Sindicatos piden una reunión urgente por las agresiones en centros sanitarios en Málaga
Afirman que el aumento de casos demuestra que “algo está fallando” en el plan para atajarlas
Amenaza de muerte a una pediatra en Málaga por no estar de acuerdo con la asistencia a su hijo
Las agresiones en centros sanitarios de Málaga aumentan un 43% en 2022
Málaga/Un padre amenaza de muerte a una pediatra del Materno, un paciente da un puñetazo en el pecho a una enfermera del Clínico y una mujer lanza un teclado y zarandea a una facultativa de Urgencias de este hospital. Son los últimos ataques –dos físicos y uno verbal– conocidos en centros sanitarios de Málaga capital. Tres días, tres agresiones. Por ello, los representantes de los trabajadores piden una reunión “extraordinaria y urgente” para abordar entre sindicatos, Delegación de Salud y fuerzas de seguridad la situación a fin de ponerle coto.
“Habrá que revisar el Plan de Agresiones porque está claro que algo está fallando. Y habrá que aumentar los guardias de seguridad porque no podemos ir a trabajar y arriesgar nuestra integridad física”, esgrime el secretario provincial del Sindicato de Enfermería (Satse), Juan José Sánchez, que propone el encuentro. El Sindicato Médico de Málaga (SMM) y UGT respaldan la idea de una reunión.
La Consejería de Salud señala que aún no se ha recibido en la Delegación de Málaga la solicitud formal del encuentro y que “en cuanto llegue, se ponen en marcha para hacerla, como siempre se ha hecho cuando lo han pedido”. Salud destaca las “buenas relaciones” con los sindicatos y la “colaboración” en materia de agresiones.
El SMM valora de forma positiva la equiparación como autoridad pública del personal de los centros sanitarios con jueces y policías y que la Administración esté estudiando la aplicación de sanciones económicas a los agresores. Pero el presidente del sindicato en Málaga, Antonio Martín, advierte que esas medidas son posteriores a las agresiones. “Hay que luchar por mejorar las medidas preventivas para que no lleguen a producirse”, apunta. Martín reclama que el Plan de Prevención de Agresiones incluya una memoria económica de las inversiones a realizar. “Porque si no hay inversión, hay pasividad”, comentó. Ya en febrero, este sindicato consideró el Plan como “un absoluto fracaso” –palabras que mantiene– a tenor de las cifras: un incremento de las agresiones del 43% en 2022 respecto a 2021 ya que de 187 entonces se pasó a 268 en el ejercicio pasado.
Una de las medidas más reclamadas es la existencia de vigilantes de seguridad en “todos” los centros sanitarios; empezando por los más conflictivos y aquellos que tienen atención urgente las 24 horas. Un reciente análisis del SMM concluyó que las medidas de seguridad en los centros de salud y consultorios de la provincia “son deficitarias, con una implantación muy irregular y en muchos de ellos, absolutamente ausentes”. Los de la Serranía y el Guadalhorce, según el estudio del sindicato, son los que están en peor situación.
Sobre las cámaras de videovigilancia, el SMM apunta que donde más hay es los centros asistenciales de Málaga y la Axarquía (existen en la mitad de ellos) y donde menos, en la Serranía, en los que la medida es “anecdótica”. Además, “sólo sirven para controlar el acceso”, no las zonas comunes. También es muy dispar la medida de consultas comunicadas como vía de escape. Según el SMM, en la zona básica de Málaga y el Guadalhorce no hay, mientras que en la comarca rondeña –coincidiendo con remodelaciones– se alcanza el 60% de los centros. Y respecto a los timbres para alertar de una agresión, la organización señala que es la medida fundamental en Málaga capital, en más de la mitad de los centros de la Axarquía, en menos de la mitad de los del Guadalhorce y “prácticamente ausente” en la Serranía, Costa del Sol y Antequera. Por eso, el sindicato concluye:“El Plan no se cumple en estas ni en otras medidas”.
Esta organización propone que en la historia digital de un agresor, dado que muchos son reincidentes, salte un icono o una señal para que el profesional que lo atiende este advertido.
Carmen Gaona, la secretaria provincial de Sanidad de UGT, que respalda la solicitud de Satse de una reunión urgente para abordar el tema, coincide con otros representantes sindicales: “Habrá que buscar más medidas porque las que hay no están dando resultados”.
El personal será “autoridad pública”, como jueces y policías
La Administración autonómica defiende su gestión para atajar las agresiones. Recuerda la enmienda introducida en la Ley de la Función Pública de Andalucía que reconoce a todo el personal de los centros sanitarios como autoridad pública, los que equipara a los profesionales con los de Justicia o los de las fuerzas de seguridad. Un cambio importante de cara a los procesos judiciales. La modificación ya está aprobada, aunque aún no ha entrado en vigor. La Administración sanitaria también estudia si puede aplicar sanciones –además de la que dispongan los tribunales– contra los agresores; una reivindicación de algunos sindicatos que Salud analiza si tiene encaje legal.
En una reciente intervención ante el Parlamento, la consejera Catalina García, avanzó que Salud establecerá una régimen sancionador para los usuarios del sistema público sanitario con sanciones económicas proporcionadas al daño causado. Y recordó la creación de un Observatorio, con el objetivo de proponer medidas “factibles, acordes y pertinentes” contra las agresiones. “Desde la Consejería siempre hemos manifestado el más absoluto rechazo a las agresiones a nuestros profesionales. Aplicaremos y pondremos en marcha todas las medidas posibles para luchar contra esta lacra”, dijo la consejera.
Según la información facilitada por la Salud, en la provincia de Málaga “hay más de 5.400 medidas de seguridad instaladas en los centros sanitarios, entre cámaras, timbres antipánico y salidas alternativas”. Además, la Administración recalca que sigue trabajando “para aportar cada vez más seguridad a los centros”. Desde Salud se hace hincapié en que “las agresiones a sanitarios no es cuestión de cámaras de seguridad o vigilantes, sino que es un problema social”. Desde la Administración autonómica se recuerda que hay una elevada crispación en la sociedad que no sólo se manifiesta en el ámbito de la Salud, sino también, por ejemplo, en Educación. En este sentido, la Junta indica que está trabajando en planes conjuntos entre esa Consejería y la de Educación para abordar ese asunto.
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