 10 son andaluzas y de éstas dos son malagueñas.
Antonio López y Lourdes Gómez son la otra pareja de Málaga perjudicada por la situación. Ambos tuvieron un hijo biológico mediante reproducción asistida. Ya tiene ocho años. Querían darle un hermano y decidieron que acudirían a la adopción. Iniciaron los trámites en noviembre de 2011 y ya tienen el expediente en Burundi, pendiente solamente de la asignación de su hijo. Pero los problemas económicos de la ONG gallega ha hecho encallar sus esperanzas. "La vida nos está poniendo muchas complicaciones para ser padres", sostiene Lourdes.
Las familias ya han pagado 7.700 euros de los 11.000 que cuesta todo el proceso. Cuando Addis Galicia empezó con problemas económicos, pidió ayuda a la Xunta de esa comunidad. Pero la respuesta de la Administración gallega fue que el rescate financiero de la entidad tenían que hacerlo las familias. En síntesis, que cada pareja tenía que poner unos 6.700 euros, además de los 3.300 que les quedaban pendientes. La solución dada por la Xunta era para las diez primeras familias de la lista. Lourdes es la primera. Y aceptó. Pero como sólo cuatro dijeron que sí, esta alternativa se frustró. En síntesis, que los procesos de adopción siguen bloqueados.
"La Junta de Andalucía se podía hacer cargo de los expedientes andaluces o presionar a la Xunta. Pero todas las Administraciones nos cierran las puertas para adoptar", se queja Lourdes. Y añade: "Las administraciones no nos dan ninguna solución. Nos dicen que nos olvidemos, que elijamos otro país y que empecemos de nuevo. Pero eso es imposible. Yo tengo 39 años y con lo que tardan estos trámites, no me veo con 50 años con un bebé". Carlos tiene 43 años y su esposa 44. "Es imposible empezar de nuevo. No solo por energía vital para criar a un hijo sino porque por nuestra edad nos salimos del rango, incumpliríamos los requisitos de edad para adoptar", explica. Además, las familias aclaran que por las normas estipuladas en el contrato que firmaron con Addis, no pueden contactar de forma directa con la administración de Burundi. Así que aquí hay familias que quieren adoptar y allí niños que no tienen padres. Pero nadie les ayuda a encontrarse.
La Junta recuerda que no tiene la competencia
La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales aclaró que en el caso concreto de estos expedientes de Burundi "no tiene ninguna competencia en las adopciones que se están tramitando con este país". Por ello, la Administración autonómica indicó que "no puede ni entrar a valorar el fondo del asunto ni resolver, correspondiendo estas actuaciones a la Xunta de Galicia, que es la que tiene acreditada a la entidad Addis Galicia". No obstante, la Consejería informó de que ha dado traslado al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para que estudie el caso. Asimismo, aseguró que desde esta Administración autonómica "se está prestando todo el apoyo y asesoramiento a la pareja afectada, como corresponde hacer a la Junta de Andalucía con las personas residentes en la comunidad andaluza".
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