El PP pide cuatro años de cárcel a un ex alto cargo andaluz por ayudas de 32 millones a Hitemasa

El Partido Popular de Andalucía se ha personado como acusación particular en el procedimiento que investiga al ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera y a otras veinte personas en una pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) centrada en las presuntas irregularidades en las ayudas que la Junta habría concedido a la mercantil Hilados y Tejidos Malagueños S.A. (Hitemasa) por un importe total de 32.292.376,02 euros.

En su escrito de acusación, al que este periódico ha tenido acceso, el PP asegura que desde 2000 hasta 2007 la comisión de estas presuntas "subvenciones" habrían tenido como objeto "el pago de compromisos financieros y laborales", tales como el pago de las indemnizaciones por despido de sus trabajadores afectados por, al menos, dos de los tres ERES autorizados. Si bien, en dicho aseguramiento, la calificación detalla que se habrían incluido supuestos "trabajadores" que no estaban afectados por los ERES y que "ni siquiera tenían relación laboral con la empresa".

Entre los investigados figuran los ex presidentes del consejo de administración de Hitemasa Manuel M. S. y Antonio M. T., así como también los responsables de la empresa Guillermo V. M., Amparo A. L., Juan Manuel G. G. y Francisco N. D. R. También aparece el conseguidor de los ERE Juan Lanzas por sus presuntas "influencias e intermediaciones ejercidas" para conseguir los fondos públicos, su mujer, Patrocinio S. G.; el ex directivo de la consultora Vitalia José Antonio Albarracín y el ex comercial de tal entidad en Sevilla Jesús María B.

Así, el PP solicita para Daniel Alberto Rivera, que ocupó el cargo de director de Trabajo entre 2010 y 2012 -cuando se destapó el escándalo de los ERE- la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación absoluta durante doce años y para el resto de investigados, que califica de "cooperadores necesarios", tres años de cárcel e inhabilitación absoluta durante nueve años por un presunto delito de prevaricación administrativa continuada en concurso con malversación de caudales públicos continuados y falsedad documental continuada.

Para el juez de refuerzo de Instrucción 6, José Ignacio Vilaplana, de lo actuado, se deduce que las ayudas concedidas a Hitemasa "carecerían de objeto definido y concreto". "Se llevaron a efecto de forma injusta y arbitraria prescindiendo del procedimiento legalmente establecido y sin observancia de los aplicables principios de publicidad, concurrencia y objetividad", a lo que se suma que se concedieron por el correspondiente director general de Trabajo "sin competencia para ello, sin resolución motivada y justificada de concesión, sin acreditación de los requisitos necesarios para su obtención, sin que se justificase en modo alguno el carácter excepcional de la correspondiente ayuda (...), sin control administrativo y sin justificación ni acreditación del destino de los fondos percibidos".

"Los fondos públicos fueron comprometidos y dispuestos bajo el supuesto y ficticio camuflaje de ayudas excepcionales sociolaborales individuales, cuando en puridad lo que se pretendía era allegar fondos para financiar el procedo de viabilidad y reestructuración de una sociedad de naturaleza privada, la mercantil Hitemasa”, a lo que debe añadirse “las injustificadas coberturas y condiciones de la correspondiente póliza de seguro de rentas de prejubilación, así como la discrecional selección de las compañías aseguradora y mediadora".