Cierres temporales, sanciones o vigilancia: Vecinos piden al Ayuntamiento de Málaga medidas efectivas contra el ruido

El ruido lleva años trayendo de cabeza a los vecinos del Centro de Málaga, de Teatinos, de Huelin, de Torremolinos, de Benalmádena o de Torre del Mar. No son pocas las zonas, estén declaradas o no, acústicamente saturadas en las que se están vulnerando los derechos fundamentales de los residentes y en el Día Internacional de la Concienciación sobre el Ruido exigen medidas efectivas para que esto cese. Desde cierres temporales, inspecciones de locales o aumento de sanciones económicas hasta una mayor vigilancia policial en las calles. Los recursos son muchos y están en la normativa, aseguran los vecinos. Lo que falta es voluntad política para acometerlos y acabar con la tolerancia ante las conductas que impiden el descanso de los demás.

De hecho, a pesar de que existe una sentencia en firme en la que se le da la razón a los vecinos de la plaza Mitjana y se condena al Ayuntamiento de Málaga a realizar las acciones oportunas para eliminar el problema, además de una sanción económica mientras esto no suceda, aseguran que no se ha cumplido y se ha tenido que pedir la ejecución forzosa de la sentencia. Los afectados afirman que se siguen superando los 80 decibelios en sus hogares por la noche y demandan que se actúe de forma eficaz para paliar la contaminación acústica.

"El ruido es un problema enormemente grave y serio, una perturbación muy importante en la vida de los ciudadanos, no es una incomodidad, una mera molestia, el ruido provoca enfermedades cardiovasculares, psiquiátricas, neurológicas, trastornos del sueño, ansiedad, obliga a tomar medicación. Es vulnerador de derechos", explica Carlos Carrera, presidente de la Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga.

Agrega que "los vecinos que están expuestos a esta contaminación acústica están sufriendo una agresión y se vulneran derechos como la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la intimidad personal y familiar, el derecho a la protección de la salud, a la integridad física y moral". Por ello, demanda la concienciación general de la sociedad sobre este problema y, muy en particular, de los ayuntamientos como el de Málaga, que son las instituciones que deben velar por el cumplimiento de la normativa.

"El Ayuntamiento de Málaga no ha ofrecido gran cosa a los vecinos que tienen este problema de salud, hay leyes que no se cumplen con rigor ni eficacia. Ya ha habido tres declaraciones de zonas acústicas saturadas en los últimos 20 años y no cumplen su objetivo porque las medidas que se adoptan al amparo de estas declaraciones son absolutamente tibias y descafeinadas", dice Carrera y destaca que el alcalde de Málaga quiso resolver el tema "diciendo que hablemos bajito o se hacen unos cartelitos en los que se recomienda, ni siquiera se exige para no molestar al visitante, que no haga mucho ruido".

Reiteran los vecinos que "estas medidas no son aceptables" y que se ven obligados "a un calvario de llamadas a la Policía Local, de denuncias administrativas al Ayuntamiento, que habitualmente no sirven de nada, y en determinado casos se tienen que lanzar a una batalla judicial que es larga, costosa, con un resultado incierto", como señala el presidente de la entidad.

La sentencia del caso Mitjana, todavía sin cumplir

Óscar Agudo, uno de los ganadores de la sentencia Mitjana, denuncia que en el largo camino judicial "no han faltado coacciones por parte de los propietarios de los establecimientos afectados, calumnias y vejaciones en redes sociales por poner fotos o vídeos denunciando la situación". El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Málaga les dio la razón y la ratificó el TSJA. Sin embargo, destacan que no se ha cumplido la sentencia.

"Exigimos a las administraciones públicas el cumplimiento de la ley y de las sentencias dictadas con la finalidad de proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía, defender la salud, la calidad de vida, y la inviolabilidad de nuestros domicilios frente a entes económicos y terceros", subraya Agudo. "El ruido se relaciona con enfermedades como la demencia, el ictus, trastornos cardiovasculares, hipertensión, ansiedad, absentismo laboral y escolar, y por supuesto depreciación de nuestras viviendas. Es de obligado cumplimiento la adopción de medidas preventivas y correctoras y, por supuesto, eficaces", añade.

