Rechazo casi unánime al plan del Gobierno por el peaje en las autovías

La incorporación en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la posibilidad de implantar para 2024 un sistema de pago por uso de las autovías en la red de carreteras del Estadopago por uso de las autovías ha provocado la oposición en cadena tanto de los sectores afectados como de la oposición. El Real Automóvil Club de España (RACE) mostró ayer su desacuerdo con la medida debido a que entiende que implantar el pago por uso en las carreteras puede suponer un serio peligro, ya que muchos conductores podrían optar por buscar vías alternativas gratuitas, mucho más peligrosas.

“Se quiere hacer pagar de nuevo por algo que ya se paga. Hay que recordar que, entre impuestos directos, indirectos y tasas, los conductores contribuyen con 30.000 millones de euros a las arcas del Estado”, sostuvo el director de Seguridad Vial del RACE, Antonio Lucas.

Una opinión que comparten en la organización de consumidores Facua, que afirmó que las carreteras “deben financiarse a través de los Presupuestos Generales del Estado”, no con un peaje que supone “un pago por igual a todos los usuarios, sin tener en cuenta criterios de renta o de capacidad económica”.

En un comunicado, la organización aseguró que la medida terminará afectando a los usuarios con menos poder adquisitivo y quienes no viven en grandes núcleos urbanos. En este sentido, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) criticó el “afán recaudatorio” de una medida que supondrá un triple coste para los ciudadanos, que ya pagan impuestos por circular con sus vehículos y verán encarecerse el transporte de productos y servicios. Por ello, la organización de consumidores pide un debate social con los actores implicados para lograr un modelo justo de financiación que permita el mantenimiento de todas las vías de circulación.

Las críticas también llegaron desde el Partido Popular y los gobiernos de comunidades autónomas como Galicia, Cataluña, Castilla y León, Andalucía y Murcia. Así, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, anunció una batería de iniciativas parlamentarias para evitar que el Gobierno imponga esa medida. En la misma línea, el vicesecretario general del PP de Andalucía, Toni Martín, lo calificó de “un atraco fiscal sin precedentes”.

Desde el Gobierno andaluz, la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, mostró el “más absoluto rechazo” a los peajes y ha asegurado que la Junta de Andalucía garantizará que “no se va a pagar ni uno solo” en las vías de competencia autonómica. “No es el momento de plantear este debate”, afirmó la consejera, a la vez que consideró que este es “un momento social de desempleo económico muy delicado”, subrayando que los gobiernos “del resto de los países lo que plantean son rebajas fiscales”.

En el extremo contrario a todas estas críticas, el director general de Tráfico, Pere Navarro, se mostró partidariodirector general de Tráfico, durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Senado, del pago: “El que lo usa lo paga”, enfatizó.

Según recoge el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el pago de peajes en autovía formaría parte de la Ley de Movilidad y Financiación del Transporte, con la que el Gobierno pretende introducir en España los principios de “el que contamina paga” y “el que usa paga”. Esta medida será tratada con los transportistas profesionales con objeto de llegar a un acuerdo, así como con las comunidades autónomas y otras administraciones, para implantarla en 2024.

La ministra y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, dijo que es una medida en la que se está trabajando y “estudiando” dentro de un “proyecto integral” y señaló que la fecha dependerá de la recuperación económica y de que se vuelva a los niveles habituales de crecimiento del producto interior bruto (PIB) anteriores a la pandemia de la Covid-19.