La Palmilla, estigmas y realidades: "Somos más los que queremos vivir en paz que los que quieren guerra"

Al norte, en el margen derecho del río Guadalmedina, los vecinos del distrito número 5 de la capital residen como en una especie de limbo que pocos conocen pero del que todos hablan. Hace décadas que el hambre y la falta de oportunidades de estos ciudadanos hizo de la droga un negocio más en la zona. En los últimos tiempos, las armas -entre ellas, subfusiles o metralletas- también han penetrado en la barriada. Desde entonces, el goteo de tiroteos entre los clanes que habitan la zona no ha cesado. El objetivo, pocas veces es atentar contra uno de sus integrantes. La mayoría, atemorizar al contrario y exhibir su arsenal es el fin. La ley por convertirse en el más fuerte de la selva en su máximo esplendor.

“Tres detenidos por el tiroteo entre clanes acaecido el pasado enero en la barriada de La Palmilla”. “Un tiroteo entre bandas en Málaga acaba con heridos, uno de ellos crítico, y los autores huyen”. “Investigan un tiroteo en La Palma, con un herido”. Estos son algunos de los titulares que este periódico ha publicado relativos a la barriada. Resulta evidente que la conflictividad en esta zona, que se construyó en los 60 para relajar a las familias de las zonas deprimidas de El Perchel y La Trinidad, continúa instaurada. Pero, ¿se trata de una realidad global?

Lo cierto es que gran parte de vecinos de la barriada se muestra contrario ante este tipo de actos. De hecho, desde el Plan Comunitario Proyecto Hogar piden apoyo de las administraciones y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para una mayor seguridad e inversión en la zona con el propósito de erradicar el estigma de marginalidad que pesa sobre todos los vecinos, por el simple hecho de residir en Palma-Palmilla.

“Por pertenecer a cierta familia y vivir donde lo hago se me va a juzgar hasta el día en que me muera”, lamenta un vecino a este periódico. Si bien, asegura que la mayoría de la gente que reside en La Palmilla es trabajadora y “se esfuerza cada día para salir hacia adelante”. “Somos más los que queremos vivir en paz que los que quieren la guerra”.

María Gámez, también palmillera, no ha vivido en otro barrio desde que nació, hace 23 años. Pero, cuando todavía era una niña, comenzó a cursar la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en el instituto Santa Rosa de Lima -en la zona de Carlos Haya-. Ahí, y de manera casi automática, mentía a sus compañeros sobre su residencia habitual. “Decía que vivía en Ciudad Jardín porque no quería que nadie tuviera ese prejuicio sobre mí”, reconoce y, cuando alguno de ellos se enteraba, cuenta que recibía frases del estilo: “No parece que seas de La Palmilla”.

Desde hace ya un tiempo, asegura que no ha vuelto a mentir. “Ya siempre lo digo porque mi presentación soy yo como persona y si otra persona entra en juicios es su responsabilidad”, considera. Además, critica que estos convencionalismos “no ayudan porque generan división en la sociedad” y pide a quienes los promulgan que “revisen sus pensamientos, tengan la mente más abierta y se paren a conocer a la gente porque hay gente de todo tipo”, que lo único que comparten en la mayoría de casos son bajos recursos económicos.

Licenciada en Historia del Arte, Gámez estudia ahora un grado superior de Ilustración. Le gustaría ilustrar en una editorial o trabajar en la rama de animación, para cine o videojuegos. Si esos caminos no le funcionan, no descarta opositar para profesora de Historia del Arte. También quiere independizarse. Pero, esta última aspiración asegura verla lejana por el drama de la vivienda en la ciudad. No obstante, “no encuentra problema a seguir viviendo en el barrio”.

Aunque de puertas para fuera se avergonzara por lo que pudieran opinar los demás, siempre fue feliz entre sus calles, muchas de ellas, peatonales. “Allí aprendí a montar en bicicleta. Todos los niños nos conocíamos, iba a sus casas a celebrar los cumpleaños y me podía quedar allí si mis padres se iban”, recuerda. Una infancia con aires de pueblo que, a su juicio, “difícilmente ocurre en otras zonas de la ciudad”.

En un simple paseo por la zona, se palpa ese ambiente lugareño en el que todo el mundo se conoce y nadie quita ojo al extraño que transita por sus calles. El bar de Ferna –así llaman los vecinos a Fernando Muñoz, también presidente del Club deportivo 26 de febrero– es uno de los puntos de encuentro en la barriada desde hace 23 años. Decenas de vecinos pasan diariamente por el establecimiento. Su dueño asegura que la mayoría es “gente trabajadora y honrada”. “Aquí no llevamos pistolas en la cintura”, asegura en relación a las últimas balaceras.

