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Málaga/El partido animalista Pacma ha tachado de “incoherente” adoptar como medida de control efectiva de los jabalíes la caza, al asegurar que ésta contribuye al aumento poblacional, y ha criticado que el discurso “anti jabalíes” de la Junta de Andalucía está “adaptado a los intereses de varios sectores económicos” como el ganadero o el cinegético, según ha informado este martes el presidente nacional, Javier Luna.
Así ha reaccionado la formación tras darse a conocer este fin de semana que el Gobierno andaluz ha autorizado la caza selectiva de jabalíespara su control, en un momento en el que las imágenes inundan las redes y los medios con la presencia de estos animales en las zonas urbanas y litorales como es el caso de Marbella.
En una nota de prensa, la formación política habla de 5 claves para "entender y desmontar" lo que considera un discurso "sin fundamento" y “adaptado a los intereses de varios sectores económicos y lobbies”, destacando que “se desconoce con exactitud cuántos jabalíes pueblan la península ibérica a día de hoy”.
Según ha indicado, “los cupos son muy relativos y se basan en bolsas de caza y avistamientos”, sin embargo, ha señalado que “el Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos (IREC) indica que cada año se cazan de media en España 400.000 jabalíes, pero todos los indicadores plantean que en dos años el número de ejemplares existentes podría incluso duplicarse”.
Javier Luna ha explicado que “exponer la caza como un método de gestión poblacional efectivo es incoherente”, afirmando que se ha llegado a demostrar que ésta “contribuye al aumento de la población de jabalíes". Sugiere además que “la opacidad de las cifras podría estar permitiendo que las granjas cinegéticas siguieran criando jabalíes y otros animales para repoblar los cotos, incluso cuando estas especies son usualmente etiquetadas como plagas”. De este modo, ha criticado que el gobierno andaluz “ceda reiteradamente a las presiones del lobby cinegético para que se permita la caza durante todo el año”.
En cuanto a la crianza de jabalíes en las granjas cinegéticas, ha indicado que pese a ser una práctica legal “resulta paradójica, ya que permite criar en cautividad especies que posteriormente se etiquetan como plagas, e incluso, dan lugar a las denominadas emergencias cinegéticas", por las que “las administraciones han llegado a solicitar permiso para usar de forma complementaria a la caza, biocidas como el fosfuro de aluminio”.
"Es fundamental reconocer la riqueza y la fragilidad de nuestra biodiversidad y abogar por la adopción de políticas basadas en la ética, el sentido común y la sostenibilidad", ha apuntado Javier Luna.
Por su parte, la portavoz de Pacma, Yolanda Morales, ha hecho alusión a los intereses del sector ganadero, señalando que “la conexión entre la caza de jabalíes y la preocupación por la peste porcina africana en Europa añade una dimensión aún más sombría a esta situación”, y aunque ha recordado que “España declara la erradicación de la enfermedad desde 1995, casos en otros países europeos y la ausencia de una vacuna en circulación despiertan inquietudes legítimas”.
"Un solo brote en una granja española podría desencadenar una cascada de consecuencias devastadoras para la industria porcina, incluida la matanza de miles de cerdos y restricciones legales y comerciales", ha valorado.
La portavoz de la formación animalista ha apuntado que “el crecimiento urbano y la expansión de la agricultura y la ganadería intensiva y extensiva también están contribuyendo al esparcimiento de los jabalíes, ya que “la competencia por recursos cada vez más limitados está forzando a la fauna silvestre a buscar alimento en núcleos poblacionales”. Morales ha agregado que "los animales cada vez tienen menos espacio para vivir y menos comida, lo que les obliga a acercarse a los puntos donde se concentran los recursos, superando el miedo a los humanos", como es el caso de Marbella.
Según la formación política animalista, aunque “existen alternativas no letales para el control de poblaciones de jabalíes que ya han sido trasladadas a los responsables públicos, la resistencia a su implementación plantea serios interrogantes sobre las prioridades y motivaciones detrás de estas decisiones”.
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