Taxistas acusan al sector de VTC de evasión fiscal y explotación laboral

Mijas/La Federación Elite Taxi de España (FETE) acusa al sector de vehículos de transporte con conductor (VTC) de “generar modelos de negocio basados en la elusión e ingeniería fiscal, la explotación laboral y la competencia desleal” y se reafirma en su postura de “no converger” con ellos.

Desde FETE aseguran que la convergencia no es posible con entidades que “evaden impuestos y explotan a trabajadores” y que “sólo persiguen el expolio de un sector estratégico repartido en decenas de miles de autónomos para sustituirlo por unas decenas de personas (Unauto)”.

Estos vehículos “son invasivos tanto en lo profesional como en la vía pública”, destaca un comunicado de la junta directiva del referido colectivo de taxistas, en el que califican a las VTC como “los autos locos de la movilidad”.

Para esta asociación -que desarrolla parte de su actividad desde Málaga-, los conductores de VTC son “víctimas obligadas a hacer jornadas salvajes con salarios de risa”; sus tarifas son “opacas” y “dejan al usuario a merced de unos algoritmos programados para el engaño y el expolio”.

El colectivo de taxistas insiste en que el cliente ya contaba con libertad de elección antes de la irrupción en el mercado de las VTC y tanto antes como ahora puede optar entre diferentes medios de transporte públicos y privados.

La directiva de FETE, que recalca que “las VTC no son taxis”, realiza estas valoraciones en relación a unas recientes declaraciones del presidente de la asociación española de alquiler de vehículos con conductor Unauto VTC, José Manuel Berzal.

En ellas, Berzal aseguró que Unauto es una patronal "con vocación de converger" y unificar los esfuerzos de unos colectivos que, a su parecer, deberían ir de la mano puesto que tienen intereses comunes.

Aunque en sus comentarios Berzal se mostró comprensivo ante la reticencia del taxi ante un sector “nuevo”, que en su opinión ha llegado “para sumar, no para restar”, demandaba a los taxistas que respeten sus “legítimas reivindicaciones y negociaciones” con la administración pública.