Vecinos de El Palo y Pedregalejo piden que los terrenos pasen a ser privados

La noticia de que el Gobierno central va a legalizar las casi 500 casas de El Palo y Pedregalejo, que llevan casi tres décadas con la amenaza del derribo sobre ellas, ha generado una sensación agridulce entre los vecinos de las históricas barriadas malagueñas. El hecho de que las viviendas sean excluidas del dominio público marítimo terrestre no soluciona, según aseguran, la titularidad de los terrenos que seguirán perteneciendo al Estado.

La desafectación de estos terrenos y la ampliación de la concesión de la que disponen sus dueños hasta el año 2093 no es, aseguró ayer el presidente de la asociación de vecinos de Pedregalejo, Antonio Delgado, la solución que reclamaban desde hace años al Gobierno y que consiste en que "podamos escriturar los suelos y consolidar un derecho que tienen los vecinos que llevan tanto tiempo viviendo ahí y pagando todos los impuestos habidos y por haber".

Aún, dijo, habrá que esperar al texto que finalmente salga del anteproyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y la modificación de la Ley de Costas de 1988, al que el viernes dio el visto bueno el Consejo de Ministros, para "saber con exactitud qué pasará finalmente", aunque advirtió que "seguiremos luchando hasta que conseguir nuestro objetivo".

Para el presidente de la asociación de vecinos de El Palo, Santiago González, tampoco la medida anunciada por el Ejecutivo es la panacea al "aplazar la solución del problema que ha provocado la propia administración al haber hecho dejación de sus funciones y haber impedido que se construyera de esa forma en la playa durante años".

Eso no significa, aclaró, que su colectivo esté en contra de la legalización de este medio millar de viviendas "siempre que sea con un fin social y no para favorecer la especulación de los que compraron baratas las casas pensando que algún día podrían vender los terrenos". Pero de momento no será así porque estos suelos pasarán a formar parte del Patrimonio del Estado, si bien al quedar fuera del marco normativo de la futura ley a partir de ahora sus vecinos serán reconocidos como propietario y sí podrán vender sus vivienda. Lo que sí limitará el texto inicialmente aprobado es que estas personas no tendrán vía libre para aumentar el volumen o la altura de sus casas cuando hagan obras de mejora.

La anterior ley de 1988 expropió a todos estos propietarios sus propiedades al fijar las nuevas lindes públicas marítimo terrestres y a cambio se les otorgó una concesión por 30 años que ahora será ampliada a 75 años más y por la cual tendrán que pagar un canon. Pero en el caso de las viviendas, el Gobierno central anunció ayer que será "prácticamente simbólico".