Piden parar el desahucio de una jubilada en riesgo de exclusión social

Una pensionista holandesa que reside en Benahavís podría ser desahuciada de su casa el próximo 31 de julio, tras haber solicitado acogerse al decreto andaluz de vivienda suspendido por el Tribunal Constitucional, si la jueza no le permite ampararse a la norma estatal de protección a deudores hipotecarios y paraliza el desahucio.

Según indicó ayer su abogado, Antonio Flores, tras superar un cáncer en 2008, la mujer aceptó la proposición de Jyske Bank, radicado en Gibraltar, y pidió un préstamo de 413.000 euros para adquirir una nueva casa y otro de 123.000 euros sobre su vivienda, sin cargas, con el fin de "trabajar conjuntamente" con la entidad.

Ella "no ha abonado ni una cuota", por lo que el banco planteó una demanda de ejecución hipotecaria sobre el nuevo inmueble, que ya se ha adjudicado, y otra sobre su casa habitual. La defensa solicitará suspender el desahucio de esta última por dos años, en virtud del decreto ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios y pedirá la suspensión por cláusulas abusivas, según la normativa europea.

La mujer está en riesgo de exclusión social, ya que tiene una pensión de menos de 500 euros y es usuaria de Cáritas.