Novedades en Callejones del Perchel: retiran las demandas de desahucios y los vecinos empiezan a acordar salidas

Quedan 33 vecinos por pactar con la promotora, 23 de ellos a los que están buscando solución habitacional de los 50 que estaban afectados en un inicio

El alcalde de Málaga se compromete con los vecinos de El Perchel a mediar con la promotora

Málaga pide a la propietaria de Callejones del Perchel que retire las demandas desahucio

Vista aérea de los Callejones del Perchel
Vista aérea de los Callejones del Perchel / Javier Albiñana

Málaga/Lo que en un principio parecía una situación con negro final, ahora parece estar reconduciéndose y encauzándose hasta una vía de común acuerdo. Los inquilinos de Callejones del Perchel están comenzando a llegar cada vez a más acuerdos con el fondo que compró sus viviendas. Además, la empresa retiró las dos denuncias de desahucio que había presentado en el juzgado.

Esto supone no sólo un rayo de luz, es más un foco, ya que hace sólo seis meses el equipo de gobierno, durante una moción sobre el asunto en Pleno, pidió a la empresa que retirase las demandas "no es una buena estrategia si quiere seguir invirtiendo en Málaga", decía el concejal de Vivienda, Francisco Pomares entonces. Sólo dos meses más tarde y a un día de terminar el 2022 los vecinos se reunían con el alcalde, Francisco de la Torre, el propio Pomares y otros responsables de la materia. El alcalde anunció entonces –aunque no era la primera vez que lo hacía– que mediaría con Dazia Capital, la promotora.

En enero del año pasado, cuando se inició el conflicto y antes de pasar por el salón de Plenos en numerosas ocasiones amarrando el apoyo del Consistorio –incluso se celebro un Pleno extraordinario sólo para tratar el problema de estos vecinos– los inquilinos de Callejones del Perchel tenían poca esperanza y la única fuerza de la unión entre ellos. Entonces, después de que Dazia adquiriese Vitrubio, la empresa propietaria de sus bloques, los inquilinos recibieron cartas en los que se le anunciaba que finalizaba su contrato y que debían dejar sus pisos.

Entonces, los afectados se contaban por más de medio centenar, de ellos sólo "unos 15 o 16 eran de renta antigua", asegura el portavoz de la plataforma El Perchel No Se Vende, Enrique Gutiérrez. Es decir, sólo esa decena y media amplia de vecinos estaban amparados y tenían que llegar a un acuerdo forzoso con la empresa si esta quería que dejasen la vivienda. Para el resto, era una finalización de contrato común.

En estos momentos, según Gutiérrez, son 33 los vecinos que quedan por encontrar una salida pactada, de los que nueve son del grupo de renta antigua. Para todos "se está en el buen camino" para encontrar una alternativa, si bien los que tenían renta antigua "están llegando a acuerdos muy beneficiosos, el último vecino que ha dejado su piso, ha podido irse a Fuengirola con el piso pagado".

Pese a que los que tenían contrato de renta antigua son los que más de cara lo tienen, están en conversaciones para conseguir que todos encuentren una vivienda digna, "ahora mismo hay que encontrar casa para 23", situación que afrontan con "optimismo".

Además de en el Ayuntamiento, los vecinos de Callejones del Perchel también estuvieron en el Parlamento andaluz defendiendo una iniciativa a propuesta del PSOE, que ayudó a encarrilar también la situación, según distintas fuentes de la negociación consultadas.

"La lucha colectiva ha servido para solventar la situación de los vecinos, que es lo importante", asegura Enrique Gutiérrez. De momento, parece que los vecinos de Callejones del Perchel navegan a la par que Dazia en buena dirección.

Los vecinos planteaban hacer una colecta para costear los juicios

En los momentos más tensos de la negociación –entonces no se sentaban siquiera en la misma mesa– los vecinos llegaron a estudiar la posibilidad de hacer una colecta ciudadana que les permitiese pagar su defensa letrada en caso de que las demandas de desahucio prosperasen y tuvieran que ir ante el tribunal. Gutiérrez, entonces, indicaba que hay "normativas municipales que pueden obligar a la empresa a que no actúe de esta manera, herramientas tienen para hacer ver a la empresa que tiene que cambiar su forma de actuar", y recalcaba que eran dos las cartas de desahucio recibida y tres de impugnación de la consignación de renta. Esto supone que la firma administradora no admiten el pago del alquiler para poder terminar los contratos. "El PGOU y el plan de restauración de El Perchel dicen que estas casas no se pueden derribar porque están protegidas y lo que cabe es la remodelación integral de todas las viviendas", argumentaba el representante de la plataforma. A esto hay que añadir que las ITE (Inspección Técnica de Edificios) aseguran que no hay ruina, por tanto, no hay excusa para demoler, según Gutiérrez.

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