Todas las claves para entender la huelga de los letrados de la administración, que ha paralizado la Justicia

La preocupación sobre el colapso de la Justicia como consecuencia de la huelga de letrados de la Administración es cada vez más profunda. Desde que comenzó este paro indefinido el 24 de enero -que estuvo precedido por varios parciales durante los meses anteriores-, las negociaciones de los conocidos antiguamente como secretarios judiciales con el Gobierno central se encuentran encalladas, pese a que las suspensiones de procesos judiciales ya ascienden a unos 6.000 en la provincia de Málaga, y superan los 200.000 a nivel nacional.

Solo durante la semana pasada, más de 1.200 actuaciones quedaron pospuestas, lo que eleva la cifra a cerca de 6.000 desde que comenzó la huelga -cerca de 4.000 juicios y vistas y otras 2.000 actuaciones-. En cuanto al dinero que se encuentra depositado en las cuentas de los juzgados de Málaga para ser destinado al pago de deudas, multas o indemnizaciones, unos cuatro millones también se encuentran paralizados, según fuentes judiciales.

Pero, ¿cuáles son las reivindicaciones de estos funcionarios? En resumen, mejoras retributivas y laborales que llevan reclamando desde hace una década acordes a las nueves funciones que se les han ido atribuyendo desde 2009 tras sucesivas reformas legales y que el Ministerio de Justicia acordó en abril del pasado año.

El cuerpo de letrados judiciales a pertenece al grupo A1 de funcionarios del Estado, es decir, el más alto en el escalafón de la Administración, y su sueldo oscila, según datos del Ministerio, entre los 37.697 y los 57.722 euros en los juzgados -más retribuciones variables-; y entre los 42.554 y los 58.979 euros en la oficina judicial. Si bien, una de sus principales reivindicaciones, como consecuencia de la aceptación de funciones nuevas y una mayor responsabilidad, es percibir un 85% de la remuneración salarial de jueces y magistrados, lo que supondría un incremento medio de 600 euros mensuales.

"Somos directores de la oficina judicial a todos los efectos, nos encargamos de la documentación, formamos autos y, aparte, sumimos la responsabilidad de los fallos. Nosotros supervisamos la labor de los gestores tramitados y auxiliares, y si alguien se equivoca y no nos damos cuenta, el error es nuestro", manifiesta Diego Fierro, secretario judicial malagueño en el tribunal número 1 de Berja (Almería).

En este sentido, ha considerado que constituyen "una pieza clave en la administración de Justicia en España", ya que representan al único cuerpo superior dependiente del Ministerio de Justicia con presencia en todos los órganos judiciales. Sin embargo, para el Ministerio de Justicia cualquier reclamación salarial del colectivo está "fuera de lugar", pues asegura que su renta crecerá de media un 14,76% en tres años.

Asimismo, los letrados no están conforme con el complemento por el destino, ya que se clasifican en cinco grupos de población y, en los dos últimos, que se corresponden con localidades pequeñas, se percibe una retribución inferior al resto. Sin embargo, apunta que los funcionarios subordinados perciben las mimas retribuciones porque solo tienen tres grupos. Esto origina que, en ocasiones, el secretario judicial perciba una remuneración inferior a la de sus subordinados. De esta manera, proponer reducir de cinco a tres los grupos de población que a los que se les designa.

El pasado jueves 16 de febreros, pasadas las 17:00 horas, el comité de huelga de los letrados de la Administración, integrado por el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ), accedía a la sede del Ministerio de Justicia para mantener una reunión encabezada por el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, para acercar posturas y poner fin al paro.

Sin embargo, tras quince horas de reunión, no hubo acuerdo. Los secretarios judiciales aseguran que "no hubo diálogo ni honestidad" y que la condición para negociar era la desconvocatoria de la huelga. Por su parte, Justicia acusó a los letrados de haber abandonado la mesa de negociación, un hecho que estos niegan.

Segunda reunión sin éxito, aunque con atisbo de acercamiento

La segunda reunión entre el comité de huelga y el Ministerio tuvo lugar este viernes y también concluyó sin acuerdo que ponga fin a la huelga indefinida. No obstante, sobre la mesa se ha fijó una nueva fecha para seguir negociando: el próximo lunes 27 de febrero, a las 16:00 horas.

A su llegada a esta nueva cita en la sede del Ministerio, el presidente del Ilustre Colegio Nacional de Letrados Ernesto Casado aseguraba que llegaba con "esperanza", aunque consciente de que una tercera reunión sería necesaria. "Esperamos que se celebre una reunión de carácter técnico y que sea la base de futuras reuniones, porque imagino que hoy no se resolverá definitivamente", apuntaba.

La ciudadanía, los abogados y los procuradores, los grandes afectados por el paro de los letrados

Mientras las posiciones permanecen enquistadas, la paralización de la Justicia sigue afectando, sobre todo, a los ciudadanos. Pero también a otros profesionales, como abogados y procuradores. "Numerosos perjuicios" son los que denuncia, prácticamente desde el inicio la huelga, el Colegio de Abogados de Málaga. Además del daño ocasionado por la avalancha de actuaciones judiciales suspendidas, aseguraron que se estaban produciendo “desplazamientos innecesarios” ya que no eran avisados hasta el momento de la comparecencia de la cancelación de los pleitos.

Una queja que el comité de huelga estimó oportuna, por lo que recomendó a los secretarios judiciales la notificación con anterioridad de los días que iban a secundar la huelga. Si bien, esto se trata simplemente de una sugerencia y en ningún caso de una norma, por lo que el presidente de la Abogacía de Málaga, Salvador González, critica que "hay juzgados que siguen sin avisar".

Asimismo, otra de las críticas de estos profesionales del derecho es la paralización de la tasación de costas procesales y el bloqueo de las cuentas judiciales, lo que en muchos casos provoca que sus pagos se encuentren congelados. "Aunque las costas legalmente son del cliente y es a quien realmente le afecta , también nos repercute a nosotros porque no cobramos", explica una de las profesionales del sector.

Cabe recordar que las costas procesales son los gastos que deben cubrir los litigantes durante un proceso judicial, cuyo importe depende de la tasación que realiza el letrado de la Administración de Justicia basándose en facturas, partidas y minutas que se le hayan presentado. Estos costes deben correr a cargo de uno de los intervinientes en el proceso judicial y, a medida que se originan, pero el juez puede resolver una condena de costas por la que una de las partes deberá pagar a la otra los gastos, que incluyen los honorarios de los profesionales, entre otros.

Pese que "la regla es que el abogado hace un trabajo y tiene derecho a cobrarlo con independencia que el cliente vaya a cobrar costa o no" -explica el decano-, la realidad en Málaga es que muchos abogados pactan el cobro de los honorarios una vez que su cliente cobre las costas, según ha podido confirmar este periódico.