Sentencia firme contra la ‘abuela marihuana’ por cultivar y distribuir cannabis en Málaga

La Audiencia provincial de Málaga ha confirmado la sentencia que fue dictada por el Juzgado de lo Penal 5 de Málaga contra Fernanda de la Figuera, conocida como la abuela Marihuana por su activismo por la legalización del consumo de cannabis. La mujer, de 78 años, y sin antecedentes penales, había sido condenada a nueve meses de prisión por cultivar esta sustancia para la asociación que había fundado y también distribuir marihuana, según su versión, con fines terapéuticos. También se le imponía la pena de una multa de 10.000 euros por el valor de la droga que le fue incautada –unas 181 plantas y 28 cajas–.

Así, el fallo estima “parcialmente” el recurso de apelación que presentó Fernanda, acusada de un delito de tráfico de sustancias que “no causan daño grave a la salud”. La resolución judicial, contra la que no cabe recurso, deja sin efecto “el decomiso de lo intervenido en las actuaciones”, pero mantiene el de la droga.

Fernanda había alegado “infracción del artículo 18.2 de la Constitución por vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio”, en cuanto a la entrada y registro que la Policía practicó en la finca El Refugio, sede de la asociación y donde se cultivaba la marihuana que se distribuía en un local en el que “se facilitaba la droga”. La sentencia refleja que para dicho registro se obtuvo “el consentimiento” de la acusada, cuya firma “consta”.

Respecto a la existencia de un “grupo reducido de adictos o drogodependientes”, como señala la Sentencia de Instancia, la resolución judicial refleja que queda “acreditado” que la asociación tenía 200 socios y que “no estamos ante un grupo encapsulado, en el que se conocen entre ellos y existe una garantía plena de que la droga no llegara a terceros ajenos y, por ende, no se facilitara su distribución”.

Este colectivo, a través de su presidenta, según se recoge en los antecedentes de hecho, “cultivaba la droga en la finca y desarrollaba “acciones y conductas que favorecían el consumo de la marihuana”. La resolución recoge que “no se adoptaron medidas de vigilancia para garantizar que la droga que se cultivaba se consumiera solo en la finca”. Tampoco había “control exhaustivo” de la cantidad que cada socio adquiría, ni se “evitó” que la sustancia pudiera llegar a manos de terceras personas.

Existía, reza el fallo judicial, “una organización y planificación establecida para que la marihuana, una vez secada y en condiciones aptas para el consumo, fuera transportada hasta un local al que los socios acudían para adquirir la droga”. Los abonados pagaban una cuota para “cubrir los costes de producción de la droga y una cantidad adicional cuando retiraban la sustancia que iban a consumir”.