Manuel Reina, primer acusado del caso Astapa que acepta las irregularidades de las que se le acusan

Málaga/Manuel Reina Contreras, exconcejal de Economía del Partido de Estepona, acusado de un delito continuado de falsedad, fraude y malversación, cohecho y prevaricación en el caso Astapa, contra la presunta corrupción política y urbanística, ha solicitado a la Fiscalía una sentencia de conformidad, lo que supone la aceptación de las irregularidades que se le imputan, según han informado a este periódico fuentes judiciales.

Aunque inicialmente el Ministerio Público solicitó una pena de diez años de cárcel y 34 de inhabilitación para cargo público, además de una multa de un millón de euros, Reina, a través del escrito de conformidad, ha acordado una condena de dos años y medio de prisión, y ocho años y nueve meses de inhabilitación para empleo o cargo público.

Además de Reina, otros cinco exresponsables municipales entonces miembros del PSOE y del PES (Partido de Estepona) también están acusados: uno de los principales es Antonio Barrientos González, exalcalde del municipio, quien también se enfrenta a una petición fiscal de 10 años y 9 meses de prisión por los delitos de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias; José Flores Simón, exjefe de gabinete de la Alcaldía y mano derecha del exregidor; José Ignacio Crespo de Lucas, el que fue primer teniente de alcalde; Francisco Zamorano Vázquez, exedil de Planeamiento, y Pedro López Fernández, antiguo titular de Urbanismo.

Por ahora, el resto de defensas que han intervenido en las sesiones de la vista oral, celebradas por la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga, en la fase de alegaciones, han defendido la inocencia de sus representados y han pedido la nulidad de la instrucción policial en su totalidad por considerar que hay irregularidades; además de la prescripción de los delitos.

Asimismo, la abogada de Barrientos, María Gutiérrez, acusó al comisario jubilado José Manuel Villarejo de fabricar pruebas elaborando "informes falsos" sobre el caso a través de un grupo de policías con el que contaba. Además, aseguró que poseía información restringida de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para "sus intereses personales y urbanísticos en el municipio". Peticiones y acusaciones a las que se han sumado el resto de defensas.

Reina, detenido por última vez en 2019

El exconcejal de Economía ya estuvo en la cárcel durante seis meses de forma provisional en el año 2008. Junto con Barrientos, Crespo, Flores y un técnico municipal fue de los primeros en entrar en prisión preventiva por esta causa hace 14 años. Más tarde, en 2017 se negó a declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona que lo había citado para que prestara declaración.

En marzo de 2019, Reina fue detenido por la Policía Local de Málaga tras dar positivo por alcohol cuando supuestamente lo encontraron dormido sobre el volante del coche que conducía. Los hechos ocurrieron en la calle Hoyo de Esparteros, en la capital malagueña, después de que un vigilante de seguridad alertara a los agentes de que un conductor, aparentemente ebrio, había arrollado con su vehículo una valla al intentar salir del recinto en el que estaba aparcado.

Cuando los agentes llegaron al lugar del incidente, se lo encontraron dormido sobre el volante, con las luces y el motor del coche encendidos. Tras despertarlo, el Grupo de Investigación Accidentes y Atestados (GIAA) le realizó una prueba de alcoholemia, que arrojó una tasa de 0,83 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, el triple de lo permitido, por lo que fue trasladado a la Comisaría Provincial de Málaga para tomarle las huellas.

Fue entonces cuando, pese a su negativa a colaborar, los agentes comprobaron que sobre él pesaban dos órdenes de detención e ingreso en prisión de la Audiencia Provincial, por lo que fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga, en funciones de guardia, cuyo titular ordenó su inminente ingreso en la cárcel por las reclamaciones que tenía pendientes por la justicia, no por el presunto delito contra la seguridad vial por el que fue detenido inicialmente.