El Tribunal Supremo anula los recortes aplicados en 2013 a los trabajadores de Limasa

Málaga/Los trabajadores de la empresa de limpieza Limasa están de enhorabuena. Y puede que muy cerca de recuperar los beneficios salariales y labores que le fueron recortados tras la aplicación del acuerdo que permitió poner fin a la huelga de la basura de diciembre de 2013. Tras un largo conflicto judicial, el Tribunal Supremo acaba de validar la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en julio del año pasado y que, grosso modo, venía a invalidar los recortes aplicados por parte de la empresa a los trabajadores, al entender que los mismos no estaban amparados por convenio laboral alguno.

Conforme a esta lectura, que hacen suya la plantilla de Limasa y parte de los grupos de la oposición municipal, la empresa debe restituir los conceptos anulados para el período 2013-2015, destacando, por ejemplo, la congelación salarial para esos años, la eliminación de las cuatro pagas de productividad de 2014 y la reducción de las mismas a 1.200 euros "a partir de 2015". A esto se sumaba la cancelación de la cesta de Navidad en 2014 y otras cuestiones relacionadas con las vacaciones de verano y los descansos de fin de semana.

Estas compensaciones desaparecieron sobre la base de un acuerdo laboral que nunca quedó formalizado en forma de convenio, al no ser reconocido como tal ni por los sindicatos ni por la Junta de Andalucía. Esto llevó al TSJA a insistir en que el marco de relación laboral entre plantilla y empresa era el de 2010-2012, tal y como se indica en la sentencia de hace casi un año, que ahora es ratificada por el Supremo.

La traducción de estas compensaciones con carácter retroactivo, en caso de tener que ejecutarse, podría ser de unos 8 millones de euros, según los datos manejados por el grupo del PSOE en la Casona del Parque. La lectura en el seno del equipo de gobierno del PP es mucho menos contundente, al punto de que sólo reconoce como cierto que el Supremo rechaza el recurso formulado por la parte privada de Limasa tras la sentencia del TSJA, pero no entra en el fondo. A juicio de la concejala del ramo, Teresa Porras, lo que hace este fallo del Alto Tribunal, es abrir la puerta para que quien dictamine finalmente sea el Juzgado de lo Social 12 de Málaga. "Había un galimatías y por eso se fueron al Supremo", dijo, en alusión a la parte privada de la empresa, y agregó: "será la jueza del 12 la que dirá...". Incluso, dejó entrever la posibilidad de que el conflicto existente quede resuelto de manera directa con la plantilla. "Estamos buscando la fórmula; queremos resolver el conflicto que hay, punto y pelota, de la mano de ellos", indicó. De manera escueta, el alcalde, Francisco de la Torre, se limitó ayer a decir que espera "el mejor futuro de las relaciones laborales entre Limasa y los trabajadores".

Un detalle que añade complejidad al asunto es que la empresa y el comité llegaron a firmar un nuevo acuerdo laboral el 15 de marzo de 2016 con el que se puso fin a otra huelga que duró once días, estando pendientes las dos partes para que el mencionado juzgado de lo Social 12 determine si ese acuerdo tiene rango de convenio.