Ponen a la venta 2,6 millones de metros de suelo en Santa Rosalía por unos 300 millones

Málaga/2,6 millones de metros cuadrados en la zona de Santa Rosalía, en el distrito de Campanillas, buscan comprador. Los varios cientos de propietarios de estos terrenos, la mayor parte pequeños dueños de fincas de uso agrícola, han dado plenos poderes al despacho de abogados Sanguino para poner en el mercado uno de los pocos espacios de crecimiento residencial y empresarial que tiene la capital de la Costa del Sol. El valor de los terrenos puede rondar los 300 millones, aunque la cifra está abierta a negociación.

La extensa superficie queda concentrada en ocho sectores (dos de ellos calificados como sistemas generales), sobre los que el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), vigente desde mediados de 2011, dibuja 4.924 viviendas (1.623 de ellas protegidas), 195.427 metros de techo edificable de uso empresarial, 112.120 de industrial, 29.788 metros de comercial, 2.391 metros de comercial y dos grandes sistemas generales (585.618 metros). De ellos, cuatro tienen ya iniciada la tramitación de los correspondientes planes parciales.

La operación quedó expuesta semanas atrás en uno de los grandes expositores mundiales en materia de inversión, el MIPIM. Al salón internacional acudió Sanguino con toda la información de la operación y con un másterplan de los usos y desarrollos contemplados.

El CEO de Sanguino Málaga, José Carlos Romero, puso de relieve el interés estratégico de estos suelos. "Estamos hablando de un entorno precario de alquileres; hay trabajadores que van al PTA y que no tienen la posibilidad de vivir en Málaga porque es inaccesible", apuntó, si bien subrayó que el verdadero despegue de este espacio vendría de la mano de la creación de una zona franca empresarial en los terrenos autorizados para ello.

En este proceso de sondeo, Romero acude esta misma semana a Zurich para mantener contactos con la plataforma de inversión Ebora, "que filtra inversiones principalmente asiáticos y principalmente surcoreanas". A finales de pasado mes de marzo este despacho alcanzó un acuerdo con la plataforma para llevar sus asuntos en España y Portugal.

"Voy a explicar la oportunidad de inversión en Málaga con la zona franca, que puede mover el impulso definitivo a la llegada del Cercanías a la zona o soluciones definitivas para los problemas de atascos", indicó. Y de la mano de estos potenciales desarrollos empresariales e industriales, podría sentarse las bases de los desarrollos residenciales.

De acuerdo con la planificación urbanística, Romero cree posible que tras la aprobación del estudio ambiental necesario, que puede ser cuestión de meses, los planes parciales con los que ordenar los sectores podrían tener luz verde en unos dos años. A partir de ahí, otro año para el proyecto de urbanización y reparcelación y otro más para las licencias. "Se podrían estar levantando edificios para 2023", predijo. Aunque como bien apuntó, cualquier avance cierto dependerá muy mucho de la existencia o no de inversores.

La posición de una parte de los propietarios afectados por la operación es clara. "Sabemos de las dificultades; lo que que pedimos es que aplicando la ley se siga hacia adelante", explicó Juan Ledesma, uno de los implicados y dueño de una parte del sueño del SUS-CA 20. "Dónde hay una zona de expansión que esté tan bien comunicada como ésta; no la hay”, explicó, mostrando la confianza de los muchos afectados en que pueda llegar a buen puerto.

"Tratamos de defender que las plusvalías sean para las personas que se han trabajado esto", comentó, recordando que la mayor parte de los dueños, al menos en su sector, son familias que en su día llegaron a Santa Rosalía tras ser expropiados en Peñarrubia con motivo de la construcción de embalse de Guadalteba.

Y que más cerca en el tiempo, en 2008, se vieron afectados por el plan de la Junta de Andalucía de delimitar en sus fincas una de las áreas de oportunidad dibujadas en el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM), con el objetivo de crear lo que se denomina puerto seco. La previsión del Gobierno regional se encontró con la protesta y negativa de los vecinos.

"Pueden tener unos 2.000 o 3.000 metros de media; eso, por muy bien que se pague no permite hacer muchas cuentas, da para ayudar a tus hijos o nietos y para arreglar el baño o la cocina", señala. Bien distinto será para otros propietarios que, como en el SUS-CA 19 sí puede acumular extensiones de unos 60.000 metros. Sirva como referencia que en el SUS-CA 20 se cuentan del orden de 130 propietarios, mientras que en el 19 pueden ser del orden de 20.

El precio que en su día se llegó a manera era de unos 120 euros el metro cuadrado, valor que situaría por encima de los 300 millones la venta. Y ello puede, de inicio, suponer un obstáculo. Ledesma admite que el tema está abierto a ser negociado, teniendo en cuenta también la existencia de ciertas cargas en algunos sectores. Uno de ellos el suyo, donde existe un acuerdo para que los propietarios que ya viven en estos suelos, en una superficie afectada de unos 80.000 metros cuadrados sigan en el mismo emplazamiento.