¡Policía! Alto o... ¿disparo?: dudas a la hora de tirar y miedo a las consecuencias

El pasado domingo 11 de junio en Andújar todas las fatalidades acontecieron. La muerte en Andújar de un policía por el disparo accidental de un compañero cuando mediaban en una pelea vecinal ha vuelto a poner sobre la mesa las históricas reclamaciones de los sindicatos policiales al Ministerio del Interior sobre la necesidad de actualizar el Plan Nacional de Tiro, un manual que viene a explicar la forma en que los agentes deben utilizar sus armas reglamentarias.

Uno de los principales problemas que tiene el texto es que data de la década de los 80 -concretamente de 1986- y la delincuencia ha cambiado mucho desde entonces. Más aún en provincias como Málaga, donde las mafias y los grupos dedicados al narcotráfico aumentan exponencialmente la peligrosidad de los servicios que llevan a cabo los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Desde Jupol, el sindicato mayoritario en el Consejo de la Policía Nacional -con unos 1.600 afiliados en la provincia de Málaga- critican la falta de medios y formación, además del miedo a sacar el arma por "la ausencia de unas garantías jurídicas".

El secretario provincial de esta asociación, Fernando Benedicto, critica que en los últimos tiempos cada vez se imparten menos cursos que actualicen sus conocimientos para actuar en situaciones como la que los dos agentes se encontraron en Andújar. "Aunque sí tenemos la obligación de tirar cada tres meses, no nos dan cursos de actualización de defensa personal. Pasan 20 o 30 años y tenemos la misma formación que cuando salimos de la academia", denuncia.

Además, reclaman recursos alternativos para no tener que hacer uso del arma de fuego, como serían las pistolas táser. Estos dispositivos transmiten una descarga eléctrica que provoca la contracción muscular e inmovilización de quien lo sufra. "En Málaga, curiosamente, solo tienen este tipo de pistolas los jefes de los Grupos de Atención al Ciudadano (GAC). Por tanto, es insuficiente e ineficiente, lo deberían de llevar todos los policías", considera. El problema, señala, es de la Dirección General de la Policía.

Hace ya nueve años, un agente de la Policía Nacional, fue asesinado a manos de un indigente, que se encontraba enajenado y tenía atemorizado a los vecinos de Carretera de Cádiz, después de clavarle un cuchillo en el tórax. A pesar de que fue intervenido de urgencia, los médicos no pudieron hacer nada para salvar la vida de Paco, que terminó falleciendo en el Hospital Regional Universitario de Málaga.

"Cuando pasó esa tragedia había chalecos antibalas, pero, aunque resulte sorprendente, estaban guardados. A partir de entonces, casi todos los agentes los llevan", explica el secretario provincial de Jupol al tiempo que lamenta que tenga que ocurrir una desgracia para que se pongan en marcha ciertas medidas.

Además, critica que la teoría de proporcionalidad que predican es complicada de establecer en momentos críticos, pues cada vez hay más bandas y más narcotraficantes con armas largas dispuestas a hacer fuego ante el menor indicio que ponga en peligro sus cargamentos en Málaga.

Y es que en la provincia, solo en lo que va de años, unos 44 policías nacionales afiliados a Jupol han solicitado al sindicato asistencia jurídica tras sufrir algún tipo de agresión mientras se encontraban de servicios. Las más frecuentes, puñaladas y fracturas, apunta Benedicto, aunque asegura que "hay de todo". También apunta que esta cifra de ataques es "absolutamente una burrada". "Como penalmente el delito contra agente de la autoridad está muy poco castigado, la gente se nos enfrenta acabamos lesionados y como consecuencia de baja", manifiesta.

Uno de los principales problemas afirma que es "el miedo escénico que siente un policía a sacar el arma debido a las consecuencias jurídicas y penales cuando no es capaz de reducirlo por otros medios", expresa el secretario sindical. "Solo puedes utilizar el arma en el caso de que haya un peligro grave para la vida propia o de otro, lo cual es subjetivo. Hay muchas sentencias del Supremo dictadas en contra del policía. Por eso, muchos se sienten condicionados a sacarla porque puedes acabar investigado, que te suspendan de empleo y sueldo, e incluso que te echen del Cuerpo Nacional de Policía".