'Pornovenganza' en Málaga: de la amante que subió fotos sexuales al menor chantajeado

Una menor entabla una amistad virtual con una persona que llega a pedirle imágenes íntimas. En un principio no accede, pero con el tiempo le envía varias. Las exigencias son cada vez mayores y, las fotos, más subidas de tono. La víctima decide dar por terminada la relación pero, entonces, comienza a ser chantajeada por el usuario con publicar el contenido sexual que ya posee si no le proporciona más. Ella se niega. Su acosador, un joven imberbe, acaba difundiendo las imágenes de la chica en redes sociales. El caso fue investigado por la Policía Judicial de Málaga y, el autor, un avezado ciberdelincuente, pudo ser desenmascarado. Habría hecho públicas las fotos obtenidas en un perfil con 2.000 millones de seguidores. Así se gesta la pornovenganza, que ya planea en adolescentes de cada vez más corta edad y que en el Código Penal se castiga como un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

“Sorprendentemente para nosotros, la violencia en parejas jóvenes parece común. Se materializa con chantajes con vídeos o imágenes sexuales, venganzas por infidelidades o la creación de perfiles falsos para insultar a la víctima. La creatividad para estas acciones supera a la ficción”, explica el letrado Francisco José Peláez, en cuyo despacho, PenalTech Abogados, está creciendo el número de denuncias relacionadas con la distribución no consentida de fotos sexuales. Y prevé que sigan aumentando porque, recalca, “hay generaciones que usan el teléfono móvil absolutamente para todo, incluso para mantener relaciones sexuales”.

La palabra sexting, un anglicismo procedente de ‘sex’ (sexo) y ‘texting’ (envío de mensajes de texto), con el contenido erótico como protagonista, resulta ya habitual en la jerga de las parejas jóvenes (y no tan jóvenes) más desinhibidas que se atreven a compartir material sexual. Una manera muy válida de intercambiar emociones con la persona elegida que, sin embargo, puede llegar a tornarse en un arma de doble filo. El abogado, que pertenece a un despacho especializado en ciberdelitos, insta a usar “el sentido común”, y recomienda que, en caso de hacer uso de las cámaras durante las relaciones sexuales, se evite la exposición de elementos que identifiquen a los protagonistas, como el rostro o los tatuajes reconocibles.

“Aunque en ese momento exista una buena relación con la persona con la que se tiene la relación sexual y que está grabando el vídeo, puede ser que mañana se pierda esa sintonía y que las imágenes se utilicen a modo de venganza”, subraya el abogado.

Tras esa invasión de la intimidad llega el acoso o extorsión a la víctima para la publicación de las imágenes. Los expertos también han detectado casos de chantajes sexuales con menores de edad implicados. “Se les exige cada vez más contenido de creación propia en los que se les consigue identificar. En algunas ocasiones se puede dar lugar a la agresión sexual fuera de la Red”, advierte el letrado.

El caso de unos recién casados amenazados

Así, recuerda el caso de unos recién casados amenazados. Él accedió a enviar vídeos y fotos tras recibir un mensaje a través de Instagram y, después, fue chantajeado. Debía pagar 2.500 euros de manera inmediata ya que, de no hacerlo, se difundirían las imágenes en la red social. El joven acabó desembolsando el dinero.

Salvo excepciones, la pornovenganza sigue “patrones muy marcados que se repiten continuamente”. Así, cuando en una ruptura, uno de los dos, furioso con el otro, decide publicar imágenes que se suponía que eran solo para él o ella, la frustración puede acabar en traición. Pero hay otros factores que contribuyen a la difusión de fotos comprometedoras. Desde el infiel que tiene la osadía de enviarle a la esposa de su amante vídeos en los que practican sexo para que ésta descubra el engaño, hasta homosexuales que graban sus relaciones con conocidos o desconocidos y, después, las suben a páginas de adultos. “En estos últimos casos la pornovenganza es muy intensa”, advierte el abogado. Y a renglón seguido precisa que no siempre el hombre es el responsable. De hecho, las últimas denuncias que han llegado a su despacho han supuesto en Málaga la investigación de dos chicas que compartieron imágenes suyas teniendo sexo con su pareja. El objetivo era obvio: vengarse de ésta.

Ya el año pasado el grupo de delitos tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial alertó a través de un comunicado del incremento de denuncias presentadas por menores que relataban haber sido extorsionadas con la publicación de fotos pornográficas. Hay, no obstante, una cifra negra de casos. “Son muchos los que, por miedo a una mayor repercusión o por desconfianza en la Justicia deciden no denunciar”, se lamenta el experto en ciberdelitos.

La ley castiga con una pena de prisión de entre tres meses y un año, o bien una multa de seis a doce meses a aquellos que, sin autorización del afectado, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones que hubiera obtenido con su consentimiento en una casa o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros.