Vecinos de Estepona piden a los ediles imputados que dejen sus actas

La plataforma ciudadana Rosas Rojas de Estepona ha solicitado a los concejales imputados en el marco de la operación Astapa que renuncien a sus actas "para no seguir dañando la imagen de Estepona". Los integrantes de Rosas Rojas aseguran en un comunicado, "desde el mayor de los respetos a la presunción de inocencia", que "sería una tomadura de pelo a los ciudadanos y un perjuicio para la ciudad que los concejales imputados conformen un grupo de tránsfugas que pueda alterar y decidir el devenir del pueblo de Estepona".

Mientras tanto, la Plataforma de Asociaciones de Vecinos ha solicitado permiso a la Subdelegación del Gobierno para llevar a cabo una manifestación el próximo 18 de julio por las calles del municipio para reivindicar "el restablecimiento de los valores democráticos y la confianza en las instituciones públicas". Además, como viene siendo la tónica habitual en las manifestaciones convocadas por este colectivo, se continuará la protesta contra la subida de impuestos y tasas, y se exigirá un plan de saneamiento integral de la economía del Ayuntamiento.

Por su parte, el grupo político Convocatoria-Los Verdes fue más allá y solicitó al Gobierno la disolución del Ayuntamiento de Estepona y la convocatoria de elecciones tras la puesta en marcha de la operación Astapa. La complejidad de la situación en la que queda el Ayuntamiento, el número de imputaciones que queda por conocer y la situación de incertidumbre y provisionalidad de un gobierno creado a partir de los restos de partidos gravemente implicados en la operación son los argumentos que esgrimió Convocatoria para exigir la disolución del Consistorio.

El nuevo gobierno, según Convocatoria, "debe plantearse como objetivos irrenunciables la regeneración ética y democrática del Ayuntamiento, así como la puesta en marcha de un plan de saneamiento de las finanzas municipales, además de una nueva visión del Urbanismo".

Según explicaron en nota de prensa, "todos los partidos políticos actualmente representados en el Ayuntamiento han participado, por acción o por omisión, en prácticas políticas contrarias a los intereses generales del municipio".

Por su parte, los 18 imputados en el caso Astapa contra la corrupción en el Ayuntamiento de Estepona que se encontraban en libertad bajo fianza ya han abonado las cantidades fijadas por la instructora, Isabel Conejo, para eludir la prisión.

El último en hacerlo ayer fue el abogado y militante socialista Juan Simón, que finalmente tuvo que abonar los 300.000 euros exigidos por la juez a pesar de que solicitó una rebaja de la citada cantidad.

A Simón se le imputan los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Este abogado es familia de José Flores, el hasta ahora jefe de Gabinete del que fuera alcalde, Antonio Barrientos. Tanto Flores como el ex regidor llevan ya una semana en la prisión de Alhaurín de la Torre después de que Conejo les imputara los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales.

La fianza de Juan Simón ha sido la segunda cuantía más alta impuesta por la juez. La primera, de 500.000 euros, la tuvo que pagar el ex consejero delegado de Valle Romano, Luis Fernando de Linares. También tuvieron que abonar 300.000 euros el presidente de la promotora Prasa, José Romero, el empresario local Antonio Bazán y el ex gerente de Urbanismo del PES en el pasado mandato, Pedro López.