“El problema es que la Policía solo llega después de que haya un problema. Si hubiera más patrullas de noche y de día, los problemas se reducirían”, considera otro vecino a las puertas del negocio de Ferna. Este, como la mayoría de ellos, no quiere que aparezca su nombre. Reconocen el temor a posibles represalias. En el barrio “el chivato” es castigado. Por eso, la filosofía es “oír, ver y callar”.

Este es otro de los problemas. “Aquí nadie va a decir lo que ve por una cuestión cultural”, señala el activista Tomás Pérez Benz al tiempo que destaca que es “un tema muy delicado”. Por ello, apuesta por habilitar “mecanismos para que la gente se pueda expresas sin miedo y quizás Proyecto Hogar puede ser uno de ellos”.

Precisamente fue este colectivo vecinal y asociativo el que levantó la voz hace ahora una semana contra los tiroteos y pidió más medidas para atajar los mismos, entre las que se encuentra el desarme de la zona, apuntan.

“Respaldamos el trabajo cotidiano de los agentes de la Policía Nacional, especialmente los de la Comisaría de Palma Palmilla, pero estamos en el más absoluto desacuerdo con sus mandos y con quienes tienen responsabilidades institucionales en que esos mandos hagan su labor. No queremos que esto se entienda como una falta de confianza hacia los hombres y mujeres que patrullan o investigan. Por ello, rogamos a los agentes de la Policía Nacional que nos ayuden a conseguir que sus mandos intervengan adecuadamente, a que ordenen los recursos de manera eficaz o a que reclamen nuevos si fuera necesario”, expresaron a través de un comunicado.

Las armas, a debate (político)

Unas manifestaciones ante las que el subdelegado del Gobierno de Málaga, Javier Salas, respondió subrayando que el problema en el barrio es también “social y no solo de seguridad o punitivo”. “Todos los malagueños sabemos lo que es Palma-Palmilla”, recalcó, para, a renglón seguido, arremeter contra el Ayuntamiento, al que culpó de la situación conflictiva: “En 20 años no ha hecho nada”.

Por su parte, el alcalde de la capital, Francisco De la Torre, respondió aseverando que “hay una queja clara de que la Policía no ha estado presente en la búsqueda e incautación de armas. Dos clanes enfrentados llegan a usarlas y, para utilizarlas, hay que tenerlas”. Además, insistió en que “no puede haber armas no autorizadas como grifos para beber agua” y pidió que las quiten.

Este cruce de acusaciones, según el Tomás Pérez Benz, “perjudica porque los problemas así no se resuelven” y “aumenta el cansancio de la gente”. Además, a juicio del activista, “el barrio se está utilizando políticamente entre los partidos, a pesar de que sus vecinos no están politizados”. Cabe recordar en este punto que Antonio Alcázar, candidato a la Alcaldía de Málaga por Vox, también se manifestó acerca de la situación de Palma-Palmilla a raíz del debate surgido, arremetiendo tanto con “la inacción de la Subdelegación” como con la actuación del Ayuntamiento de la capital.

Alejandro Blanco, uno de los responsables de Onda Color, la radio comunitaria del distrito Palma-Palmilla, defiende que “hay un esfuerzo tremendo, singular e innovador de las asociaciones y todas las administraciones por resolver esos problemas que ocurren en la barriada, pese a que “no sea suficiente” porque los contratiempos no cesan y considera que “es lógico que cuando hay tiroteos los vecinos miren hacia quien tiene la responsabilidad directa de mantener la seguridad”.

Asimismo, comparte que uno de sus aprendizajes cuando se adentró en Palma-Palmilla hace ya más de una década es que “nadie tiene los recursos para resolver un problema. Por ejemplo, para solucionar la cuestión del empleo es necesario el compromiso de las asociaciones, del SAE, de la Junta, del Ayuntamiento y de las personas que buscan la inserción. Solo a partir de ahí se podrán resolver las dificultades y el Plan Comunitario es la manera en la que toda esa gente intenta entenderse y construir propuestas”. Por ello, a su juicio, cualquier intento de señalar solo a una de las partes “está fuera de lugar”.

Sin embargo, señala que “hay que hacer algo diferente a lo que se está haciendo” y cree que la postura de los vecinos es la más razonable, “que el subdelegado se siente a hablar de cómo se soluciona esto”. “En una democracia resulta lógico que las personas hablen”, opina.

Mientras tanto, los vecinos insisten en su petición. Lamentan que en el pasado mes de marzo, después de los tiroteos acaecidos a principios de año, ya solicitaron un encuentro, una propuesta que “sigue sin ser atendida”. “Después de los disparos de este fin de semana, el vecindario insiste por segunda vez en la necesidad de ese encuentro”, manifiestan al tiempo que subrayan que “cada día que pasa es más urgente tener esa reunión”.

Consideran que “el subdelegado del Gobierno debe mostrar respeto al vecindario y responder, aceptando o explicando su negativa a este encuentro” y manifiestan que “el diálogo es la vía para resolver los problemas de la gente”.