Presentan en el Tribunal Europeo el primer caso español de bebé robado

El presidente de la Asociación SOS Bebés Robados, el abogado Enrique Vila, presentó ayer ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la primera denuncia por un caso de bebé robado. Concretamente, se refiere al de un niño supuestamente fallecido en el Hospital Civil de Málaga en 1964, que fue archivado por el Tribunal Constitucional por la prescripción del delito.

El caso de este bebé, que nació el 12 de octubre de 1964, ha pasado por los juzgados de Instrucción de Málaga y por la Audiencia Provincial hasta llegar al Tribunal Constitucional con sucesivos archivos por prescripción de los delitos. Al no haber entrado en el fondo del asunto, ahora, este abogado, que representa a Micaela Alcántara, hermana del bebé nacido en el Hospital Civil, recurre al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. En esta denuncia ante el Tribunal de Estrasburgo se reclama el pago de una indemnización a Alcántara de 15.000 euros anuales y otros 1.000 euros diarios mientras los tribunales de España no reabran el caso.

"Necesitamos saber qué ocurrió, saber la verdad, que es un derecho que debe de estar por encima de todas las prescripciones", manifestó esta vecina de la localidad malagueña de Antequera, donde reside.

Alcántara precisó además que su hermano nació con labio leporino, "una huella que, aunque haya sido operada, puede facilitar la búsqueda". Según la versión oficial ofrecida en su momento por el Hospital, el pequeño vivió cuatro días; sin embargo, hay una serie de "irregularidades" que hacen que esta familia mantenga la lucha, iniciada a principios de 2011, después de que su madre sospechara, tras ver en los medios de comunicación casos de bebés robados, que "a ella le había pasado lo mismo".

A raíz de eso y a partir de ese momento empezaron a buscar papeles y se dio cuenta de que "había muchas cosas que no encajaban". "No existe el historial del parto, que misteriosamente desapareció; tampoco aparece mi hermano en los libros del cementerio donde supuestamente lo enterraron; a mi madre no le dejaron verlo y fue inscrito en el Registro Civil por una persona en calidad de conocido que resultó ser el empleado de una funeraria, cuando mis padres no tenían ninguna póliza de seguro", relató Alcántara.

La demandante, que ha rechazado que este caso haya prescrito, puesto que su hermano "ignora lo sucedido", resaltó también tener la sensación de que "las autoridades pasan olímpicamente" de ellos. "Nos sentimos totalmente abandonados. No me están ayudando de ninguna manera", criticó Micaela Alcántara.