El abogado que ha defendido su caso, José María Serrano, comenta que el Ayuntamiento ha abonado la sanción a los tres vecinos desde agosto de 2018 hasta el 14 de marzo de 2020, ya que alude a que con el Estado de Alarma acabó el problema del ruido. "Pero eso no es ninguna medida acometida por el Consistorio, sino un paréntesis por una cuestión de fuerza mayor. El ruido volvió a la misma circunstancia e incluso más agravado porque se tuvo más manga ancha con los negocios", apunta Serrano.

Esto supone, además, "empezar la casa por el tejado", ya que la primera obligación de la sentencia "es adoptar las medidas eficaces que eliminen el ruido, es una obligación de hacer, el resto viene derivado de ahí y la indemnización viene determinada cuando efectivamente se acabe con el ruido", agrega el abogado. Destaca que la situación sigue "exactamente igual", que se han vuelto a hacer mediciones y "se superan con creces los límites de contaminación acústica" por lo que se ha pedido al juzgado "que requiera al Ayuntamiento para que haga cumplir la obligación principal, que es adoptar las medidas eficaces".

Otra sentencia favorable a los vecinos en La Nogalera

La abogada María Eugenia Lara explica que existe una sentencia del 15 de marzo de este año en la que "el fallo coincide en la obligación de hacer por parte del Ayuntamiento de Torremolinos por la vulneración de los derechos fundamentales de los vecinos de La Nogalera. Se le condena de forma urgente a realizar todas aquellas actuaciones necesarias para el cese inmediato de las emisiones acústicas". Esto, además de la indemnización oportuna que se determinará una vezo solucionado el problema.

La sentencia todavía no es firme, es susceptible de recurso de casación, pero "hemos instado al Ayuntamiento de Torremolinos a que pare ya y tome medidas", dice Lara. "Estamos hablando de un problema que afecta a derechos fundamentales, no es cualquier agresión, socava los derechos humanos. De entrada se vulnera el derecho a la intimidad. Nadie duda de que si alguien le da una patada a la puerta y entra en mi casa está vulnerando mi intimidad, pues el ruido le está dando una patada en la puerta de estas familias todos los días durante muchos años", destaca la letrada.

También apunta a que la ley está bien hecha pero el problema es que no se aplica, que hay una "tolerancia social frente al ruido". Y subraya que "a veces se alega el carácter turístico del municipio y no puede ser una patente de corso para vulnerar derechos fundamentales de los que vivimos en ellos".

En relación a lo que se puede hacer, Lara apunta a que las medidas sancionadoras no valen si no son eficaces. "Si en un chiringuito gano una noche 15.000 euros y el máximo de indemnización que me pueden poner después de un año y medio son 12.000 euros, pues me compensa seguir haciendo ruido y que me sancionen", indica. Quizás, señala, sea mucho más efectivo el cierre temporal del establecimiento.

Más vecinos del Centro se plantean la vía judicial

El presidente de la Asociación de Vecinos Centro Antiguo asegura que a la asociación están llegando grupos de vecinos que, a raíz de la sentencia Mitjana, empezaron a preguntar directamente por los pasos que tenían que seguir para iniciar la vía judicial.

Además, señala que "tenemos constancia de locales que superan la limitación, que tienen el contador manipulado, que han dado conciertos sin licencia y acumulan infracciones de carácter muy grave de manera reiterada y a los que el Ayuntamiento puede hasta retirarle definitivamente las licencias". Pero ver un caso así en el centro de Málaga "es poco menos que imposible", dice porque "el Ayuntamiento ha estado años mirando para otro lado".

Pero asegura que "están muy equivocados si piensan que los vecinos se van a quedar cruzados de brazos viendo cómo los expulsan de sus casas, los pisotean y vulneran sus derechos fundamentales. Este es un problema muy serio y hay que concienciar sobre ello. Y el primero que tiene que estarlo es el propio Ayuntamiento y no lo hace".