El Supremo libra al Ayuntamiento de pagar 30 millones por una expropiación de suelo

Rebaja a 4,8 los 34,6 millones inicialmente fijados por el TSJA por la enajenación de una parcela situada en la trasera del Colegio El Monte

S. Sánchez

30 de septiembre 2016 - 12:01

La pesada losa que se viene cirniendo en la última década sobre el Ayuntamiento de Málaga en forma de millonarias expropiaciones de suelo se aligera de manera considerable. A los numerosos fallos judiciales parcialmente favorables a los intereses municipales emitidos en los últimos meses se suma ahora la decisión del Tribunal Supremo de liberar al Consistorio de desembolsar del orden de 30 millones de euros por la enajenación forzosa de una parcela de escaso interés.

El fallo del Alto Tribunal, fechado el pasado martes, modifica una primera decisión judicial por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que el 28 de enero de 2013 emitió una sentencia en la que si bien se rebajaba la pretensión de la empresa propietaria del solar a percibir 68 millones de euros, fijaba el justiprecio en 34,6 millones de euros. Ahora, por el contrario, el Supremo minimiza la carga económica a la que tiene que hacer frente las arcas municipales a 4,8 millones.

La pastilla objeto de expropiación tiene una superficie de unos 21.881 metros cuadrados y se encuentra en la falda del monte Gibralfaro, en la parte trasera del Colegio El Monte, calificada como zona verde. La mercantil reclamó en 2007 al Consistorio la enajenación del terreno, por el que pagó ese mismo año 3,6 millones a la congregación religiosa que gestiona el centro educativo. La Gerencia de Urbanismo tasó inicialmente el valor de esta pastilla en 3,2 millones de euros.

Inicialmente, el TSJA avaló la pretensión de la empresa, quien exigó al Ayuntamiento que le expropiase el suelo, dado que el mismo estaba calificado en el Plan General de Ordenación Urbanístico como un sistema dotacional de espacios libres y habían transcurrido más de cuatro años desde la publicación del planeamiento de 1997. Un incumplimiento que suponía un presupuesto para que los propietarios de estos suelos puedan reclamar sus derechos económicos a la Administración local.

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